por Michelle del Campo
(Actualiza con precio de la acción al cierre)
Infosel, enero. 16.- El derrame de varios millones de litros de una solución ácida de sulfato de cobre sobre el Río Sonora por parte de la mina Buenavista del Cobre, una empresa de Southern Copper Corporation del conglomerado mexicano Grupo México, hace más de cinco años, activó una larga saga para la empresa, el gobierno y afectados, que se acerca a tener una conclusión.
Ayer, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el grupo de cinco ministros encargados de analizar asuntos de competencia administrativa y laboral, determinó otorgar uno de los tres amparos impulsado por un grupo de 35 pobladores que consideran las acciones de remediación acordadas por el gobierno y la empresa no habrían sido suficientes.
Con el fallo de la Corte, la decisión de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa) de enero de 2017, que puso fin el programa de remediación pactado con la empresa en 2014, podría ahora ser revisado, aún no se conoce en qué sentido, a la luz del amparo otorgado a los solicitantes.
"El tercero de los amparos fue rechazado parcialmente y sólo se otorgó a 35 pobladores para ciertos efectos, mismos que hoy no se conocen, pues aún no se ha dictado la sentencia judicial y por lo tanto se ignoran los alcances de la misma", dijo Grupo México, en un comunicado. "Dos de esos recursos fueron sobreseídos, lo que implica que la justicia federal no ampara a los quejosos, a quienes les fue negada la reapertura del Fideicomiso Río Sonora".
Los jueces de la Suprema Corte negaron la solicitud de amparo sobre el actuar de las autoridades al respecto de un Proyecto de Reactivación Agropecuaria, en el que los demandantes señalaban omisión por la falta de un proceso de consulta.
Además, rechazaron la protección al respecto de un procedimiento con el cual el grupo de pobladores señalaban a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de omisión de ofrecer participación en la asignación y distribución de recursos de la remediación que fue ejercida a través de un fideicomiso, denominado Río Sonora, creado por Grupo México para pagar los daños relacionados con esta contingencia ambiental.
Si bien las implicaciones de estas decisiones judiciales aún no son claras, debido a que la sentencia de la Suprema Corte no ha sido publicada, éstas generarán un precedente sobre la manera en que gobiernos y empresas podrían gestionar en el futuro otras contingencias ambientales, el grado de participación que pueden tener las comunidades afectadas en los procesos de remediación, así como el carácter privado de los fideicomisos financieros.
No es claro aún cuándo la sentencia de la Segunda Sala pueda ser conocida.
Para el grupo de demandantes, conocidos como Comités de Cuenca y Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER), una organización que promueve la rendición de cuentas de parte de los corporativos y que acompañó el proceso, la decisión podría implicar ya sea la apertura del Fideicomiso Río Sonora o mayores acciones de remediación.
"Si bien habrá que esperar a que se publique la sentencia de la Segunda Sala de la Corte, a interpretación de la organización PODER, que acompaña y asesora legalmente a los Comités de Cuenca Río Sonora, con este fallo la Corte instruiría que el Fideicomiso sea reabierto o definiría nuevos mecanismos para que se realice la remediación y la reparación de los daños", dijo PODER, en un comunicado.
Esta interpretación no es compartida por la empresa, que reafirmó aún no se pueden anticipar los efectos.
"Es lamentable que haya voces que busquen desinformar y manipular a la opinión pública al especular sobre los términos de una decisión judicial", dijo Grupo México en su comunicado. "Los hechos en este momento son que dos solicitudes de amparo fueron desechadas y que una más se rechazó parcialmente por lo que no se pueden anticipar sus efectos".
Si bien el enfrentamiento entre las partes por el accidente en el Río Sonora aún no concluye, la resolución del máximo órgano judicial sobre el tema supone un paso más para la finalización de un conflicto que ha minado la reputación de Grupo México.
"En un escenario constructivo, la compañía puede aprovechar la oportunidad de dejar las cosas claras con las comunidades locales y las autoridades, y poner fin a esta saga de larga duración", escribieron Carlos De Alba, Jens Spiess y Eduardo R. Bordalo, analistas de Morgan Stanley (NYSE:MS) en el que advirtieron que de todos modos al corto plazo el fallo agrega incertidumbre al caso de inversión a Southern Copper Corporation y Grupo México.
Los títulos de Grupo México cerraron la jornada con un alza de 3.2% en la Bolsa Mexicana de Valores. Mientras que el índice de referencia S&P/BMV IPC también subió pero en 1.91%, en un contexto de aprobación por parte del Senado de Estados Unidos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Para la empresa, los señalamientos negativos de los últimos años vinculados al tema superan el contexto del incidente y se extrapolaría al conflicto que desde años mantiene con el líder del sindicato minero, ahora senador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido en el poder, Napoleón Gómez Urrutia.
"Los demandantes son asesorados por la organización PODER, presuntamente vinculada con el senador Napoleón Gómez Urrutia" dijo la empresa, en su comunicado.
La presunta relación con el líder minero ha sido negada por PODER, que fue consultada directamente al respecto.
Aunque los efectos son difíciles de predecir ahora, es probable que Grupo México no descarte que la sentencia de la Suprema Corte pueda determinar apoyos adicionales para los afectados que recibieron el amparo.
"Si la Corte provoca que las autoridades ambientales declaren que la empresa debe otorgar apoyos adicionales a los quejosos esto puede suceder sin tener que reabrir un fideicomiso privado, creado a voluntad exclusiva de la empresa y que además cumplió ampliamente sus fines", de acuerdo con fuentes de Grupo México, consultadas por Infosel antes de conocer la decisión de la Segunda Sala.
(Actualiza con precio de la acción al cierre)
Infosel, enero. 16.- El derrame de varios millones de litros de una solución ácida de sulfato de cobre sobre el Río Sonora por parte de la mina Buenavista del Cobre, una empresa de Southern Copper Corporation del conglomerado mexicano Grupo México, hace más de cinco años, activó una larga saga para la empresa, el gobierno y afectados, que se acerca a tener una conclusión.
Ayer, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el grupo de cinco ministros encargados de analizar asuntos de competencia administrativa y laboral, determinó otorgar uno de los tres amparos impulsado por un grupo de 35 pobladores que consideran las acciones de remediación acordadas por el gobierno y la empresa no habrían sido suficientes.
Con el fallo de la Corte, la decisión de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa) de enero de 2017, que puso fin el programa de remediación pactado con la empresa en 2014, podría ahora ser revisado, aún no se conoce en qué sentido, a la luz del amparo otorgado a los solicitantes.
"El tercero de los amparos fue rechazado parcialmente y sólo se otorgó a 35 pobladores para ciertos efectos, mismos que hoy no se conocen, pues aún no se ha dictado la sentencia judicial y por lo tanto se ignoran los alcances de la misma", dijo Grupo México, en un comunicado. "Dos de esos recursos fueron sobreseídos, lo que implica que la justicia federal no ampara a los quejosos, a quienes les fue negada la reapertura del Fideicomiso Río Sonora".
Los jueces de la Suprema Corte negaron la solicitud de amparo sobre el actuar de las autoridades al respecto de un Proyecto de Reactivación Agropecuaria, en el que los demandantes señalaban omisión por la falta de un proceso de consulta.
Además, rechazaron la protección al respecto de un procedimiento con el cual el grupo de pobladores señalaban a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de omisión de ofrecer participación en la asignación y distribución de recursos de la remediación que fue ejercida a través de un fideicomiso, denominado Río Sonora, creado por Grupo México para pagar los daños relacionados con esta contingencia ambiental.
Si bien las implicaciones de estas decisiones judiciales aún no son claras, debido a que la sentencia de la Suprema Corte no ha sido publicada, éstas generarán un precedente sobre la manera en que gobiernos y empresas podrían gestionar en el futuro otras contingencias ambientales, el grado de participación que pueden tener las comunidades afectadas en los procesos de remediación, así como el carácter privado de los fideicomisos financieros.
No es claro aún cuándo la sentencia de la Segunda Sala pueda ser conocida.
Para el grupo de demandantes, conocidos como Comités de Cuenca y Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER), una organización que promueve la rendición de cuentas de parte de los corporativos y que acompañó el proceso, la decisión podría implicar ya sea la apertura del Fideicomiso Río Sonora o mayores acciones de remediación.
"Si bien habrá que esperar a que se publique la sentencia de la Segunda Sala de la Corte, a interpretación de la organización PODER, que acompaña y asesora legalmente a los Comités de Cuenca Río Sonora, con este fallo la Corte instruiría que el Fideicomiso sea reabierto o definiría nuevos mecanismos para que se realice la remediación y la reparación de los daños", dijo PODER, en un comunicado.
Esta interpretación no es compartida por la empresa, que reafirmó aún no se pueden anticipar los efectos.
"Es lamentable que haya voces que busquen desinformar y manipular a la opinión pública al especular sobre los términos de una decisión judicial", dijo Grupo México en su comunicado. "Los hechos en este momento son que dos solicitudes de amparo fueron desechadas y que una más se rechazó parcialmente por lo que no se pueden anticipar sus efectos".
Si bien el enfrentamiento entre las partes por el accidente en el Río Sonora aún no concluye, la resolución del máximo órgano judicial sobre el tema supone un paso más para la finalización de un conflicto que ha minado la reputación de Grupo México.
"En un escenario constructivo, la compañía puede aprovechar la oportunidad de dejar las cosas claras con las comunidades locales y las autoridades, y poner fin a esta saga de larga duración", escribieron Carlos De Alba, Jens Spiess y Eduardo R. Bordalo, analistas de Morgan Stanley (NYSE:MS) en el que advirtieron que de todos modos al corto plazo el fallo agrega incertidumbre al caso de inversión a Southern Copper Corporation y Grupo México.
Los títulos de Grupo México cerraron la jornada con un alza de 3.2% en la Bolsa Mexicana de Valores. Mientras que el índice de referencia S&P/BMV IPC también subió pero en 1.91%, en un contexto de aprobación por parte del Senado de Estados Unidos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Para la empresa, los señalamientos negativos de los últimos años vinculados al tema superan el contexto del incidente y se extrapolaría al conflicto que desde años mantiene con el líder del sindicato minero, ahora senador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido en el poder, Napoleón Gómez Urrutia.
"Los demandantes son asesorados por la organización PODER, presuntamente vinculada con el senador Napoleón Gómez Urrutia" dijo la empresa, en su comunicado.
La presunta relación con el líder minero ha sido negada por PODER, que fue consultada directamente al respecto.
Aunque los efectos son difíciles de predecir ahora, es probable que Grupo México no descarte que la sentencia de la Suprema Corte pueda determinar apoyos adicionales para los afectados que recibieron el amparo.
"Si la Corte provoca que las autoridades ambientales declaren que la empresa debe otorgar apoyos adicionales a los quejosos esto puede suceder sin tener que reabrir un fideicomiso privado, creado a voluntad exclusiva de la empresa y que además cumplió ampliamente sus fines", de acuerdo con fuentes de Grupo México, consultadas por Infosel antes de conocer la decisión de la Segunda Sala.