por Eduardo García
Infosel, noviembre. 26.- A menos de una semana de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tome posesión como el próximo mandatario de México, diversos cambios legales propuestos en el Congreso por legisladores de su partido, así como diversas decisiones que él ha anunciado, están despertando críticas de gobernadores y legisladores de oposición, quienes han dicho que impugnarán esas reformas ante el poder judicial, además de que esperan un cambio de actitud por parte del siguiente presidente del país para no tener una confrontación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales.
En esencia, las principales molestias de gobernadores y legisladores de partidos de oposición se centran en los cambios legales que están en proceso de aprobación por parte de los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en las Cámaras de Diputados y Senadores para crear una nueva figura gubernamental que represente al gobierno federal en las 32 entidades federativas con que cuenta el país.
Para muchos representantes populares de oposición, la creación de esos nuevos 32 funcionarios federales, que muchos han bautizado como "superdelegados" por los amplios poderes que aparentemente tendrán, podría violar los preceptos constitucionales bajo los cuales México se constituye como una república federal, con estados y municipios libres y soberanos.
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Desde Jalisco, "levantamos la voz para decirle, con respeto, señor presidente electo, que no estamos dispuestos a permanecer callados ante los intentos por vulnerar el pacto federal y el orden constitucional", dijo Enrique Alfaro, gobernador electo de esa entidad en un mensaje emitido hace unos días en el que fijó su postura ante los cambios legales que están por aprobarse en los recintos legislativos del país y que desde su perspectiva pueden violar la soberanía y la autonomía de la entidad, que él, como miembro del partido Movimiento Ciudadano (MC), gobernará a partir del 6 de diciembre tras ganar la elección del pasado 1 de julio con 40% de los votos.
Claro que Alfaro no es el único que ve con preocupación los cambios legales para crear la figura de los "superdelegados". De hecho, 12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), el segundo instituto político más grande de México tras la elección pasada, firmaron una carta hace unos días en rechazo a esa nueva figura.
La principal preocupación de los gobernadores panistas, así como de Alfaro, es que con la creación de los "superdelegados", los mandatarios estatales quedarán relegados a ser meros observadores en la toma de decisiones que adopte la federación en varios asuntos, principalmente en materia de seguridad pública.
"Ese desdén es inaceptable", escribieron los gobernadores panistas en su carta. "Resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobierno estatales".
Claro que los colaboradores más cercanos de López Obrador discrepan de las conclusiones a las que han llegado algunos gobernadores y legisladores de oposición en torno a las funciones que tendrán esos nuevos funcionarios y que de hecho ya eran pública de tiempo atrás.
Por ejemplo, la senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, quien a partir del 1 de diciembre ocupará el cargo de secretaria de Gobernación, la primera mujer en la historia moderna de México en ocupar ese puesto, dijo que el próximo gobierno no intenta vulnerar la soberanía o autonomía de las entidades federativas con la creación de los "superdelegados", menos en materia de seguridad pública por no estar esa materia incluida en las funciones de esos nuevos funcionarios.
"Me gustaría platicar con los gobernadores para explicarles de que se trata", dijo Sánchez Cordero, a periodistas. "No van a manejarla, ellos están para programas sociales".
De cualquier manera, muchos miembros de partidos de oposición ven a los superdelegados como una afronta a los poderes estatales y municipales, por la supervisión que harán de los recursos que mande la federación a esas entidades, convirtiéndolos así en personas con enorme poder, que podría incluso rivalizar con el de los funcionarios electos.
En buena medida, la idea de reformar la ley para permitir la creación de esos 32 "superdelegados" se debe a los múltiples abusos que aparentemente cometieron diversos gobernadores en los últimos seis años con recursos de la federación.
Muchos dentro de Morena consideran que la falta de controles de la federación sobre los gobernadores, propiciaron el despilfarro y los actos de corrupción de mandatarios estatales y municipales, que quedaron al descubierto con las detenciones que han realizado las autoridades judiciales de funcionarios locales, acusados de malversación de fondos públicos.
Si bien, los opositores a las reformas legales reconocen esas conductas ilegales, están lejos de admitir por ellas que una solución a ese problema sea que la federación adopte el control de los gobernadores a través de los superdelegados.
Los superdelegados "relegarán a los gobernadores de los estados a figuras decorativas respecto a la toma de decisiones en el tema de programas sociales, debido a que serán ellos los encargados de implementar y supervisar los planes para el desarrollo, atención ciudadana y servicios a cargo de las secretarías", dijo el senador panista Gustavo Madero, en una conferencia de prensa para fijar la postura de su partido en la Cámara Alta sobre el tema de esos nuevos funcionarios.
Además, para el gobernador electo de Jalisco, Alfaro, es inadmisible que personas que no fueron democráticamente electas tengan esos poderes cuando el pueblo ya eligió, a través de las urnas, a sus gobernantes.
"Es imposible construir un modelo de cooperación y entendimiento entre la federación y el estado y los municipio sustentando en la falta de respeto a las autoridades que al igual que usted, [presidente electo López Obrador], fueron electas democráticamente por el pueblo", dijo Alfaro, al fijar su postura. "Ni el gobierno de la república ni [los legisladores federales]. . . pueden pisotear la Constitución Política del estado de Jalisco, así de claro. . . No vamos a permitir que se vulnere nuestra soberanía. . . Hacerlo sería tanto como resignarnos a una realidad que pareciera ir tomando forma de controles desde el centro del país sobre el destino político, financiero, administrativo y de la seguridad de nuestro estado."
En ese sentido, el gobernador electo de Jalisco también emitió una protesta contra el proceso bajo el cual el gobierno entrante está diseñando el presupuesto de egresos de la federación. Desde su perspectiva, las autoridades que nombró el presidente electo para llevar a cabo esas tareas están teniendo una visión central del gasto que pone en riesgo los planes de inversión en infraestructura y servicios que plantea realizar el próximo gobierno de Jalisco.
"Es inadmisible que los intereses de Jalisco y sus habitantes sean ignorados en la discusión de un presupuesto que debe ser entendido como instrumento nacional de desarrollo y no solamente como orientador del gasto federal", dijo el gobernador electo. "Ninguno de los proyectos prioritarios que planteamos parece estar incluido en la propuesta de presupuesto".
Finalmente, Alfaro también protestó la política que aparentemente seguirá López Obrador de perdonar y olvidar los actos de corrupción que sucedieron en el pasado.
Si bien esa postura es aparentemente tentativa, el futuro gobernador de Jalisco dijo que él en su entidad no la aplicará.
"Nosotros no estamos de acuerdo con su política de perdón y olvido a los corruptos de este país", dijo Alfaro. "Este es un estado en donde los ciudadanos tienen sed de justicia, en donde sabemos el costo que tiene la impunidad, en donde con mucho trabajo estamos sentando los cimientos de un sistema estatal anticorrupción, que aunque tiene todavía enormes desafíos se ha ido convirtiendo en ejemplo nacional. En Jalisco vamos a castigar a los corruptos, con o sin el aval del gobierno federal. En Jalisco los corruptos irán a la cárcel".