México, 14 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de México aprobó hoy un dictamen con modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo para expedir la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, con el fin de abatir la desigualdad en las regiones del país con mayor rezago social, y lo turnó al Senado para su análisis.
La Cámara indicó en un comunicado que el documento surge de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió el pasado 29 de septiembre, al que la Comisión de Economía realizó 28 modificaciones y agregó tres artículos a los 47 propuestos.
El dictamen fue aprobado en lo general por 366 votos en favor, uno en contra y 54 abstenciones. Tras aprobarse tres reservas presentadas por diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se avaló en lo particular por unanimidad, con 430 votos en favor.
En el texto se señala que las Zonas Especiales tienen una ubicación geográfica estratégica y, para aprovechar su potencial productivo, deben ser sujetas de un régimen especial que incluya la provisión de estímulos e incentivos económicos.
Las empresas o inversionistas que se establezcan en esos lugares podrán recibir estímulos fiscales, aduaneros y financieros, además de facilidades administrativas e infraestructura competitiva, detalla.
Precisa que únicamente podrán establecerse Zonas Económicas Especiales en las entidades federativas que se encuentren entre las 10 con el mayor número absoluto de personas en situación de pobreza multidimensional.
Las modificaciones más sustanciales al documento se realizaron en torno a los criterios para la elegibilidad de Zonas Económicas Especiales.
Se cambiaron los artículos 10 y 15 con el fin de facilitar los trámites a los interesados en establecer empresas en esas franjas, a través de una ventanilla única que les brindará información y los orientará sobre el proceso.
Además, se cambió el artículo 20 para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de otorgar los permisos para construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona Económica Especial, lo haga por un plazo de hasta 40 años y no 30 como lo precisaba la propuesta inicial.