por Mercedes del Signo del Rio
(Actualiza con información adicional a lo largo de la historia)
Infosel, octubre. 9.- La Cámara de Diputados aprobó, pese a las recomendaciones de expertos, la minuta de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que fue diseñada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para terminar con los que a su juicio eran privilegios excesivos de la burocracia en México.
Como parte de esta ley, algunos trabajadores considerados como mandos altos --tales como secretarios de estado, subsecretarios, oficiales mayores, jefes de unidad, directores y coordinadores generales-- verán reducidas sus prestaciones salariales y no podrán ocupar puestos en empresas privadas que hayan regulado por un periodo de 10 años.
Si bien muchos coincidieron en la necesidad de adelgazar el costo de la burocracia, sobre todo a través de retirar algunas prestaciones que superaban por mucho las que cobran otros trabajadores, también hay quienes temen que las condiciones más restrictivas al momento de separarse del cargo podrían actuar en contra del talento que tiene la propia administración.
El dictamen expedido por la Cámara Baja reforma y adiciona disposiciones en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad de Hacienda.
Los cambios fueron avalados en lo general por 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, mientras que en lo particular fueron respaldados con 272 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones.
El documento fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con lo que entrará en vigor la ley.
Originalmente la Ley de Austeridad que discutió el Senado establecía un periodo de cinco años en el que funcionarios públicos estarían impedidos para trabajar en empresas con las que hubiesen interactuado profesionalmente, pero este periodo de veda fue extendido a uno de 10 años.
La argumentación detrás de la ampliación de este periodo es que, en gobiernos pasados, algunos funcionarios incurrieron en actos de corrupción con empresas privadas que les permitió tener puestos de trabajo garantizados al término de su mandato.
Los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo "no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años", dice la ley.
Si bien esta disposición busca eliminar los incentivos para que servidores públicos favorezcan empresas privadas, o aprovechen el conocimiento de las leyes en beneficio de intereses privados, su generalización y el amplio periodo que contempla como veto, han provocado descontento ya que puede resultar contraproducente.
De hecho, durante la discusión en el poder legislativo, hubo varias opiniones que advertían que los cambios iban a resultar contraproducentes para la administración, porque invitaría a muchos empleados talentosos a buscar la salida de sus cargos para no enfrentar esa veda.
"El candado que tenemos puesto en el artículo 24 del dictamen en donde dice que no se puede trabajar o incorporarse después a un trabajo dentro de la iniciativa privada hasta 10 años es un exceso", dijo la diputada Tatiana Clouthier, quien pertenece al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido que fundó el presidente, en la tribuna.
"Estamos condenando a los funcionarios públicos a un desempleo o a estar obligados a vivir de la política. . . Peor aún en vez de combatir la corrupción podríamos estar dando un incentivo para que los servidores públicos caigan en ella, al tener que garantizar su subsistencia por una década", dijo Clouthier, quien incluso se desempeñó como coordinadora de campaña de López Obrador.
El plazo establecido en la ley como veto para que los servidores públicos se reincorporen a la vida privada ya había expresado críticas entre quienes creen que es una medida desproporcionada.
"Este es un plazo contrario a la buena práctica internacional, al ubicarse muy por arriba de los tres años promedio de los países de la OCDE", escribió Alejandra Palacios Prieto, la comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en una columna que publicó en el portal Animal Político. "Por lo desmedido del plazo, abogados especialistas la refieren como una disposición contraria a la libertad individual del trabajo".
En el caso de entidades como la Cofece, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por citar algunas, que son organismos en los que sus directivos interactúan institucionalmente con una muy amplia variedad de sectores, la ley limita radicalmente el espectro de oportunidades laborales de sus funcionarios.
De ahí que no son pocos quienes creen que la aprobación de esta ley podría desencadenar en una renuncia masiva de funcionarios que ocupan puestos directivos en el sector público.
Diversos reportes de medios de comunicación revelan que ha habido renuncias de decenas de funcionarios, en oficinas como la CNBV desde la llegada al poder de López Obrador, algo que genera preocupación porque es la entidad encargada de regular el sistema financiero del país y su estabilidad podría ponerse en riesgo ante la falta de personal calificado.
Infosel intentó establecer comunicación con la CNBV, pero no pudo corroborar las versiones de las renuncias o si éstas se deben a los cambios en la Ley de Austeridad.
La mencionada ley también prohíbe la contratación con recursos públicos de cualquier tipo de jubilación, pensión o régimen para el retiro o separación, así como seguros de gastos médicos privados o de vida.
Además, al final de cada año fiscal, las secretarías y demás entes públicos obligados, deberán entregar a la Cámara de Diputados y al Comité de Evaluación un informe en el cual se reporten los ahorros logrados por la aplicación de lo dispuesto en esa ley.
