Por Sheky Espejo y Noe Torres
SAN JOSÉ TIPCEH, México, 29 nov (Reuters) - Desde hace meses, habitantes de la comunidad mexicana San José Tipceh, enclavada en el extremo oriental del país, están en pie de guerra.
Su meta es impedir el avance de un millonario proyecto de energía renovable de una firma estadounidense, que debía haber iniciado operaciones este año, ya que temen por el impacto que podría tener en sus comunidades.
Amparados en una ley mexicana que obliga al Gobierno a consultar con pueblos indígenas sobre los proyectos a desarrollarse en sus territorios, menos del cinco por ciento de los casi 500 habitantes del lugar se opone a la construcción de un parque solar de SunPower SPWR.O , según autoridades.
Pero no es una escena aislada.
Indígenas en el sur del país rechazan una decena de proyectos de energía limpia subastados por el Gobierno en 2016, una oposición que, según expertos, tiene el potencial de detener el desarrollo del país al impactar la construcción de grandes obras de infraestructura en todos los sectores.
"Si no se atiende, puede convertirse en el principal problema para el crecimiento económico del país", dijo Héctor Garza, de la firma internacional de abogados Ritch Mueller, quien ha asesorado al Gobierno en temas medioambientales.
Quienes se oponen a los proyectos, aseguran que las construcciones transformarán su medioambiente y que las firmas no les ofrecen compensaciones justas en comparación con lo que van a ganar.
Mientras tanto, la demora también está comprometiendo la meta del saliente gobierno de generar más de un tercio de la electricidad del país con fuentes limpias para 2024.
En la misma zona, al sur del país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, planea erigir dos de las obras claves de su plan de infraestructura, algo que podría tropezar con la voluntad de los millones de indígenas que mantienen vivas las tradiciones de las culturas mesoamericanas.
RETRASOS Y GASTOS
En años recientes, integrantes de dos de las 68 comunidades étnicas de México han obligado al Gobierno a retrasar sus planes poniendo en jaque unos 1,111 millones de dólares en inversiones, de acuerdo a cifras de la Asociación Peninsular de Energía Renovable, que agrupa a las empresas presentes en Yucatán.
Un funcionario de la Secretaría de Energía aseguró a Reuters que sólo cinco de los 10 proyectos de energías limpias en el sur del país han tenido conflictos serios con las comunidades. Sin embargo, activistas y residentes de la zona sostienen que rechazan los 10 proyectos en Yucatán y Oaxaca.
"Cada día que pasa tiene asociados ciertos gastos", se lamentó Adrien Mallet, director de desarrollo de proyectos de SunPower en México, agregando que están dispuestos a seguir aguardando para garantizar la solidez del demorado proyecto.
El parque debió haber comenzado a operar en agosto de 2018, según el calendario original, pero debido a las dilaciones se ha aplazado su puesta en marcha hasta septiembre de 2020. El proyecto recibió esta semana el consentimiento de los pobladores, después de más de un año y medio de negociaciones.
"Yo no lo considero un tiempo perdido. Nosotros lo vemos más como una inversión en fortalecer y establecer un vínculo sólido e inalterable con la comunidad", agregó el ejecutivo.
Sin embargo, el resultado de la consulta no significa necesariamente que tenga el visto bueno de los todos indígenas de la comunidad.
En San José Tipceh, en medio de la selvática región de Yucatán, Damián Mugarte, un indígena maya de 28 años, dijo que quienes rechazan el proyecto están dispuestos a llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia si fuera necesario.
"Prácticamente vamos a vender a nuestra familia por un poco de dinero", dijo Mugarte a Reuters sentado en la entrada de la comisaría municipal, a menos de 500 metros de donde la empresa planea colocar más de un millón de paneles solares.
Otros habitantes del empobrecido poblado creen que la puesta en marcha del parque podría detonar la economía local, generando empleos en la comunidad, dedicada al cultivo de maíz, limón y mandarina.
"Aquí apenas estamos sobreviviendo", se quejó Anastacio Ake, un pastor evangélico de 62 años, satisfecho con los 3,500 dólares anuales que recibirá de Sunpower cada propietario de parcela. La firma también ofreció instalar paneles solares en sus casas y mejoras en la infraestructura de la zona.
Mediante la consulta indígena, el Gobierno informa a las comunidades sobre las ventajas y desventajas del proyecto antes de su puesta en marcha, así como la compensación que sus integrantes obtendrían al aceptar su desarrollo.
Pero las comunidades y organizaciones internacionales como la ONU han documentado que, en muchos casos, los indígenas mexicanos no han sido consultados adecuadamente y que los permisos fueron otorgados sin considerar su opinión.
NUDO GORDIANO
La península de Yucatán, donde está San José Tipceh, es un territorio de unos 125,000 kilómetros cuadrados que divide al Golfo de México del mar Caribe y una de las regiones del país con mayor potencial para desarrollar energías limpias por sus fuertes vientos e inclemente sol durante la mayor parte del año.
Además, la zona es una gran consumidora de energía debido a la presencia de importantes centros turísticos como Cancún.
Allí, proyectos eólicos y solares de empresas como la china Jinko Solar JKS.N , que ya deberían estar operando según el calendario original, también sufrieron retrasos en espera del consentimiento de las comunidades indígenas.
Debido a las demoras, el fondo de capital local GBM Infraestructura dijo a principios de agosto que había cancelado su participación en el parque eólico Chacabal, que debería haber comenzado a producir energía a fines de marzo de 2018.
No fue inmediatamente posible obtener comentarios de las empresas.
Pero el problema no sólo está castigando a Yucatán.
En la costa del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, herederos de la antigua civilización mesoamericana Zapoteca mantienen suspendida desde abril la construcción de un parque eólico de la estatal francesa EDF EDF.PA , amparados en una orden judicial.
Algunos pobladores se oponen a la decisión de construir un nuevo parque porque consideran que los beneficios de las más de veinte instalaciones que ya operan en sus territorios no han llegado a todos en las comunidades.
Reuters no pudo comprobar independientemente las denuncias.
Los lugareños también argumentan que no fueron consultados previamente por el Gobierno y que, en todo caso, no están en condiciones de negociar sobre el proyecto porque tienen tareas más urgentes como reconstruir las miles de viviendas que derrumbó un mortal sismo en septiembre de 2017.
La firma, que les ha propuesto ayudar con la reconstrucción, asegura que los retrasos estarían poniendo en riesgo no sólo el parque, sino el futuro de nuevas inversiones de la compañía en el país.
"¿Hasta dónde podremos aguantar?", se preguntó Víctor Tamayo, director regional de EDF en México. "Gran parte del problema que estamos viviendo es a causa de que no hay reglas y el Gobierno federal es responsable".
La oposición de las comunidades a una nueva instalación ha generado un repunte de la violencia en la zona y también en Yucatán, denunciaron organizaciones de derechos indígenas.
"No hay ningún beneficio para nosotros los pueblos, al contrario, incrementó la pobreza, la violencia", comentó Bettina Cruz, una activista en contra de los proyectos eólicos.
Entre julio y octubre fueron asesinados cinco defensores del territorio en la región, según un recuento de ProDESC, una ONG que asesora a los indígenas zapotecas en su lucha.
La ONU ha documentado que las comunidades indígenas en la zona han sido víctimas de intimidaciones y que habrían sido obligadas a firmar contratos con particulares mediante engaños e información insuficiente, aunque no mencionó por su nombre a alguna empresa.
EDF rechazó las acusaciones de Naciones Unidas y el Gobierno no estuvo inmediatamente disponible para comentar.
"ENFRENTAR LO QUE SEA NECESARIO"
Las confrontaciones entre indígenas y grandes corporaciones no son exclusivas de México. En el resto de América Latina grandes proyectos energéticos y de minería también enfrentan cancelaciones o retrasos por conflictos con las comunidades.
En México, los derechos de los indígenas ganaron fuerza en 1994 tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Pero desde entonces ha habido pocos avances a pesar de que el Gobierno se ha comprometido a respetarlos.
La consulta indígena nunca ha sido adecuada a la legislación interna, abriendo la puerta a disputas.
"Es un proceso nuevo, poco regulado, y hay un nivel alto de desconfianza particularmente de la población indígena", dijo Rodolfo Salazar, director de Impacto Social de la Secretaría de Energía. "Hacen falta reglas claras para poder desarrollar los procesos de consulta".
Adelfo Regino, propuesto por López Obrador para dirigir el futuro instituto de atención a pueblos indígenas, dijo que el próximo gobierno modificará la Constitución para reconocer el derecho de los pueblos a la consulta y que revisará los permisos que han sido otorgados sin consentimiento de las comunidades.
Mientras tanto, organizaciones civiles en el sur del país están comenzando a poner la mirada en dos de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de López Obrador, con los que busca incrementar el turismo y dinamizar la economía de la zona.
Hay pocos detalles sobre las obras, pero una de ellas, el llamado Tren Maya, recorrerá 1,525 kilómetros en los estados Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, conectando selva virgen con playas del Caribe y del Golfo de México.
Con el Corredor Transístmico, el próximo presidente busca desarrollar un polo industrial que conecte el Golfo de México con el océano Pacífico. El proyecto incluye el desarrollo de carreteras, la modernización de puertos y la rehabilitación de un tren entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.
Organismos como Amnistía Internacional han alertado sobre la importancia de consultar con los pueblos originarios antes de iniciar las obras. El equipo de López Obrador dijo que la consulta indígena iniciará una vez que tomen el poder el 1 de diciembre.
Las dos obras fueron aprobadas el fin de semana en una consulta ciudadana convocada por el presidente electo; pero en la península de Yucatán, activistas aseguran que hasta ahora ninguna de las más de 163 comunidades por las que pasaría el Tren Maya han recibido información del proyecto. las comunidades hay preocupación si será un proyecto en el que nuevamente no se les va a tomar en cuenta o si van a buscar a personas afines al gobierno para simular el aval de los pueblos, una práctica recurrente en la península", dijo Carlos Escoffié, abogado de un colectivo de comunidades mayas. (Reporte adicional de Alberto Fajardo; Editado por Diego Oré, Pablo Garibian y Juana Casas)