por Eduardo García
Infosel, julio. 8.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un severo crítico, algunas veces con razón, de medios de comunicación y columnistas que publican reportajes tendenciosos contra su gobierno o incluso, en ocasiones, información falsa o verdades a medias.
Esta queja, que otros presidentes también han lanzado y tratado de combatir con campañas publicitarias y slogans como "Las buenas noticias también son noticia", que implementó el presidente Vicente Fox o "Lo bueno cuenta y cuenta mucho" del mandatario Enrique Peña Nieto, ha incluso llevado a López Obrador a crear una nueva y reciente sección en sus conferencias matutinas de los miércoles titulada: "Quién es quién en las mentiras de la semana".
En esa sección, Ana Elizabeth García Vilchis, quien hasta hace poco era coordinadora de contenidos del diario La Jornada de Oriente, de acuerdo consu perfil en la red social LinkedIn, busca presentar lo que desde la óptica presidencial constituyó información falsa o errónea en la semana anterior a fin de que el público no se deje llevar por la desinformación o las críticas mal fundamentadas contra el gobierno lopezobradorista.
En realidad, nada nuevo bajo el sol en relación a lo que gobiernos anteriores han intentado también hacer para combatir los ataques a sus respectivas administraciones y que es algo casi connatural a la relación de quien detenta el poder y los medios de comunicación;aunque en el caso mexicano síhay elementos quizás únicos al país, como la compra de periodistas corruptos o la dependencia de los medios de la publicidad gubernamental, que han enturbiado o viciado esa relación por definición antagónica.
Claro que ahora ante el ejercicio del presidente López Obrador de hablar ante los medios de lunes a viernes y expresar ahí su enojo por no sólo las pifias de los periodistas y columnistas, sino también por las críticas sustentadas contra su gobierno, el mandatario es proclive a caer también en medias verdades o incluso en mentiras.
En la conferencia del miércoles, López Obrador hizo más que patente que él, como algunos medios y columnistas, también exagera o miente cuando emite comentarios.
En concreto, el mandatario, al hablar sobre el problema de los elevados precios que registra el gas LP en México, uno de los combustibles más usados en los hogares del país para cocinar y calentar el agua del baño, acusó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la entidad encargada de combatir las prácticas monopólicas en el país, de no hacer nada frente a las aparentes actividades ilegales en ese sector y que, como correctamente señaló, permiten probables alzas de precios que no se darían de existir mayores niveles de competencia.
"Ese Instituto de la Competencia es un cero a la izquierda", dijo el presidente.
El comentario no podría estar más alejado de la realidad y ello muy probablemente lo haría aterrizar en su propia sección de "Quién es quién de las mentiras de la semana" si ese ejercicio abarcasetambién la desinformación que emiten los funcionarios públicos, como el mandatario.
El historial de Cofece en su combate a las prácticas monopólicas en materia del gas LP en México es bastante largo e inició a finales de 2017 cuando la dependencia anunció a Sentido Común que estaba realizando un estudio para conocer las condiciones de competencia efectiva en ese mercado tras la liberación del precio de ese combustible en enero de ese año.
Incluso, años atrás, el regulador que antecedió a Cofece, la Comisión Federal de Competencia (CFC), había ya detectado ausencia de competencia efectiva en algunos estados del país en materia de gas LP y había advertido de los riesgos que eso podría generar en materia de precios en caso de liberarse la cotización de ese combustible que estuvo regulado por el gobierno a lo largo de varias décadas.
Posteriormente, en febrero de 2018, Cofecedejó en claro su preocupación por lo que estaba ocurriendo con los precios en el mercado del gas LP ante la concentración de las actividades distributivas en unas cuantas empresas. Por ello, la dependencia decidió entonces abrir una investigación por posible colusión en ese mercado.
En concreto, Cofece buscaba indagar desde aquel entonces si existían acuerdos entre competidores para manipular los precios, restringir o limitar la oferta o la demanda, así como dividirse o segmentar el mercado entre algunas compañías.
"El mercado del gas LP resulta relevante para la economía de los hogares del país ya que aproximadamente 90 millones de mexicanos lo utilizan como combustible doméstico", dijo la Comisión, en el comunicado en el que a inicios de 2018 reveló el inicio de la indagatoria. "Además, se considera un insumo fundamental para los sectores comercial, industrial y de servicios".
Más adelante, en junio de ese año, Cofece pidió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la entidad encargada de regular la industria de los hidrocarburos, con excepción de la extracción y procesamiento del crudo, realizar ajustes a algunos de sus procesos a fin de impulsar la competencia, desde diversos puntos de vista, en el mercado nacional de gas LP.
Cofece incluso dijo desde entonces que se valorara utilizar la cadena de tiendas de la empresa estatal Diconsa para que en ella pudiesen venderse los famosos cilindros de gas LP a manera de incrementar la competencia con las empresas distribuidoras de ese combustible.
"Podría haber en el país capacidad subutilizada de transporte y almacenamiento de esta molécula en manos de Pemex y de unas cuantas empresas privadas", agregó Cofece, en un comunicado hace tres años. En particular, "la distribución y expendio al consumidor final, tampoco se ha observado un incremento importante de participantes".
Las conclusiones de la dependencia surgieron luego de publicar ese año el estudio titulado "Transición hacia mercados competitivos de Energía: Gas LP" y que tenía como fin principal ofrecer directrices de políticas para que las autoridades y legisladores federales, quienes son los responsables de mejorar la regulación, tomaran cartas en el asunto y ayudaran a mejorar el funcionamiento de toda la industria de ese combustible en el país.
La entidad refrendó además su preocupación por lo que estaba ocurriendo en el mercado del gas LP cuando en marzo de 2019 amplió su investigación de posibles conductas antimonopólicas a toda la cadena del mercado del gas doméstico licuado de petróleo, como también se llama al gas LP.
Con esa investigación, Cofece amplió su interés por conocer aquellas barreras que pudieran estar afectando el buen desempeño del mercado de gas LP en el país. Para la entidad, el problema de posibles prácticas monopólicas podría estar ya no solo en los distribuidores del combustible, sino también en posibles barreras regulatorias o artificiales a la importación, comercialización, transporte y almacenamiento del gas LP, que pudieran elevar el precio final al consumidor.
Dos años después, en marzo de 2021, esa investigación amplia de Cofece dio frutos. La dependencia acusó a varias empresas e inició un juicio contra ellas por aparentemente haber firmado acuerdos con los que supuestamente manipularon los precios o segmentaron el mercado de la distribución y comercialización de gas LP.
En ese entonces Cofece dijo en un comunicado que la investigación era "la más amplia que ha[bía] llevado la Autoridad Investigadora [de la dependencia]. . . ya que implicó el análisis de conductas realizadas por diversos participantes en múltiples entidades federativas".
Cofece, por ley, no dijo quiénes eran los agentes económicos y personas que habían sido llamados a juicio, pero sínotificó a algunos interesados y empresas --sin definir si fueron llamados como probables responsables o como probables afectados.
Por ejemplo, el regulador antimonopolios notificó a compañías como Central de Fugas, Horizon Conexión Directa, Gas Metropolitano, Flama Gas, Grupo Imperial Corporativo, Grupo Elsa, Grupo Gasero del Golfo, Holson, Regio Gas y Combu Gas (Grupo Simsa).
Además, también notificó a empleados o quizás dueños de esas firmas por su actividad en esas compañías y que pudieran tener interés en el juicio que sigue en proceso.
Finalmente, este año, en mayo, Cofece inició otra investigación en el mercado de la distribución del gas LP a fin de probar si hay o no condiciones adecuadas de competencia para que en caso de que no las hubiera, la CRE, como autoridad del sector, detonara un proceso de regulación para establecer las contraprestaciones, es decir, los precios y las tarifas en la distribución de gas licuado de petróleo al consumidor.
Con esto, Cofece incluso se adelantó al presidente López Obrado en cuanto a que quizás sería necesario fijar un precio máximo al gas LP y que propuso también el mandatario hace unos días, pero, a diferencia del titular del ejecutivo, con un sustento legal para llevar a cabo tal acción por la falta de competencia en ese mercado.
Resulta así que, si bien podría haber quizás una crítica a los plazos que toma a Cofece para llevar a cabo sus investigaciones, que por cierto son igual o más largas a las existentes en otras economías en materia de competencia económica, parecería falso, erróneo o tendenciosodecir que el desempeño de ese organismo autónomo ha sido "un cero a la izquierda", como dijo López Obrador.
Incluso hoy Cofece emitió un comunicado en el que resaltó las distintas actividades que ha tomado en los últimos años para combatir probables abusos en el mercado del gas LP.
Claro que también destacó, como cachetada con guante blanco, que, si desde su perspectiva había realizado todo lo que estaba al alcance de sus facultades, el gobierno actual y los anteriores no habían colaborado para solucionar el problema.
"Es importante señalar que varias de las propuestas de política pública planteadas en años recientes por la Comisión, que pudieran estar en línea con las expuestas en fechas recientes por el titular del Ejecutivo Federal, no han sido instrumentadas ni en la pasada ni en la presente administración por las dependencias y organismos federales del sector", dijo Cofece, concluyendo además que el buen funcionamiento de los mercados no depende de una sola autoridad o ente regulador sino de acciones integrales de varias dependencias a fin de orientar "la generación de condiciones de mercado que presionen los precios a la baja. Solo en corresponsabilidad de todas las instituciones involucradas se podrá alcanzar este importante objetivo común".