El problema de escasez del agua en México es alarmante. En lo que va del año, alrededor del 75% del territorio nacional ha sufrido algún nivel de sequía que se ubica entre moderado y extremo, pero con un escenario de empeoramiento a corto plazo.
De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a mediados de marzo, el porcentaje de zonas con sequía que va de moderada a excepcional fue de 58.17% a nivel nacional, dato mayor en 1.53% a lo reportado en febrero.
En la Zona Metropolitana del Valle de México, donde está la capital del país, el Sistema Cutzamala (principal plataforma de abastecimiento de agua), se encuentra a su nivel más bajo de los últimos 27 años y el denominado “Día Cero” (cuando ya no se contará con abasto necesario) se ha señalado que se dará el próximo 26 de junio, agotando el suministro para la Ciudad de México.
En medio de este tema de prioridad nacional estamos viviendo una ola de propuestas e iniciativas que ocupan más reflectores: la política y el periodo de transición entre un gobierno saliente y otro entrante.
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con formación técnica y cargos públicos enfocados en temas medioambientales y la jefatura de la Gobierno de la CDMX, conoce bien sobre la creciente problemática por la falta de agua.
En lo que se va conociendo de su plan de gobierno, el próximo gobierno ve como prioritario un enfoque en la sustentabilidad, la reutilización, el tratamiento del agua, una correcta planificación para hacer frente al entramado institucional y una urgente modernización en la legislación hídrica.
En el documento de campaña: 100 pasos para la transformación, una de las propuestas es la creación de un Banco Nacional del Agua y la revisión de la Ley General de Aguas, con el fin de evitar la transferencia arbitraria de concesiones y obtener el reconocimiento del agua como “un recurso de la Nación” en la Constitución.
A esto hay que sumar el reto de combatir el “huachicoleo del agua”, que, de acuerdo con cálculos recientes, se estima que hay alrededor de 150 mil pozos clandestinos.
El reto del agro
Otra iniciativa a la cual se le debe dar seguimiento es a la promoción de tecnificación del riego agrícola, ya que, de acuerdo con datos de la Conagua, en la actualidad, el 75% del agua concesionada es empleada en la agricultura, el 15% en abastecimiento público y solo 5% en la industria y las termoeléctricas.
Para conocer la dimensión de este aspecto y tomando como referencia el Censo Agropecuario 2022 (el más reciente), la superficie total de producción agrícola en México es de 32.1 millones de hectáreas, de las cuales, el 79% depende de la lluvia y el 21% restante vía riego. La tecnificación de la mitad de esa superficie y la mezcla de técnicas como el riego por aspersión o por goteo, podría reducir hasta un 40% el uso de agua.
Trasladado el ejemplo a dinero, la tecnificación de 3.37 millones de hectáreas (para llegar al objetivo), requiere una inversión que oscila en 25 mil pesos por hectárea, o sea, 84 mil 250 millones de pesos, cifra muy superior a los 70 mil millones de pesos de presupuesto que ha recibido la Secretaría de Agricultura (SADER) en promedio en el actual sexenio.
Invirtiendo y con una estrategia de conocimiento técnico se podría lograrlo y ambos lados de la moneda saldría ganando, ya que un total de 6.74 millones de hectáreas podrían verse beneficiadas por la tecnificación del riego y esa mejora en la industria, generaría un 20% más de eficiencia y daría el doble de agua para el abastecimiento para la ciudadanía.