por Dassaev Rodríguez Ramírez
Infosel, octubre. 17.- El gobierno de México dijo que invertirá 900 millones de dólares en los próximos cuatro años para asegurar una correcta implementación de las reformas a las leyes laborales y así asegurar a sus socios comerciales que cumplirá con los estándares en esa materia acordados en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC.
El anuncio del presupuesto que planea destinar México a ese propósito lo hizo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la carta que dirigió a Richard Neal, el presidente del Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y que le entregó Jesús Seade, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte en el marco de una gira de trabajo en Washington DC, la capital estadounidense.
"He instruido al secretario de Hacienda y Crédito Público para que solicite a la Cámara de Diputados y a las legislaturas locales un incremento del presupuesto inicial en sus distintos rubros y etapas a fin de garantizar que éste sea suficiente" para garantizar una efectiva aplicación de nuestras leyes laborales, escribió López Obrador en la carta.
Con la inversión, el mandatario busca persuadir a los legisladores del Partido Demócrata, que son la mayoría en la Cámara de Representantes, de que México está comprometido en mejorar no sólo las condiciones laborales de sus trabajadores, sino incluso contar con mecanismos de asociación y justicia laboral modernos y efectivos.
Si este compromiso convence a los legisladores demócratas, es más probable que estén dispuestos a ratificar el nuevo pacto de libre comercio para América de Norte.
Hasta ahora, algunos legisladores demócratas de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, han mostrado cierto escepticismo en brindar su respaldado el acuerdo comercial, no sólo porque lo negoció el gobierno del presidente Donald J. Trump, un mandatario antagónico a los demócratas, sino por los temores que con ese acuerdo los trabajadores estadounidenses pierdan empleos ante la posible mudanza de fábricas a México por sus leyes laborales más laxas y sus menores salarios.
De ahí que muchos legisladores demócratas hayan demandado a México garantías de que la libertad sindical, contemplada en las reformas laborales, sea efectiva, a fin de que con ella los trabajadores puedan demandar mejores salarios y condiciones laborales.
Lo mismo podría decirse de dudas en ciertos círculos demócratas sobre el compromiso de México por cumplir las leyes que protegen su medio ambiente.
Algunos legisladores estadounidenses de ese partido quieren incluso realizar cambios al texto del acuerdo en aspectos como regulación laboral, medioambiental y acceso a los mercados farmacéuticos, por citar algunos.
El gobierno de México y Canadá se han opuesto a reabrir el tratado, aunque en el caso mexicano, la Oficina de la Presidencia ha repetido su interés por ofrecer garantías a sus socios comerciales sobre sus compromisos por aplicar al pie de la letra la nueva legislación laboral.
Para el próximo año el gobierno de México planea destinar un presupuesto de 69.2 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral, además de que contempla donar un inmueble con valor de 23.1 millones de dólares para instalar ahí el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, una nueva institución que reemplazara el sistema de resolución de controversias conocido como Junta de Conciliación y Arbitraje.
"De igual forma, en caso de que fuera necesario el aumento de recursos para la implementación de los cambios propuestos, tengan certeza de que iniciaré el proceso debido ante el Congreso de la Unión para garantizar los fondos adicionales requeridos", agregó López Obrador en su misiva.
De acuerdo con lo expuesto por el presidente, México planea invertir 176.3 millones de dólares para implementar la reforma laboral en 2021, 324.8 millones en 2022 y 327.9 millones en 2023.
Por su parte, Seade Kuri dijo que probablemente los legisladores demócratas y Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, acuerden realizar algunos ajustes al T-MEC, que a su juicio podrían quedar como capítulos externos al tratado que ya fue acordado.
"Veo que esto está progresando y veo que esto, entre octubre y noviembre, se dará el paso clave hacia adelante", dijo Seade, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la embajada de México en Estados Unidos. "Lighthizer está tratando en la medida de lo posible reabrir lo ya cerrado, porque sabe que lo ya cerrado está cerrado. . . pero hay cosas que habrá que ajustar, algunos de esos ajustes, estoy convencido, serán de interés de México".
En caso de que los legisladores demócratas acuerden con el gobierno de su país ajustar el contenido del T-MEC, éstos deberán ser negociados con Canadá y México, lo que podría retrasar su ratificación en los tres países.
El T-MEC busca reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, que entró en vigor en 1994 y que ha incrementado en dos o tres veces los intercambios comerciales en la región, además de disparado la inversión en las tres naciones, pero sobre todo en México.
"Va a ser un proceso de ajuste de lo ya cerrado como lo tuvimos cuando el TLCAN, que ya cerrado. . . se elaboraron dos sendos capítulos que quedaron por fuera, el laboral y el ambiental", agregó Seade, en su conferencia. "Estos ajustes serán un tema de negociación con Lighthizer, cuando estemos listos".
En el marco de su viaje a Washington, Seade también sostuvo una reunión con el representante comercial de Estados Unidos para abordar los avances en la ratificación del T-MEC, la cual calificó como productiva.
"Fue una reunión productiva que me da la sensación que las cosas están marchando en la buena dirección, avanzando", dijo Seade.
Antes, Lighthizer, así como otros representantes de la Casa Blanca, y el grupo de legisladores del partido Demócrata en el Congreso que busca modificar el contenido del T-MEC sostuvieron una reunión para intentar avanzar en su ratificación.
El encuentro de los legisladores con Lighthizer envía una señal de la voluntad que tienen ambas partes para lograr que el tratado quede ratificado pese al complejo momento político que atraviesa Estados Unidos tras la decisión en la Cámara Baja de iniciar los procedimientos para ver si se lleva a cabo o no un juicio político contra el presidente Donald J. Trump por solicitar la ayuda de un gobierno extranjero para denostar a un posible rival político en la elección presidencial del próximo año.
Hasta el momento ni el gobierno estadounidense ni tampoco Lighthizer han revelado detalles de la reunión.
