BOGOTÁ, 14 nov (Reuters) - La Fiscalía General de Colombia inició una investigación criminal por la muerte de un testigo y su hijo en medio de un escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.
Jorge Enrique Pizano, testigo de uno de los mayores casos de corrupción en América Latina, murió la semana pasada en su casa cerca de la capital Bogotá. Según el dictamen médico inicial, falleció de un ataque al corazón fulminante.
Pizano, auditor de la Concesionaria Ruta del Sol en la que la gigante Odebrecht ODBES.UL era socia, había ayudado a los fiscales a investigar acusaciones de que la empresa brasileña pagó unos 30 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de infraestructura en Colombia.
Odebrecht ha estado en el centro del mayor escándalo de sobornos en América Latina desde que reconoció en 2016 que sobornó a funcionarios en una docena de países. Odebrecht no respondió de inmediato el miércoles a un pedido de comentarios.
La Fiscalía General, a cargo de Néstor Humberto Martínez, dijo en un comunicado el martes que inició una investigación sobre la muerte tanto de Pizano como de su hijo, Alejandro Pizano Ponce de León, quien murió el domingo después de regresar de Barcelona para asistir al funeral de su padre.
La dependencia dijo que Pizano hijo bebió de una botella de agua que estaba en el escritorio de su padre y murió de envenenamiento por cianuro en cuestión de minutos, según el reporte forense.
Aunque los restos del auditor Pizano fueron incinerados, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aseguró que se tomaron muestras con las que se buscará establecer o desvirtuar si murió envenenado con cianuro, como su hijo.
TESTIGO CLAVE
El proyecto Ruta del Sol II que auditó Pizano fue una asociación en 2010 entre Odebrecht y Episol, una unidad del Grupo Aval GAA.CN de Colombia, para construir un tramo de 528 kilómetros de una carretera hacia la costa Caribe, un contrato de más de 1.000 millones de dólares.
Pizano dijo que tenía sospechas sobre pagos realizados por la constructora brasileña y en agosto de 2015 se las comunicó a Martínez personalmente, quien para ese entonces no había sido aún designado fiscal y era asesor jurídico del Grupo Aval.
En una entrevista divulgada el lunes por el noticiero de televisión Noticias Uno -que Pizano había exigido que fuera publicada sólo si salía del país o moría- el auditor reveló que había contado a Martínez sobre las irregularidades.
En grabaciones secretas de su encuentro con Martínez hechas por Pizano y compartidas a Noticias Uno, el ahora fiscal pregunta si los pagos descubiertos dos años antes estaban relacionados con grupos paramilitares o funcionarios.
Martínez afirmó el martes en un comunicado que ayudó a Pizano a pasar información sobre las irregularidades vinculadas con el Grupo Aval, pero que en ese momento el auditor, como lo evidencian los audios, no tenía certeza de que fueran sobornos.
"Con la investigación de la Fiscalía en el año 2017 se pudo establecer con certeza que los hallazgos de Pizano estaban relacionados con coimas", dijo Martínez en el comunicado en el que aseguró que no ha sido fiscal en las pesquisas de Odebrecht porque se declaró impedido por sus nexos previos con Grupo Aval.
Grupo Aval, el mayor holding financiero del país, dijo el martes en un comunicado que no tenía conocimiento previo de los pagos de sobornos y que apoya todas las investigaciones.
Actualmente permanecen en cárceles de Colombia al menos ocho personas implicadas en el escándalo de corrupción, incluidos un exsenador y un exviceministro de Transporte.
Mientras tanto, líderes de la oposición pidieron la renuncia del fiscal y otros partidos políticos propusieron citarlo a un debate en el Congreso.
"En otro país el fiscal hubiera renunciado por decencia. En Colombia lo que tenemos es un régimen de la corrupción y un sistema de impunidad", dijo el senador izquierdista y excandidato presidencial Gustavo Petro. (Reporte de Luis Jaime Acosta Editado por Silene Ramírez y Pablo Garibian)