La ciberseguridad es considerada como un fenómeno creciente y preocupante a nivel global que para enfrentarla requiere una estrategia integral que los países deben implementar paralelamente e involucrando a los sectores público, privado y social, a fin de crear un protocolo de prevención y acción ante las amenazas locales y mundiales.
México está expuesto en materia de ciberseguridad. De los 137 mil millones de intentos de ciberataques que tuvo América Latina en 2022, nuestro país registró 85 mil millones, ubicándose en el primer lugar del continente, con un incremento del 40% respecto al año anterior.
En los últimos 4 años, dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pemex, CFE, Bancomext, la Lotería Nacional y recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional, han sido atacadas por cibercriminales. Esta situación ha causado alarma en el sector empresarial.
En nuestro país, más del 80% de empresas manifiestan haber sido víctimas de algún ataque cibernético que dejó pérdidas financieras, y reportaron que cada día se enfrentan a amenazas más sofisticadas, por lo que, buscan fortalecer sus sistemas de seguridad digital. Sin embargo, solo 12% de ellas están preparadas para enfrentar un ciberataque.
De acuerdo con el estudio: Cisco (NASDAQ:CSCO) Cybersecurity Readiness Index: Resilience in a Hybrid World, el 76% de las compañías espera que un incidente de ciberseguridad afecte su negocio en los próximos 12-24 meses. El ejercicio comprendió la participación de 6,700 directivos de ciberseguridad del sector privado en 27 mercados, entre los que se incluyó a México. Ahí, un 8% se encuentra en fase de principiante, 47% en etapa formativa, 30% en progreso y solo 15% en etapa madura para hacer frente a ciberseguridad.
México es uno de los países que recibe la mayor cantidad de ataques cibernéticos en el mundo. Las estadísticas arrojan que en 2022 sufrió 187,000 millones de intentos de ciberataques, un crecimiento de 20% frente a 2021.
Los ataques más comunes fueron a través de software malicioso o malware (56%) y phishing (47%), que es la suplantación de identidad. Por ello, los delitos cibernéticos no sólo generan costos para el sistema financiero, también afectan la inclusión, ya que, al difundirse, afectan la reputación de las instituciones y en consecuencia, la confianza de la población.
Es importante destacar que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incluye disposiciones en materia de ciberseguridad y tras su entrada en vigor en 2020, los tres países acordaron construir acciones de respuesta ante amenazas cibernéticas, así como fortalecer la colaboración y crear un mapa de ruta para promover regulaciones severas en la región.
Actualmente, el Congreso de la Unión de nuestro país, trabaja en la elaboración de una propuesta de Ley Federal de Ciberseguridad a través de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y del Senado y se estudian 15 proyectos de ley que convergen en la idea de crear un marco jurídico, ya sea a través de nuevas leyes o con modificaciones a la normativa existente, como el Código Penal y la Ley de Seguridad Nacional.
En el contexto económico y geopolítico actual, la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto clave para la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring), debido a que México debe garantizar a las empresas extranjeras que buscan instalarse o expandirse en nuestro territorio, contar con una estructura que proteja sus datos y sistemas digitales de los ciberataques.
Entre los principales retos para las empresas en el marco del nearshoring está la transformación digital, donde la Inteligencia Artificial está generando una creciente tendencia de utilizar tecnologías para la optimización de los procesos productivos.
La relocalización empresarial está creando la necesidad de conseguir personal calificado para construir una infraestructura tecnológica y lograr con ello procesos eficientes.
Cabe señalar que el crecimiento económico que se pretende general con el nearshoring para las empresas mexicanas, también las convierte en un blanco más atractivo para los ciberdelincuentes.
Los ataques de ransomware son los más comunes y en el contexto del nearshoring, su costo puede ser considerable con incrementos de hasta un 30%, pues los ciberdelincuentes conocen que el valor de la información y de los sistemas secuestrados.
Es necesario que las empresas implementen medidas de ciberseguridad eficientes, así como desarrollar políticas públicas claras. Para ello, es vital que exista una legislación clara y actualizada en la materia y con ellos, exigir que las empresas cumplan con los estándares de seguridad oportunos.
A pesar de que desde el año 2018 se han propuesto 11 iniciativas de reforma, en la actualidad, México no cuenta con legislación en materia de ciberseguridad. El reciente ciberataque a la Sedena, colocó nuevamente en el reflector la una Ley Federal de Ciberseguridad, preparada por el Senado de la República y la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Dicha iniciativa está cimentada en 4 pilares:
- Garantizar la seguridad nacional mediante la defensa del espacio digital.
- Crear un marco legal que permita sancionar o tipificar los ciberataques.
- Realizar pruebas de penetración anualmente a las instituciones públicas y privadas.
- Crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad controlada por el Ejecutivo, similar a los modelos seguidos por la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.
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