por Almudena Alvarez
Infosel, septiembre. 26.- El gobierno de México dejó en claro que, tras dos años de tomar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, del poblado de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, la narrativa oficial del gobierno anterior, conocida como "verdad histórica", está totalmente colapsada.
Los encubrimientos, las mentiras y las torturas que realizaron quienes encabezaron esas investigaciones en el gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto dejan en claro para el gobierno actual que la supuesta quema de los estudiantes en un basurero de Cocula, cercano a la ciudad de Iguala, donde fueron supuestamente detenidos los normalistas, es absolutamente falsa.
Si bien, el motivo de la desaparición de los estudiantes, una confusión en la lucha que sostenían los cárteles de la droga Guerreros Unidos y los Rojos en Iguala, perdura, la forma en que fueron detenidos los jóvenes y, sobre todo, el paradero de ellos no es el que delineó el gobierno anterior, más cuando el gobierno actual develó hoy que ya se identificó a otro de los estudiantes por restos encontrados en otro sitio distinto al basurero.
"Esta identificación genética marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los que se fundó la verdad histórica que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas. La verdad histórica se ha colapsado", dijo Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y quien fue comisionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar la investigación entorno a esa desaparición.
El estudiante identificado fue Christian Alfonso Rodriguez Telumbre.
Encinas hizo sus comentarios al presentar un informe en Palacio Nacional sobre la evolución de la investigación que el dirige a seis años de los incidentes que tuvieron lugar en Igual y que para algunos analistas políticos conformaron uno de los eventos más negativos del gobierno anterior, sobre todo por la forma como condujo la investigación y por las irregularidades que se detectaron en las conclusiones a las que llegó esa administración.
Ante el reclamo de los padres de los estudiantes desaparecidos, quienes estuvieron presentes en Palacio Nacional, López Obrador dijo desde su campaña electoral que en caso de ganar su gobierno buscaría aclarar lo que ocurrió a fin de conocer el paradero de los estudiantes y encontrar a los culpables materiales e intelectuales del crimen.
Claro que ahora, el gobierno de López Obrador también ha presentado demandas penales contra exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto por supuestamente encubrir, torturar y falsear la información del caso.
De ahí que Encinas dijeran que el gobierno actual ha solicitado 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 70 ya han sido liberadas y 34 ejecutadas, entre ellas la Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), el brazo detective de la que era la Procuraduría General de la República (PGR) y que hoy se conoce como Fiscalía General de la República (FGR).
Zerón es hasta ahora el funcionario con el rango más alto del gobierno anterior acusado por el caso Ayotzinapa. Es, además, considerado prófugo de la justicia y aparentemente ha sido localizado en Israel.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo también en un video transmitido en la ceremonia de presentación del informe, que Zerón y otros miembros de la AIC robaron mil millones de pesos (45 millones de dólares) del presupuesto de la Procuraduría.
Zerón fue el principal orquestador de las mentiras y de los encubrimientos, pero "no lo hizo gratuitamente, él tuvo un pago, él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR, que sustrajo de manera fraudulenta con varios cómplices dentro de la institución y con la anuncia de sus superiores", dijo el Fiscal General.
Además de Zerón, el gobierno también informó que detuvo ya, gracias a una orden de aprehensión girada en su contra, al ministerio público, Blanca Alicia "N" por haber realizado actos de tortura y desaparición forzada, además de que falseó la información sobre la ubicación de Zerón durante las investigaciones.
De las 34 personas detenidas algunas de ellas son "integrantes del grupo delictivo [que realizó la detención ilegal de los estudiantes, mientras que hay también] policías federales, ministeriales, agentes del Ministerio Público federal, policías federales y policías municipales, con lo que suman 80 personas detenidas al momento", dijo Encinas, resaltando también la detención de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial
Los padres de los estudiantes han indicado que sospechan que también algunos militares, vinculados con las bandas del crimen organizado en Guerrero, participaron en las detenciones de los estudiantes.
En ese sentido, el presidente López Obrador, quien atendió el informe de Encinas, aseguró a los padres que ya se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares y que se van a ejecutar.
"Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado", dio el mandatario. "Ese es un avance, el que no exista encubrimiento, hay desde luego resistencias, porque todavía no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario, todavía en todo el gobierno están ahí enquistados, pero no van a poder detener la voluntad que tenemos de que se haga justicia".
Infosel, septiembre. 26.- El gobierno de México dejó en claro que, tras dos años de tomar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, del poblado de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, la narrativa oficial del gobierno anterior, conocida como "verdad histórica", está totalmente colapsada.
Los encubrimientos, las mentiras y las torturas que realizaron quienes encabezaron esas investigaciones en el gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto dejan en claro para el gobierno actual que la supuesta quema de los estudiantes en un basurero de Cocula, cercano a la ciudad de Iguala, donde fueron supuestamente detenidos los normalistas, es absolutamente falsa.
Si bien, el motivo de la desaparición de los estudiantes, una confusión en la lucha que sostenían los cárteles de la droga Guerreros Unidos y los Rojos en Iguala, perdura, la forma en que fueron detenidos los jóvenes y, sobre todo, el paradero de ellos no es el que delineó el gobierno anterior, más cuando el gobierno actual develó hoy que ya se identificó a otro de los estudiantes por restos encontrados en otro sitio distinto al basurero.
"Esta identificación genética marcó un importante precedente dentro de la nueva investigación al cuestionar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los que se fundó la verdad histórica que señaló al basurero de Cocula como destino final de los 43 normalistas. La verdad histórica se ha colapsado", dijo Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y quien fue comisionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar la investigación entorno a esa desaparición.
El estudiante identificado fue Christian Alfonso Rodriguez Telumbre.
Encinas hizo sus comentarios al presentar un informe en Palacio Nacional sobre la evolución de la investigación que el dirige a seis años de los incidentes que tuvieron lugar en Igual y que para algunos analistas políticos conformaron uno de los eventos más negativos del gobierno anterior, sobre todo por la forma como condujo la investigación y por las irregularidades que se detectaron en las conclusiones a las que llegó esa administración.
Ante el reclamo de los padres de los estudiantes desaparecidos, quienes estuvieron presentes en Palacio Nacional, López Obrador dijo desde su campaña electoral que en caso de ganar su gobierno buscaría aclarar lo que ocurrió a fin de conocer el paradero de los estudiantes y encontrar a los culpables materiales e intelectuales del crimen.
Claro que ahora, el gobierno de López Obrador también ha presentado demandas penales contra exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto por supuestamente encubrir, torturar y falsear la información del caso.
De ahí que Encinas dijeran que el gobierno actual ha solicitado 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 70 ya han sido liberadas y 34 ejecutadas, entre ellas la Tomás Zerón de Lucio, el exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), el brazo detective de la que era la Procuraduría General de la República (PGR) y que hoy se conoce como Fiscalía General de la República (FGR).
Zerón es hasta ahora el funcionario con el rango más alto del gobierno anterior acusado por el caso Ayotzinapa. Es, además, considerado prófugo de la justicia y aparentemente ha sido localizado en Israel.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo también en un video transmitido en la ceremonia de presentación del informe, que Zerón y otros miembros de la AIC robaron mil millones de pesos (45 millones de dólares) del presupuesto de la Procuraduría.
Zerón fue el principal orquestador de las mentiras y de los encubrimientos, pero "no lo hizo gratuitamente, él tuvo un pago, él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR, que sustrajo de manera fraudulenta con varios cómplices dentro de la institución y con la anuncia de sus superiores", dijo el Fiscal General.
Además de Zerón, el gobierno también informó que detuvo ya, gracias a una orden de aprehensión girada en su contra, al ministerio público, Blanca Alicia "N" por haber realizado actos de tortura y desaparición forzada, además de que falseó la información sobre la ubicación de Zerón durante las investigaciones.
De las 34 personas detenidas algunas de ellas son "integrantes del grupo delictivo [que realizó la detención ilegal de los estudiantes, mientras que hay también] policías federales, ministeriales, agentes del Ministerio Público federal, policías federales y policías municipales, con lo que suman 80 personas detenidas al momento", dijo Encinas, resaltando también la detención de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial
Los padres de los estudiantes han indicado que sospechan que también algunos militares, vinculados con las bandas del crimen organizado en Guerrero, participaron en las detenciones de los estudiantes.
En ese sentido, el presidente López Obrador, quien atendió el informe de Encinas, aseguró a los padres que ya se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares y que se van a ejecutar.
"Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado", dio el mandatario. "Ese es un avance, el que no exista encubrimiento, hay desde luego resistencias, porque todavía no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario, todavía en todo el gobierno están ahí enquistados, pero no van a poder detener la voluntad que tenemos de que se haga justicia".