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Las criptomonedas y el lavado de dinero: ¿Mito o realidad?

Publicado 28.12.2017, 01:22 a.m
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Mucho se ha dicho acerca del uso del Bitcoin y de las criptomonedas en general para distintos usos perseguidos, como delitos con el dinero fiduciario tradicional que hoy circula en la economía.

Joseph Stiglitz sostiene que el Bitcoin es perfecto para fines ilícitos, como lavado de dinero o evasión fiscal, y que si se le exigiera la misma transparencia que se exige a los bancos en operaciones con Bitcoins, éstas desaparecerían.

Otras voces más involucradas en el sistema financiero, como Larry Fink de la administradora Blackrock (NYSE:BLK), coinciden que el Bitcoin se utiliza principalmente para el lavado de dinero. Goldman Sachs (NYSE:GS) advirtió que la más famosa de las criptomonedas no es una reserva de valor, dada su volatilidad, mientras el presidente de JPMorgan (NYSE:JPM) la califica de estafa y fraude.

Ante tantas críticas, podríamos mencionar que no hay nada más anónimo que el dinero en efectivo.

El lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen en el sistema financiero.

Hubo un tiempo en el que el crecimiento de los bancos en todo el mundo se hizo a costa de hacer la vista gorda sobre el dinero “negro”, es decir el dinero ilegal. Pero la presión de diversos organismos internacionales de control, como el Financial Stability Board, GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y los mayores controles contra el lavado de dinero en el circuito formal por parte de los mismos bancos impactó en un mayor dinamismo de los canales informales, tal como sucede en cualquier sector o país del mundo. Estas regulaciones actuaron paradójicamente a favor del desarrollo de una mayor economía en negro, la misma que quiso combatir con dichas regulaciones.

Un canal alternativo al control excesivo de los bancos

Las diferentes criptomonedas vienen a dar un canal alternativo al excesivo control de los bancos. Se trata de un sistema totalmente desregulado y sobre el cual los distintos organismos ahora tienen los ojos puestos.

Pero algunos organismos relativizan el uso de las criptomonedas para el lavado de dinero: el informe de la Agencia Nacional del Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) británica indica que el riesgo de lavado de dinero es relativamente bajo.

La utilidad del Bitcoin para el delito cibernético es comparativamente más alta: proporciona una forma sencilla para que los delincuentes exijan el pago y le da asimismo un método para blanquear el producto del delito cibernético.

Algunos países promueven la libre movilidad de los capitales, y otros lo regulan porque saben que pueden convertirse en capitales golondrina: hoy los chinos eluden los controles a la salida de capitales a través del Bitcoin, pero eso no es lavado dinero.

Lo que sí representa un delito común son los ciberataques a nivel mundial, que vienen precedidos por rescates que se han estado pagando en Bitcoins. Esto se da porque es un activo totalmente desregulado y permite no dejar rastros a su paso cuando se lo utiliza. Otras monedas más anónimas, como Monero y Zcash, están siendo empleadas no solo para realizar lavado de dinero, sino para juegos de azar en línea por Internet en aquellas jurisdicciones en donde está prohibido entre otros usos.

Pero la naturaleza descentralizada de las criptomonedas hace que sea muy difícil de determinar qué tipo de jurisdicciones aplican a casos de lavado de dinero. En caso de poder identificarla, el siguiente problema y bajo qué leyes imputar a los infractores, si es que las hay porque no están tipificadas para el dinero virtual sino para el dinero fiduciario: todas las leyes de lavado de dinero se aplicaron hasta ahora solamente al dinero fiduciario, y por el momento, el Bitcoin no ha sido reconocido por la mayoría de los gobiernos como una moneda legal (salvo en Japón). Además de Venezuela, Estonia, Suecia, Canadá y China han contemplado la posibilidad de crear una moneda digital, aunque en diversos casos fracasó por estar en contra y chocar con la regulación actual en cada país.

Por último, si las transacciones llegan a traspasar límites fronterizos, sería muy difícil determinar cuál de los países es el que está obligado a proceder, y cuales leyes de dicho lugar son las que aplican.

Una característica de los activos virtuales como el Bitcoin es precisamente que se trata de monedas descentralizadas que no cuentan con la supervisión de un banco central.

Las actividades ilícitas que involucran a las criptomonedas y la persecución a los involucrados es casi una obligación de los reguladores, y son ellos los encargados de adaptar la legislación a los nuevos tiempos. Debería ser prioridad la integración no solo del Bitcoin, sino también de la tecnología Blockchain dentro de las legislaciones y regulaciones económicas a nivel mundial.

Las distintas iniciativas de control han cambiado el mapa del negocio: en el Estado de Nueva York en 2015, la llamada Bitlicense, estableció regulaciones para negociar monedas virtuales, lo que alejó a los mercados de moneda virtual (exchanges) del gran centro financiero, Nueva York. Hoy la mayoría de los exchanges están en Asia: en Hong Kong y China.

En septiembre de 2017, el Banco Popular de China prohibió el uso de Bitcoins en el sistema bancario y financiero para luchar contra el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

La Unión Europea de 27 países en ese sentido ha estado avanzando: el pasado viernes 15 de diciembre ha acordado el endurecimiento de las normas sobre el Bitcoin y otras monedas digitales para evitar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el plazo de un año y medio, las plataformas de compra/venta de Bitcoins y los proveedores de wallets (carteras digitales) con criptomonedas de clientes deberán tener a sus clientes identificados.

Los dos países donde más aumentó la transacción de Bitcoins en América Latina son Colombia y Venezuela por el posible lavado de dinero, además de Nigeria y Corea del Norte entre los países emergentes también.

Las cadenas para ver de dónde se originan los nuevos bloques de Bitcoins es pública, pero puede ser anónima, al igual que su compra/venta y envío.

Por ejemplo, el Gobierno argentino va a vigilar las operaciones de bitcoins para evitar lavado de dinero. En Argentina, los exchanges, wallets y brokers que hagan negocios con criptomonedas van a tener que identificar a sus clientes, pedir documentación y reportar las transacciones sospechosas.

Pero al mismo tiempo que se combate el posible lavado de dinero, el negocio hace que la legislación permita un mayor uso en la compra de activos offline: varios estados de los Estados Unidos han cambiado sus leyes para autorizar el uso de Bitcoins en la compra de propiedades inmobiliarias.

A medida que crece el número de empresas que aceptan pagos en moneda digital, existe un riesgo cada vez mayor de lavado de dinero en actividades como gastronomía, real estate u hotelería. Además, los bancos están empezando a usar las técnicas innovadoras de las Blockchains (bancos virtuales) en operaciones internacionales.

La razón principal por la que el Bitcoin es una herramienta potencial para el lavado de dinero es que las transacciones a realizar pueden mantenerse en el anonimato, y por su falta de regulación. Las casas de cambio de criptomonedas por lo general no deben exponer mucha información sobre sus usuarios, y eso lo vuelve más fácil al momento de realizar operaciones ilícitas: allí es donde el regulador deberá poner la lupa si quiere ser exitoso en controlar este delito, además de tipificarlo y legislar correctamente cada hecho que hasta ahora estaba solamente contemplado para los usos del dinero fiduciario nada más.

Para las entidades financieras reguladas, las criptomonedas tendrán que comenzar a ser consideradas en sus procesos de cumplimiento y prevención, en el momento en que los gobiernos de los países comiencen a reconocerlas como monedas. Pero regular el Bitcoin es modificar la esencia de cómo esta fue concebida para operar, por lo que los escollos no son pocos a la hora de intentar lograr identificar a sus usuarios y conocer el origen del dinero.

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