Edna Alcántara
México, 17 sep (EFE).- El renovado Congreso mexicano inició hoy la primera discusión de una importante iniciativa de ley en materia laboral, que busca hacer más eficiente el mercado de trabajo y transparentar las funciones sindicales.
La propuesta la envió el presidente saliente, Felipe Calderón, el pasado 1 de septiembre como una "iniciativa preferente", lo que derivó en la formación de una comisión especial de 30 diputados que la analizará, discutirá y, dado el caso, modificará.
Se trata de la primera ley que debate el Parlamento mexicano elegido en los comicios del pasado 1 de julio, en los que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se convirtió en el primer grupo parlamentario, pero sin mayoría absoluta.
La Comisión del Trabajo comenzó hoy una discusión que se prolongará por diez días para analizar una de las principales reformas que ha venido impulsando en los últimos meses Calderón, con el fin de modificar un código laboral que se está quedando caduco.
"Es urgente una reforma laboral a favor de los trabajadores y empresarios que la necesitan", afirmó hoy la ministra mexicana del Trabajo, Rosalinda Vélez, al exponer ante la comisión los alcances y beneficios de la iniciativa gubernamental.
De acuerdo a la ministra, la intención es crear "trabajos dignos, formales y con la posibilidad de ejercer derechos" a favor de los trabajadores y, por otra parte, dar "incentivos" a las empresas.
El reto, dijo, es aumentar los empleos activos que actualmente, dijo, son de 51 millones de mexicanos.
La reforma gubernamental, dividida en 51 puntos, busca promover el trabajo formal, regular la tercerización del empleo y permitir un período de prueba de tres meses, inexistente en la legislación laboral mexicana.
También se pretende prohibir el trabajo en pozos de carbón y la contratación de menores de edad para trabajos de alto riesgo, así como proteger a la mujer, implementando castigos por abuso o acoso sexual.
De igual forma, se busca implementar el pago por horas trabajadas, lo que para algunos académicos no beneficiaría en nada debido a que la contratación sin la jornada completa de trabajo no permitiría cubrir las necesidades básicas de un empleado.
"El pago por horas podría parecerse al mismo esquema aplicado en Estados Unidos, donde a diferencia de México no se paga el séptimo día ni los días de descanso", dijo a Efe el investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey Ángel López Montiel
La diferencia, agregó, "es que en ese país el pago por horas se compensa con salarios mucho más altos que en México".
Pero el tema que más polémica ha desatado es la intención de hacer transparentes las cuentas de los poderosos sindicatos mexicanos, al proponer que todos las agrupaciones gremiales que se nieguen a dar información -a los trabajadores que la soliciten- sobre la gestión de las cuotas sindicales podrían perder esos fondos.
Además, contempla el voto libre, directo y secreto para la elección de la directiva de los gremios.
Ante ello, la Unión Nacional de los Trabajadores (UNT), que agrupa a unas 170 organizaciones sindicales, ha expresado su "total rechazo" a la iniciativa por considerarla inapropiada y ha amenazado con iniciar movilizaciones a partir del 21 de septiembre.
De acuerdo con esta agrupación, la reforma pretende abaratar la mano de obra al implementar "criterios de flexibilidad unilateral, facilitar los despidos y socavar la contratación colectiva auténtica".
Además, según ese sindicato y otros dirigentes gremiales, la reforma acaba con la autonomía de los sindicatos.
Empresarios, la OCDE y hasta la Iglesia católica mexicana han urgido a México para crear un nuevo marco laboral moderno y competitivo a fin de redundar en más y mejores empleos.
La actual Ley Federal del Trabajo no se ha modificado sustancialmente desde su creación, hace unas cuatro décadas.
Desde entonces y hasta ahora se han presentado un total de 499 iniciativas, incluyendo la que es ahora discutida y otra más reciente, propuesta por la izquierda para contrarrestar la primera. Ninguna de ellas ha sido aprobada hasta ahora.
El debate se produce en plena transición presidencial, ya que Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), traspasará la jefatura de Estado el próximo 1 de diciembre al gobernante electo, Enrique Peña Nieto, del PRI. EFE