Redactor: Eduardo García
(Retransmite la historia publicada el 15 de julio)
Infosel, julio. 15.- Andrés Manuel López Obrador, el ganador de la pasada elección presidencial, anunció que como parte de las políticas públicas que planea implementar cuando asuma la presidencia de México el 1 de diciembre para bajar el gasto gubernamental y realizar una administración austera, recortará el sueldo que recibirá como presidente del nivel actual de 270 a 108 mil pesos mensuales (10 mil 950 a cinco mil 700 dólares mensuales).
Con esa acción, López Obrador estará más que cumpliendo con la promesa que hizo durante su campaña electoral de que de ganar la elección presidencial, que tuvo lugar el pasado 1 de julio, se recortaría el sueldo presidencial en más de la mitad.
Además, con la reducción salarial, el futuro presidente de México, quien goza de una buena reputación en la sociedad mexicana por tener un estilo de vida sencillo y sin lujos, estará enviando una clara señal de que su propuesta de reducir los gastos gubernamentales para hacer un mejor uso de los recursos públicos va en serio.
En esa sentido, López Obrador también anunció que planea reformar el artículo 127 constitucional para que en él se establezca que ningún funcionario público en el país, como actualmente ocurre con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como ocurrirá tras el recorte al salario presidencial con el sueldo de los legisladores, gane más que el presidente de México.
Si bien la sociedad eligió con 53% de los votos a quien fuera el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia para que acabará con los privilegios y los abusos económicos de muchos funcionarios públicos, no es claro para algunos que la reducción tan drástica de los sueldos de los ministros del Máximo Tribunal y de otros funcionarios gubernamentales vaya a resultar en algo tan positivo para el país.
Para algunos, bajar los salarios en más de 50% a altos funcionarios públicos, a magistrados, a senadores y diputados a niveles inferiores a los 108 mil pesos al mes, podría tener al menos dos efectos negativos.
Uno de ellos sería la reducción del atractivo a ser servidor público por parte de gente calificada y dispuesta a sacrificar cierta comodidad económica para participar en el gobierno. Al no contar ya con una remuneración, cuando menos, cómoda, quizás ese funcionario opte por ya no trabajar en el gobierno.
La preocupación tiene sustento en que ese servidor público podría conseguir mejores salarios y prestaciones en otras actividades, si bien ajenas a las actividades gubernamentales y por ende menos interesantes, sí más rentables para tener una vida digna.
El otro aspecto que preocupa a algunos es que al recortar los sueldos de los altos funcionarios del gobierno en forma tan drástica es posible que algunos de ellos se tornen más proclives a aceptar un soborno para modificar sus conductas a favor de un particular.
De ahí que si bien las medidas que anunció hoy López Obrador para bajar los gastos gubernamentales, como la eliminación de guardaespaldas, el recorte salarial a todo funcionario gubernamental que gane más de un millón de pesos al año, la cancelación de viajes innecesarios al extranjero y la reducción del número de asesores por dependencia gubernamental, recibieran aplausos, también generaron escepticismo.
Esto último sobre todo porque los recortes podrían tener efectos secundarios y nocivos para el buen desempeño de la administración gubernamental.
Además de las diversas medidas de austeridad que López Obrador dijo que su administración implementará, también dio a conocer varias acciones para combatir la corrupción, como una reforma al artículo 102 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser acusado y juzgado de diversos delitos, como el de corrupción o el de transgredir las leyes electorales.
En ese sentido, el futuro presidente de México dijo que también buscará aprobar reformas legales para que los delitos de tráfico de influencias, de corrupción, de asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, de robo de combustibles y de fraude electoral, en cualquiera de sus modalidades, entre otros, sean ahora considerados como graves.
Si esta reforma es aprobada por el legislativo, entonces quienes enfrenten estos cargos lo tendrán que hacer en prisión sin derecho a permanecer en libertad bajo fianza, dijo López Obrador al dar a conocer los 50 lineamientos que seguirá para aplicar una política de austeridad republicana y para combatir la corrupción en el país.
(Retransmite la historia publicada el 15 de julio)
Infosel, julio. 15.- Andrés Manuel López Obrador, el ganador de la pasada elección presidencial, anunció que como parte de las políticas públicas que planea implementar cuando asuma la presidencia de México el 1 de diciembre para bajar el gasto gubernamental y realizar una administración austera, recortará el sueldo que recibirá como presidente del nivel actual de 270 a 108 mil pesos mensuales (10 mil 950 a cinco mil 700 dólares mensuales).
Con esa acción, López Obrador estará más que cumpliendo con la promesa que hizo durante su campaña electoral de que de ganar la elección presidencial, que tuvo lugar el pasado 1 de julio, se recortaría el sueldo presidencial en más de la mitad.
Además, con la reducción salarial, el futuro presidente de México, quien goza de una buena reputación en la sociedad mexicana por tener un estilo de vida sencillo y sin lujos, estará enviando una clara señal de que su propuesta de reducir los gastos gubernamentales para hacer un mejor uso de los recursos públicos va en serio.
En esa sentido, López Obrador también anunció que planea reformar el artículo 127 constitucional para que en él se establezca que ningún funcionario público en el país, como actualmente ocurre con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como ocurrirá tras el recorte al salario presidencial con el sueldo de los legisladores, gane más que el presidente de México.
Si bien la sociedad eligió con 53% de los votos a quien fuera el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia para que acabará con los privilegios y los abusos económicos de muchos funcionarios públicos, no es claro para algunos que la reducción tan drástica de los sueldos de los ministros del Máximo Tribunal y de otros funcionarios gubernamentales vaya a resultar en algo tan positivo para el país.
Para algunos, bajar los salarios en más de 50% a altos funcionarios públicos, a magistrados, a senadores y diputados a niveles inferiores a los 108 mil pesos al mes, podría tener al menos dos efectos negativos.
Uno de ellos sería la reducción del atractivo a ser servidor público por parte de gente calificada y dispuesta a sacrificar cierta comodidad económica para participar en el gobierno. Al no contar ya con una remuneración, cuando menos, cómoda, quizás ese funcionario opte por ya no trabajar en el gobierno.
La preocupación tiene sustento en que ese servidor público podría conseguir mejores salarios y prestaciones en otras actividades, si bien ajenas a las actividades gubernamentales y por ende menos interesantes, sí más rentables para tener una vida digna.
El otro aspecto que preocupa a algunos es que al recortar los sueldos de los altos funcionarios del gobierno en forma tan drástica es posible que algunos de ellos se tornen más proclives a aceptar un soborno para modificar sus conductas a favor de un particular.
De ahí que si bien las medidas que anunció hoy López Obrador para bajar los gastos gubernamentales, como la eliminación de guardaespaldas, el recorte salarial a todo funcionario gubernamental que gane más de un millón de pesos al año, la cancelación de viajes innecesarios al extranjero y la reducción del número de asesores por dependencia gubernamental, recibieran aplausos, también generaron escepticismo.
Esto último sobre todo porque los recortes podrían tener efectos secundarios y nocivos para el buen desempeño de la administración gubernamental.
Además de las diversas medidas de austeridad que López Obrador dijo que su administración implementará, también dio a conocer varias acciones para combatir la corrupción, como una reforma al artículo 102 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser acusado y juzgado de diversos delitos, como el de corrupción o el de transgredir las leyes electorales.
En ese sentido, el futuro presidente de México dijo que también buscará aprobar reformas legales para que los delitos de tráfico de influencias, de corrupción, de asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, de robo de combustibles y de fraude electoral, en cualquiera de sus modalidades, entre otros, sean ahora considerados como graves.
Si esta reforma es aprobada por el legislativo, entonces quienes enfrenten estos cargos lo tendrán que hacer en prisión sin derecho a permanecer en libertad bajo fianza, dijo López Obrador al dar a conocer los 50 lineamientos que seguirá para aplicar una política de austeridad republicana y para combatir la corrupción en el país.