¿Consulta para enjuiciar a expresidentes? Es innecesaria

por Jafet Abimael Sánchez Romero

Infosel, septiembre. 4.- La consulta que propuso realizar el próximo año el presidente Andrés Manuel López Obrador, para saber si la población quiere enjuiciar a los expresidentes, parece inevitable. Sin embargo, el debate sobre la legalidad de ésta o sobre la utilidad que tendría está más que vivo.

El proceso para la consulta ya está en marcha, luego que legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron sus intenciones de realizar la consulta el próximo año.

Sin embargo, antes de realizarse, la viabilidad de la consulta debe ser avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien decidirá si este procedimiento contradice o no la Constitución, tal como algunos especialistas creen.

"No procede juicio político por violación al debido proceso", dijo un abogado penalista que prefirió no ser identificado, en entrevista. "Además, el juicio político es contra servidores públicos en activo; en el caso de quienes ya no son servidores públicos se aplica directamente la vía penal. . . la Fiscalía es la que debe fincar responsabilidades".

Frente a ese debate, algunos creen que la consulta ciudadana no es más que un mensaje político, y va en contra de lo que dicta la Carta Magna del país.

"La consulta popular para enjuiciar a cualquier persona es inconstitucional", escribió el abogado Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones jurídicas de la Universidad nacional Autónoma de México y exprocurador general de la República, en su cuenta personal de Twitter. "Además, es imposible cumplir con los trámites antes de la fecha límite, el 15 de septiembre".

La ley establece que las consultas solo pueden realizarse, en temas de trascendencia nacional, cuando sean solicitadas por el presidente, o bien cuando lo haga una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión o cuando se presenten las firmas de al menos 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Una vez que se cumplan los requisitos, la constitucionalidad de la consulta deberá ser avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, posteriormente, será el Instituto Nacional Electoral quien deberá organizarla.

Hay quienes en este tema creen que no hay discusión y es claro que la posible acción penal contra expresidentes está en manos exclusivamente de la Fiscalía General de la República, a través de una denuncia.

"La posibilidad de acusar a un expresidente por la comisión de un delito no guarda, jurídicamente hablando, ninguna condición especial. Una vez que dejaron de ocupar la titularidad del poder ejecutivo federal, los individuos que estuvieron en el cargo no mantienen ninguna condición especial respecto del resto de la población nacional", escribió José Ramón Cossío Díaz, un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un artículo de opinión publicado por el diario El País. "Presentar la persecución de esas personas como algo heroico, al grado de tener que convocar a una consulta ad hoc es, una vez más, un uso excepcional del derecho, eso que nuestras autoridades tanto necesitan evitar".

López Obrador ha dicho que, en caso de que se realice el ejercicio de participación ciudadana, él votaría en contra, tal como lo prometió en su campaña presidencial de 2018.

"¿Por qué voy a hacer yo el verdugo político?. . . Yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la presidencia y estoy molesto, no lo he superado", dijo López Obrador en conferencia matutina el 18 de agosto. "Yo estoy por el punto final, es decir, que se investigue, que se castigue a todos, pero que pensemos hacia adelante y que no haya venganza. . . no es mi fuerte la venganza y además votaría en contra".

Si se concreta, ésta no sería la primera ocasión en que el presidente somete a consulta un tema de interés nacional, pero sí podría ser la primera que se inscriba en el marco legal del país.

Previo a tomar posesión del cargo, el entonces presidente electo López Obrador convocó una consulta que, entre otras cosas, dio el respaldo a las intenciones del gobierno de dar por terminado el proyecto para construir un nuevo aeropuerto internacional de México en los terrenos de lo que algún día fue el lago de Texcoco.

Más reciente, a finales de marzo, se llevó a cabo otra consulta en la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, donde los ciudadanos votaron porque se frenara la construcción de una planta cervecera de la compañía Constellation Brands.

De ahí que el presidente considera que esos ejercicios son buenos, porque recogen el sentimiento de la población sobre asuntos de interés.

"Hay que respetar la decisión de la gente", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, tres días después de asegurar que el resultado tendría un carácter vinculante. "Yo creo que ellos van a entender, cuando hay un resultado así pues es evidente de que no hay acuerdo. . . tenemos que escuchar a la gente y gobernar con el mandato popular".

Para algunos analistas, el resultado de la consulta, por muy aplastante o no que ésta sea, no tendría repercusiones si la Fiscalía no participa iniciando las investigaciones correspondientes.

"La gran mayoría de los mexicanos hayan votado o no por López Obrador quieren que se termine con la impunidad, que a aquellos expresidentes que tengan algo que se les pueda fundamentar se les aplique la ley", dijo José Antonio Crespo, un analista político e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en un programa transmitido por la señal de Canal Once. "El tema que a él le conviene [al presidente] de aquí a la elección de 2021 es otra vez mirar hacia el pasado inmediato, el pasado de corrupción de los gobiernos recientes. . . para que el tema de la elección del año que viene no sea el presente, porque el presente está con muchas complicaciones".

No es claro tampoco si los presidentes podrían enfrentar acusaciones penales, porque es probable que algunos de los potenciales delitos en que hubieran incurrido hayan prescrito.

Si el resultado de la encuesta favorece que se inicie un juicio, las posibles consecuencias serían dos: "que alguna de las fiscalías del país considere que existe un mandato popular y que debe judicializar una carpeta de investigación ante el juez correspondiente", agregó el exministro Cossío, en su artículo de El País. "La segunda, que más allá de las determinaciones populares, [la Fiscalía] presentará el caso ante un juez cuando haya los elementos suficientes para ello".

Finalmente, el INE, que es el organismo responsable de organizar la posible consulta, ya alertó que esto no será sencillo y requerirá de una partida presupuestal extraordinaria, en un momento en que el gobierno advirtió que hay pocos recursos.

"A diferencia de lo que ocurría originalmente, que planteaba que las consultas populares se podían realizar cada tres años de manera coincidente con la elección federal, hoy las consultas se pueden hacer cada año", dijo el comisionado presidente Lorenzo Córdova, en un encuentro con diputados del partido Movimiento Ciudadano. "Pero se tienen que realizar el primer domingo de agosto, esto quiere decir que si hay alguna consulta en 2021, el 6 de junio tendremos la elección y el 1 de agosto tendremos la consulta popular".

El presidente del INE dijo que en caso de que sea aprobada la consulta popular, será necesario que el Instituto realice un ajuste a su presupuesto, dado que tendría la necesidad de capacitar a más personal e instalar casillas para el proceso de la consulta, que se llevaría a cabo solo dos meses después de las elecciones federales del 2021.

"En su caso, deberemos revisar el presupuesto que aprobamos. El problema es que se trata de una nueva elección y ya no se puede cambiar la ley", añadió el consejero presidente del INE durante su intervención.