por Mercedes del Signo del Rio
Infosel, octubre. 9.- La Cámara de Diputados aprobó, en medio de polémica, la minuta de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que fue diseñada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para terminar con los que a su juicio eran privilegios excesivos de la burocracia en México.
Como parte de esta ley, algunos trabajadores considerados como mandos altos verán reducidas sus prestaciones salariales y no podrán ocupar puestos en empresas privadas que hayan regulado por un periodo de 10 años.
Si bien muchos coinciden con la necesidad de adelgazar el costo de la burocracia, sobre todo a través de retirar algunas prestaciones que superaban por mucho las que cobran otros trabajadores, también hay quienes temen que las condiciones más restrictivas al momento de separarse del cargo podrían actuar en contra del talento que tiene la propia administración.
El dictamen expedido por la Cámara Baja reforma y adiciona disposiciones en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad de Hacienda.
Los cambios fueron avalados en lo general por 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, mientras que en lo particular fueron respaldados con 272 votos a favor, 154 en contra y tres abstenciones.
El documento de la ley fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Originalmente la Ley de Austeridad que discutió el Senado establecía un periodo de cinco años en el que funcionarios públicos estarían impedidos para trabajar en empresas con las que hubiesen interactuado profesionalmente, pero este periodo de veda fue extendido a uno de 10 años.
Los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo "no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años", dice la ley.
Si bien esta disposición busca eliminar los incentivos para que servidores públicos favorezcan empresas privadas, o aprovechen el conocimiento de las leyes en beneficio de intereses privados, su generalización y el amplio periodo que contempla ha provocado descontento, ya que puede resultar contraproducente.
De hecho, desde su discusión en el poder legislativo, hubo varias opiniones que advertían que los cambios iban a resultar contraproducentes para la administración, porque invitaría a muchos empleados talentosos a buscar la salida de sus cargos para no enfrentar esa veda.
"Este es un plazo contrario a la buena práctica internacional, al ubicarse muy por arriba de los tres años promedio de los países de la OCDE", escribió Alejandra Palacios Prieto, la comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en una columna que publicó en el portal Animal Político. "Por lo desmedido del plazo, abogados especialistas la refieren como una disposición contraria a la libertad individual del trabajo".
En el caso de entidades como la Cofece, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por citar algunas, que son organismos en los que sus directivos interactúan institucionalmente con una muy amplia variedad de sectores, la ley limita radicalmente el espectro de oportunidades laborales de sus funcionarios.
De ahí que no son pocos quienes creen que la aprobación de esta ley podría desencadenar en una renuncia masiva de funcionarios que ocupan puestos directivos en el sector público.
La ley también prohíbe la contratación con recursos públicos de cualquier tipo de jubilación, pensión o régimen para el retiro o separación, así como seguros de gastos médicos privados o de vida.
Además, al final de cada año fiscal, las secretarías y demás entes públicos obligados, deberán entregar a la Cámara de Diputados y al Comité de Evaluación un informe en el cual se reporten los ahorros logrados por la aplicación de lo dispuesto en esa ley.
