Infosel, diciembre. 22.- Por muchos años, los mexicanos han sospechado que las autoridades estatales y locales, desde gobernadores y presidentes municipales, han estado involucrados en casos de corrupción.
Esas sospechas pocas veces se han materializado en investigaciones o demandas penales, y menos aún en sentencias judiciales contra esos funcionarios públicos.
Un factor que al parecer está comenzando a cambiar la aparente impunidad de la que han gozado los servidores públicos por décadas es la llegada de gobiernos de otra filiación política a las entidades y municipios del país.
En otras palabras, la llamada alternancia política parece estar comenzando a dar los frutos que muchos esperaban que diera el surgimiento de un sistema político más democrático y que comenzó a florecer con la salida del Partido Revolucionario Institucional de la presidencia en 2000, cuando por primera vez en más de ocho décadas un candidato de oposición llegó a la residencia oficial de Los Pinos.
"Para eso sirve la alternancia, porque se van rompiendo las colusiones [entre políticos] de un mismo partido", dijo Vidal Romero, profesor del departamento de ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una prestigiada universidad del país, en una entrevista telefónica.
Al parecer, con cada vez más frecuencia, los electores mexicanos comienzan a ver que tras un cambio de partido en el poder en elecciones locales llegan investigaciones por los actos irregulares del gobierno anterior, que en ocasiones desembocan en procesos judiciales y en el desprestigio de la reputación del partido al que pertenecía el servidor público acusado.
Un ejemplo reciente y claro de este cambio en México sucedió el miércoles por la noche en Chihuahua, cuando las autoridades estatales detuvieron a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por un presunto desvío de fondos públicos para usos electorales.
Hasta 2016, Gutiérrez Gutiérrez fungió como secretario del comité ejecutivo nacional del PRI durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones, la que tuvo lugar de entre 2015 y 2016.
Claro que su detención puede atribuirse, en parte, a que su partido perdió el año pasado las elecciones gubernamentales de Chihuahua contra el ahora gobernador Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN), el principal partido de oposición en el país.
La llegada de Corral al poder se debió no sólo a los constantes escándalos de corrupción que rodearon la gubernatura de César Duarte, del PRI, quien enfrenta hoy diversos cargos en su contra y presuntamente abandonó el país para refugiarse en algún lugar de Estados Unidos, sino a la promesa del entonces candidato panista de investigar esas aparentes irregularidades.
Gracias a esas promesas de campaña, las autoridades chihuahuenses, bajo el mando de Corral, están haciendo lo que prometieron: investigar el enriquecimiento ilícito de Duarte y los posibles desvíos de fondos públicos para otras actividades, como aparentemente realizó Gutiérrez Gutiérrez.
Esas sospechas pocas veces se han materializado en investigaciones o demandas penales, y menos aún en sentencias judiciales contra esos funcionarios públicos.
Un factor que al parecer está comenzando a cambiar la aparente impunidad de la que han gozado los servidores públicos por décadas es la llegada de gobiernos de otra filiación política a las entidades y municipios del país.
En otras palabras, la llamada alternancia política parece estar comenzando a dar los frutos que muchos esperaban que diera el surgimiento de un sistema político más democrático y que comenzó a florecer con la salida del Partido Revolucionario Institucional de la presidencia en 2000, cuando por primera vez en más de ocho décadas un candidato de oposición llegó a la residencia oficial de Los Pinos.
"Para eso sirve la alternancia, porque se van rompiendo las colusiones [entre políticos] de un mismo partido", dijo Vidal Romero, profesor del departamento de ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una prestigiada universidad del país, en una entrevista telefónica.
Al parecer, con cada vez más frecuencia, los electores mexicanos comienzan a ver que tras un cambio de partido en el poder en elecciones locales llegan investigaciones por los actos irregulares del gobierno anterior, que en ocasiones desembocan en procesos judiciales y en el desprestigio de la reputación del partido al que pertenecía el servidor público acusado.
Un ejemplo reciente y claro de este cambio en México sucedió el miércoles por la noche en Chihuahua, cuando las autoridades estatales detuvieron a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por un presunto desvío de fondos públicos para usos electorales.
Hasta 2016, Gutiérrez Gutiérrez fungió como secretario del comité ejecutivo nacional del PRI durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones, la que tuvo lugar de entre 2015 y 2016.
Claro que su detención puede atribuirse, en parte, a que su partido perdió el año pasado las elecciones gubernamentales de Chihuahua contra el ahora gobernador Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN), el principal partido de oposición en el país.
La llegada de Corral al poder se debió no sólo a los constantes escándalos de corrupción que rodearon la gubernatura de César Duarte, del PRI, quien enfrenta hoy diversos cargos en su contra y presuntamente abandonó el país para refugiarse en algún lugar de Estados Unidos, sino a la promesa del entonces candidato panista de investigar esas aparentes irregularidades.
Gracias a esas promesas de campaña, las autoridades chihuahuenses, bajo el mando de Corral, están haciendo lo que prometieron: investigar el enriquecimiento ilícito de Duarte y los posibles desvíos de fondos públicos para otras actividades, como aparentemente realizó Gutiérrez Gutiérrez.