Por Nacho Doce y Daniel Flynn
SOACHA, Colombia, 20 sep (Reuters) - Yeimy solloza con la cabeza entre sus manos mientras describe cómo su esposo estaba atado a un poste, amordazado y obligado a verla cuando era violada por cuatro combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace 12 años.
La mujer aseguró que su esposo, Elkin, había sido secuestrado por el Frente 45 de las FARC en el departamento del Tolima, en el centro de Colombia, después de negarse a pagar un impuesto revolucionario o entregar a su hijo de seis años a los rebeldes izquierdistas para formar parte del grupo armado.
Después de caminar por la selva durante días para encontrar el campamento rebelde, Yeimy suplicó por la liberación de su esposo, pero el comandante de las FARC, conocido por el nombre de guerra de Pepito, exigió un precio terrible, según relató.
"Me dijo: 'Elegiré a cuatro de mis hombres y ellos podrán hacer lo que quieran contigo'", narró la mujer de 37 años, que pidió no revelar su apellido.
Después de conseguir un acuerdo para la liberación de su esposo, Yeimy huyó con su familia a Soacha, una ciudad cercana a la capital colombiana, Bogotá, que alberga a decenas de miles de personas desplazadas por el conflicto.
Pero dos años más tarde los rebeldes que habían secuestrado a Elkin los encontraron, alegando que la pareja todavía les debía a las FARC el llamado impuesto revolucionario. La mujer dijo que se llevaron a su esposo, le dispararon y lo mataron.
Yeimy es una de las cientos de mujeres que se acercaron a hablar con los grupos de víctimas sobre presuntos abusos sexuales en el conflicto armado de más de cinco décadas luego del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC y que estableció la creación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), un tribunal que conocerá los crímenes de todas las partes.
La mujer inició sesiones de terapia con un psicólogo para superar su miedo y poder testificar ante un defensor público, dijo Sonia Tarquino, que dirige un programa para víctimas en Soacha.
Reuters no pudo verificar la versión de Yeimy de forma independiente. Un portavoz de las FARC se negó a comentar sobre las denuncias individuales de crímenes de guerra desde el acuerdo de paz, diciendo que estos casos serán conocidos por la JEP. Pero el mes pasado, tres asociaciones de víctimas entregaron 2.000 casos documentados de abuso sexual al tribunal.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijo que a los responsables no se les permitirá escapar de la justicia, aunque serían elegibles para recibir sentencias que no sean de cárcel si reconocen sus crímenes.
El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia estima que 15.687 personas fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto, a manos de escuadrones paramilitares de derecha, las fuerzas de seguridad y los grupos guerrilleros de izquierda.
Los grupos armados utilizaron la violencia sexual, incluida la violación en grupo, para infundir miedo en las comunidades, como una manera de imponer su control sobre un área y como un castigo, según organizaciones de derechos.
El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC garantiza sentencias alternativas a la cárcel por delitos relacionados con el conflicto, siempre que los responsables admitan completamente su responsabilidad y confiesen la verdad sobre lo ocurrido. También proporciona a los excombatientes que se desarmaron alojamiento y una asignación económica mensual.
Los términos del acuerdo provocaron indignación en muchos colombianos que lo rechazaron en un plebiscito en una sociedad profundamente dividida, aunque finalmente fue aprobado por el Congreso con una versión modificada que no satisfizo las exigencias de los críticos.
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IMPLEMENTANDO LA OFERTA DE PAZ
El presidente de Colombia, Iván Duque, quien asumió el cargo en agosto, prometió endurecer los términos del acuerdo de paz y hacer que los excomandantes de las FARC paguen por sus crímenes en prisión. El mandatario dice que los culpables de violencia sexual no deben recibir tratamiento especial por el pacto.
Sin embargo, Duque se enfrenta al desafío de revisar el acuerdo, ya que la mayoría de los partidos en el Congreso lo apoyan y la Corte Constitucional también dictaminó que los términos del pacto no se pueden modificar por tres períodos presidenciales.
El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo con las FARC, dijo a Reuters en una entrevista en julio que la mayoría de los colombianos quieren que se implemente para pasar la página del conflicto.
Duque se comprometió a no hacer nada que pueda descarrilar el acuerdo, ya que su gobierno busca restaurar la paz, pero un portavoz de la presidencia dijo que continuará presionando para que los violadores no reciban una amnistía.
Sin embargo, con grandes áreas de Colombia aún controladas por grupos armados como las disidencias de las FARC, bandas criminales respaldadas por carteles mexicanos y el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), algunos temen que un cambio al proceso de paz pueda llevar a más rebeldes desmovilizados a tomar las armas de nuevo.
Más de 7 millones de personas, casi una sexta parte de la población, siguen desplazados por la violencia en Colombia después de décadas de conflicto interno, según cifras del gobierno.
ABUSOS POR PARAMILITARES Y LAS FARC
Tarquino, quien dirige el programa de víctimas en Soacha, ha organizado en los últimos cuatro años reuniones para mujeres maltratadas durante el conflicto. Muchas, al igual que Yeimy, tenían familiares asesinados por los rebeldes de las FARC o los paramilitares de derecha.
Lina, quien ahora tiene 49 años y a quien se le pidió no revelar su apellido, aseguró que fue atacada sexualmente hace 22 años en el norte de Colombia por paramilitares pertenecientes al frente Héroes de los Montes de María, que abusaron de ella usando una vara para tienda de campaña.
Los grupos paramilitares, que continuaron operando en muchas partes de Colombia a pesar de un acuerdo de paz del 2006, fueron fundados por terratenientes, ganaderos y comerciantes para protegerse de los ataques rebeldes, pero rápidamente recurrieron al narcotráfico y la violencia.
La provincia natal de Lina, el departamento de Sucre, estuvo involucrada en un escándalo que estalló en el 2006 por los vínculos entre paramilitares y los políticos locales que resultó en la captura de varios congresistas.
"Los médicos fueron nombrados por ellos. El alcalde fue nombrado por ellos", dijo Lina. "Tuve que ponerme una máscara para ocultar el dolor que sentía por mi hijo. Después de 22 años, finalmente puedo declarar los hechos a las autoridades competentes".
El Gobierno de Colombia proporciona compensación a las víctimas de violencia sexual, incluida la violación, en virtud de una ley de 2011.
Lina rindió testimonio ante un defensor público y fue clasificada como víctima, pero aún no ha recibido ninguna compensación. Sus documentos del caso, revisados por Reuters, reconocen que sufrió violencia sexual, tortura y lesiones personales.
La mujer participó en una reunión secreta este año con exparamilitares, incluido uno de los hombres que la abusaron, en la que pidieron perdón. Reuters revisó un video de la reunión, pero Lina pidió no revelar su ubicación ni la identidad de los hombres.
"Nosotros, como mujeres, tenemos que perdonar porque no podemos vivir con este enojo dentro de nosotros", concluyó Lina. (Traducido por Luis Jaime Acosta, Editado en español por Juana Casas)