El default de Venezuela es sólo cuestión de tiempo. Si bien el pago de la deuda ha sido una prioridad del gobierno de Nicolás Maduro, la disminución de la liquidez externa y el deterioro de la situación interna (hiperinflación de tres dígitos, escasez y crisis política entre el gobierno y la Asamblea Nacional) lo convierten en una tarea desalentadora.
Para el año 2020, Caracas deberá pagar el 30% de la deuda externa que vence en los próximos 23 años.
Venezuela puede acceder a la liquidez por tres principales vías. La primera opción es tomar prestado directamente en el mercado financiero, lo que implica que el país debe pagar una prima de riesgo cada vez más prohibitiva debido al miedo de los inversores a la omisión soberana. La segunda opción, utilizada con intensidad en los últimos años, es tomar dinero prestado de sus aliados, especialmente de China.
Desde 2009, Venezuela ha pedido prestado al menos 60.000 millones de dólares a China (a través del fondo venezolano-chino) a cambio de vender petróleo a precios con descuento. Los préstamos en cuestión fueron utilizados para pagar a los fabricantes extranjeros y pagar la deuda externa, como en 2015. Este intercambio de buenas prácticas se mantuvo mientras los precios del petróleo estuvieron muy altos y la situación política de Venezuela era estable en términos generales.
Desde 2016, China ha tomado una medida estratégica para reducir la exposición a Venezuela, lo que resultó en la repatriación de ingenieros chinos de la industria del petróleo (que suplieron la escasez de mano de obra local), el fin de la ayuda financiera y la reducción de las importaciones de crudo.
En este contexto, resulta muy improbable que Venezuela pueda contar con el gigante asiático para el reembolso de sus préstamos, lo que aumenta la probabilidad de default soberano en el mediano plazo.
La última opción que le queda a Maduro es a través de la petrolera nacional, PDVSA (Petróleos de Venezuela SA). PDVSA es la principal fuente de ingresos y acceso a divisas extranjeras y es fundamental para aquellos que buscan obtener una apreciación real de la desorganización y el futuro económico de Venezuela.
En los últimos cinco años, ha representado todas las ganancias en divisas extranjera del país – en alrededor del 93%.
El mecanismo financiero es muy sencillo: PDVSA toma dinero en efectivo en el mercado financiero estadounidense a través de su filial local, Citgo Petroleum Corporation, la sexta refinería estadounidense, luego ese dinero se transfiere a PDVSA y una parte significativa se asigna al presupuesto del gobierno venezolano.
Como los bonos se emiten bajo la ley estadounidense, que ofrece un buen nivel de protección a los inversores, las tasas de endeudamiento son más asequibles que si los bonos se emitieran en virtud de la ley venezolana. Hasta hace muy poco tiempo, ésta ha sido la manera menos costosa para que el país caribeño tomara dinero prestado.
Sin embargo, el acceso a liquidez y a la moneda extranjera está siendo cuestionado por las crecientes dificultades financieras que tiene PDVSA. Esto se remonta al período 2003-2004, cuando el difunto presidente Hugo Chávez decidió transferir la mayoría de los ingresos de PDVSA al presupuesto del Gobierno para financiar las misiones bolivarianas -una serie de programas sociales- en lugar de invertir en capex para aumentar la productividad de la empresa.
La falta de inversión no tuvo un impacto inmediato en la situación financiera de PDVSA mientras los precios del petróleo estuvieron por encima de los 100 dólares el barril. Después de todo, era suficiente para cubrir el costo de producir un barril de crudo venezolano (que están entre los barriles más caros de producir en el mundo, a unos 23,50 dólares frente a los 10 dólares que se ofrece en la Península Arábiga) ... y equilibrar el presupuesto del Gobierno.
La caída de los precios del petróleo a partir de mediados de 2014 llevó a una caída masiva en la producción de crudo, así como menores márgenes de beneficio y los ingresos fiscales.
Hasta el momento, PDVSA sigue pagando a sus bonistas con dinero en efectivo, lo que explica por qué el 80% de ellos compran bonos cuando expiran. La empresa intenta mantener la ilusión de una buena situación financiera, pero esto es engañoso.
La compañía se está quedando sin efectivo. Mantiene el pago de los tenedores de bonos para no cortar el flujo de financiación del gobierno venezolano, pero ya no puede pagar a las compañías extranjeras de servicios en campos petrolíferos.
Desde hace dos años, PDVSA ha utilizado ampliamente diversos instrumentos financieros (notas de crédito y papeles comerciales) para liquidar las facturas pendientes con empresas extranjeras, como General Electric (NYSE:GE), para retrasar las consecuencias de este problema. Estos instrumentos no son muy líquidos y están sujetos a recortes, pero tienen dos principales ventajas inmediatas.
1) Le otorgan a PDVSA un margen de maniobra adicional en el pago de sus acreedores, hasta seis años. Además, ofrecen a sus acreedores la posibilidad de ser reembolsados por la confiscación de activos de PDVSA por decisión de la Cámara de Comercio Internacional, organización internacional independiente cuya secretaría se encuentra en París.
A corto plazo, PDVSA enfrenta un desafiante programa de pago de deuda, ya que necesita pagar 3.200 millones de dólares entre octubre y noviembre. Basado en informes oficiales, la petrolera estatal sólo tiene 2.000 millones de dólares en efectivo para el servicio de sus obligaciones de deuda. Sin embargo, un default es improbable este año; luchar contra una crisis política y quebrar al mismo tiempo sería demasiado complicado de manejar. Venezuela todavía parece estar dispuesto y capaz de pagar.
2) En el peor de los casos, PDVSA podría utilizar un período de gracia de unas pocas semanas, como lo hizo el año pasado, con el fin de "sacar las monedas del sofá" para pagar estas facturas. La empresa todavía puede obtener un nuevo préstamo de la petrolera rusa Rosneft (MCX:ROSN) y proponer como garantía sus participaciones en campos petrolíferos; podría obtener financiación de los bancos públicos de Venezuela (que ya se ha hecho recientemente por unos 500 millones de dólares); o el Gobierno puede decidir utilizar las reservas extranjeras del banco central que se calculan oficialmente en 10.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones están en efectivo y 9.000 millones en lingotes de oro.
Sin embargo, el default parece inevitable en el mediano plazo debido al prolongado período de bajos precios del petróleo y al aumento de las sanciones por parte de los EE.UU.. La orden ejecutiva del presidente Trump del 24 de agosto de 2017 reforzó las sanciones contra PDVSA al prohibir todas las transacciones relacionadas con nuevas deudas con un vencimiento superior a 90 días e impidiendo a Citgo repatriar dividendos a Venezuela.
Al cortar el acceso a una fuente esencial de financiación, el gobierno de Donald Trump está precipitando la quiebra de PDVSA y, dada la función económica clave de la empresa, de la propia Venezuela.
Cualquier salida de la crisis implicará necesariamente un aumento en la producción de petróleo. Desde 2005, el país tiene como objetivo producir cinco millones de barriles al día, pero este objetivo nunca se ha logrado y ha sido rechazado año tras año. En los primeros siete meses de 2017, la producción promedio de petróleo fue de 1,9 millones de barriles diarios. El objetivo de multiplicar la producción de petróleo por 2,5 es alcanzable siempre que el Gobierno de Maduro permita que el sector privado local intervenga y firme acuerdos con empresas extranjeras.
En ese sentido, Maduro, PDVSA y compañía podrán inspirarse en los EE.UU., que aumentó la producción de petróleo de 4,3 millones a 9,5 millones de barriles diarios en los últimos cinco años dependiendo de numerosas pequeñas compañías privadas de petróleo de esquisto. Sin embargo, esto también implica el pleno respeto de la propiedad privada, la protección de los inversores minoritarios y la estabilidad política.