El gobierno de Biden está asignando rápidamente fondos de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, y sus funcionarios afirman que ya se han concedido 90.000 millones de dólares a diversos proyectos relacionados con el clima, la energía limpia y otros. Esta cantidad representa el 70% de los aproximadamente 120.000 millones de dólares destinados a subvenciones para el clima y más del 80% de los fondos disponibles antes de 2025. Se espera que pronto se distribuyan otros 15.000 millones de dólares.
El rápido desembolso de estos fondos se produce cuando el expresidente Donald Trump, que anteriormente había tachado el cambio climático de engaño, anunció su intención de cancelar los fondos no utilizados de la ley en caso de ganar las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Trump se enfrenta actualmente a la vicepresidenta Kamala Harris, que desempeñó un papel fundamental en la aprobación de la ley.
La jefa adjunta de gabinete de la Casa Blanca, Natalie Quillian, hizo hincapié en el compromiso de la administración de distribuir los fondos de forma rápida y justa. También señaló los desafíos legales a los que se enfrentaría Trump al intentar congelar los fondos no gastados y los miles de millones en créditos fiscales previstos en la ley para iniciativas como vehículos eléctricos y proyectos de energías renovables.
La Ley de Reducción de la Inflación, valorada en más de 400.000 millones de dólares, está considerada la mayor ley climática de la historia de EE.UU. y engloba subvenciones, gastos para promover las energías limpias y diversos incentivos fiscales.
En el frente legislativo, el Presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha indicado que si el Partido Republicano se hace con el control del Congreso el día de las elecciones, se propondrá abordar la Ley de Reducción de la Inflación en los primeros 100 días. La probabilidad de que se tomen medidas de este tipo dependerá de la composición del próximo Congreso. Hasta la fecha, los republicanos de la Cámara de Representantes han intentado sin éxito derogar partes de la ley en 42 ocasiones.
Varios organismos de la administración Biden, como el Departamento de Energía y la Agencia de Protección del Medio Ambiente, han informado de que ya han comprometido la mayoría, si no la totalidad, de sus fondos relacionados con la ley.
El Departamento de Interior ha concedido o puesto a disposición casi 4.900 millones de dólares de sus 6.400 millones de financiación, mientras que el Departamento del Tesoro ha ultimado las normas de utilización de los principales créditos fiscales para la mayoría de los programas disponibles.
Expertos jurídicos, como Gillian Metzger, de la Universidad de Columbia, han señalado que la Ley de Control de Embargos de 1974 ofrece protección contra la reasignación de fondos, una ley establecida tras los intentos del Presidente Richard Nixon de embargar gastos federales con los que no estaba de acuerdo.
Estas protecciones limitan la autoridad del presidente para cancelar fondos asignados, lo que supone un obstáculo importante para los planes declarados de Trump.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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