por Kenia Arteaga
Infosel, noviembre. 29.- La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, quien será presidente de México a partir del sábado, de recortar los sueldos de los funcionarios del gobierno --especialmente aquellos que tenían remuneraciones que estaban por encima de las que cobraba el presidente--, sigue siendo objeto de desaprobación entre quienes creen que lejos de crear beneficios acabará por provocar la pérdida de talento en la administración.
No obstante, ahora, más allá de las críticas, esa política también está a punto de enfrentar la resistencia en tribunales de algunos trabajadores que empiezan a acudir a instancias legales para que los arropen y protejan, al sentirse violentados sus derechos por una reducción de sus ingresos.
La decisión de hacer esos ajustes salariales surgió de una promesa de campaña de López Obrador, quien propuso recortar a la mitad los sueldos de algunos funcionarios del gobierno federal y establecer un tope máximo a los sueldos de los trabajadores para acabar con los supuestos privilegios que tenía la alta burocracia en México.
En el fondo, esa opción formaba parte de un esquema de austeridad que, supuestamente, le permitirá a la siguiente administración hacerse de los recursos necesarios para incrementar el gasto en programas sociales y arrancar proyectos de infraestructura.
De ahí que el Congreso de la Unión avaló cambios a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los cuales determinaron que a partir del 1 de diciembre el sueldo máximo que puede ganar un trabajador del gobierno serán los 108 mil pesos mensuales que recibirá el próximo presidente de México y lo que obligará que algunos servidores públicos verán reducido su salario a la mitad.
Esa medida, como muchos anticipaban, creó un amplio descontento y propició por ejemplo, que alrededor de 150 trabajadores del Banco de México optarán por jubilarse, conforme a su derecho, y a quizás emprender la búsqueda de un salario más competitivo en el sector privado. Lo mismo ocurrió en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque las cifras no son del todo claras aún en ambas dependencias.
Por ello es que ahora, los que se quedaron --que son la amplia mayoría-- parecen empezar a buscar opciones para impedir que sus sueldos sufran un recorte a partir del próximo año.
Así, una primera ofensiva para echar abajo la reducción salarial que quiere aplicar el próximo gobierno podría ser liderada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que limita el sueldo de los trabajadores del gobierno, al considerar que vulnera el derecho humano a una remuneración, anual, irrenunciable y proporcional a las responsabilidades de los servidores públicos.
La CNDH, como también se conoce al organismo encargado de la protección de los derechos humanos, presentó ya una inconformidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre una posible afectación a las garantías individuales de los trabajadores a raíz del cambio legal propuesto en el Congreso, a iniciativa de López Obrador.
De hecho hasta el día de hoy, la Comisión ha recibido la queja de más de un millar de personas que se han sentido agraviadas por la posibilidad de sufrir una reducción de sus ingresos.
"Ante esta comisión han acudido 1190 personas expresando diversos argumentos sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley", dijo CNDH, en el escrito inicial que presentó ante la Máximo Tribunal del país.
La CNDH estimó que con los cambios propuestos por el Congreso se vulneran el derecho a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación, así como al principio de taxatividad, legalidad, progresividad y pro persona, que se encuentran reconocidos y protegidos por la Constitución mexicana y por tratados internacionales.
Además, la Comisión agregó que la Ley de Remuneraciones no establece parámetros objetivos y diferenciados para determinar una remuneración anual, irrenunciable y proporcional a las responsabilidades de cada uno de los trabajadores públicos, lo que es contrario a las obligaciones que tiene el Estado de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.
Claro que la Comisión no es la única que podría darle batalla al próximo gobierno.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, una organización civil que representa los intereses de ese gremio, elaboró una demanda de 'amparo modelo' con la que enfrentará la citada ley.
Para los integrantes de esa asociación, la redacción de la Ley de Remuneraciones es inclusive violatoria de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, por lo que iniciará una defensa integral dentro de los causes legales.
"Las leyes y diversas reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión. . .[son] contrarias a la Constitución, a los Tratados y Convenciones Internacionales de los que el Estado mexicano es parte", dijo la asociación, en un comunicado.
Así los magistrados y jueces congregados por esa institución dijeron que las acciones tomadas por el Congreso de la Unión representan una intromisión indebida y sistemática en el funcionamiento de un órgano independiente, por lo que contravienen el principio de división de poderes que establece la constitución mexicana.
Finalmente, la asociación agregó que esa Ley de Remuneraciones, así como otras iniciativas presentadas en el Congreso, podrían afectar la confianza y credibilidad ciudadana en la administración de justicia, lo que dañaría la estabilidad social.
Infosel, noviembre. 29.- La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, quien será presidente de México a partir del sábado, de recortar los sueldos de los funcionarios del gobierno --especialmente aquellos que tenían remuneraciones que estaban por encima de las que cobraba el presidente--, sigue siendo objeto de desaprobación entre quienes creen que lejos de crear beneficios acabará por provocar la pérdida de talento en la administración.
No obstante, ahora, más allá de las críticas, esa política también está a punto de enfrentar la resistencia en tribunales de algunos trabajadores que empiezan a acudir a instancias legales para que los arropen y protejan, al sentirse violentados sus derechos por una reducción de sus ingresos.
La decisión de hacer esos ajustes salariales surgió de una promesa de campaña de López Obrador, quien propuso recortar a la mitad los sueldos de algunos funcionarios del gobierno federal y establecer un tope máximo a los sueldos de los trabajadores para acabar con los supuestos privilegios que tenía la alta burocracia en México.
En el fondo, esa opción formaba parte de un esquema de austeridad que, supuestamente, le permitirá a la siguiente administración hacerse de los recursos necesarios para incrementar el gasto en programas sociales y arrancar proyectos de infraestructura.
De ahí que el Congreso de la Unión avaló cambios a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, los cuales determinaron que a partir del 1 de diciembre el sueldo máximo que puede ganar un trabajador del gobierno serán los 108 mil pesos mensuales que recibirá el próximo presidente de México y lo que obligará que algunos servidores públicos verán reducido su salario a la mitad.
Esa medida, como muchos anticipaban, creó un amplio descontento y propició por ejemplo, que alrededor de 150 trabajadores del Banco de México optarán por jubilarse, conforme a su derecho, y a quizás emprender la búsqueda de un salario más competitivo en el sector privado. Lo mismo ocurrió en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aunque las cifras no son del todo claras aún en ambas dependencias.
Por ello es que ahora, los que se quedaron --que son la amplia mayoría-- parecen empezar a buscar opciones para impedir que sus sueldos sufran un recorte a partir del próximo año.
Así, una primera ofensiva para echar abajo la reducción salarial que quiere aplicar el próximo gobierno podría ser liderada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que limita el sueldo de los trabajadores del gobierno, al considerar que vulnera el derecho humano a una remuneración, anual, irrenunciable y proporcional a las responsabilidades de los servidores públicos.
La CNDH, como también se conoce al organismo encargado de la protección de los derechos humanos, presentó ya una inconformidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre una posible afectación a las garantías individuales de los trabajadores a raíz del cambio legal propuesto en el Congreso, a iniciativa de López Obrador.
De hecho hasta el día de hoy, la Comisión ha recibido la queja de más de un millar de personas que se han sentido agraviadas por la posibilidad de sufrir una reducción de sus ingresos.
"Ante esta comisión han acudido 1190 personas expresando diversos argumentos sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley", dijo CNDH, en el escrito inicial que presentó ante la Máximo Tribunal del país.
La CNDH estimó que con los cambios propuestos por el Congreso se vulneran el derecho a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación, así como al principio de taxatividad, legalidad, progresividad y pro persona, que se encuentran reconocidos y protegidos por la Constitución mexicana y por tratados internacionales.
Además, la Comisión agregó que la Ley de Remuneraciones no establece parámetros objetivos y diferenciados para determinar una remuneración anual, irrenunciable y proporcional a las responsabilidades de cada uno de los trabajadores públicos, lo que es contrario a las obligaciones que tiene el Estado de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.
Claro que la Comisión no es la única que podría darle batalla al próximo gobierno.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, una organización civil que representa los intereses de ese gremio, elaboró una demanda de 'amparo modelo' con la que enfrentará la citada ley.
Para los integrantes de esa asociación, la redacción de la Ley de Remuneraciones es inclusive violatoria de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, por lo que iniciará una defensa integral dentro de los causes legales.
"Las leyes y diversas reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión. . .[son] contrarias a la Constitución, a los Tratados y Convenciones Internacionales de los que el Estado mexicano es parte", dijo la asociación, en un comunicado.
Así los magistrados y jueces congregados por esa institución dijeron que las acciones tomadas por el Congreso de la Unión representan una intromisión indebida y sistemática en el funcionamiento de un órgano independiente, por lo que contravienen el principio de división de poderes que establece la constitución mexicana.
Finalmente, la asociación agregó que esa Ley de Remuneraciones, así como otras iniciativas presentadas en el Congreso, podrían afectar la confianza y credibilidad ciudadana en la administración de justicia, lo que dañaría la estabilidad social.