- La adquisición de esos fideicomisos como la Fibra E podrían darle derechos a los tenedores.
- Los contratos provenientes de de afores y fondos de inversión indican rendimientos no garantizados es decir, existe un rendimiento preferente.
- Se requiere una revisión profunda técnica puesto que no existe un plan de desarrollo urbano a los alrededores.
Regularmente la línea de mis publicaciones se enfoca a cuestiones asociadas con las criptomonedas y su ecosistema. No obstante, es menester aclarar que dicho tema deriva de un análisis constante sobre el mercado, aspectos financieros y políticos. Es por ello, que en esta ocasión retomo los mismos temas como la política o finanzas con la diferencia de que el actor principal es el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). Me permito escribir al respecto primero, porque es un tema fundamental que tiene una alta probabilidad de encausar el rumbo de las próximas elecciones que se encuentran a la vuelta de la esquina; y segundo, porque se trata de mi país.
Comenzando con el Director General del Grupo Aeroportuario, Federico Patiño Márquez, la construcción de este aeropuerto resulta trascendente por la capacidad de transporte no sólo en términos turísticos, sino que también para las necesidades aeroportuarias y su logística de comercialización. Indica que la convivencia entre aeropuertos a nivel internacional multiplicará la capacidad de transporte haciendo más eficientes las operaciones, donde los productores tendrán una oportunidad más sólida, como en países de África o China donde resulta difícil por las capacidades del aeropuerto actual.
Financiamiento y Fibra E
El proyecto original indica un presupuesto de 13 mil millones de dólares y recientemente nos hemos enterado que una de las formas de financiar el NAICM involucra fideicomisos públicos a través de Nacional Financiera (NAFIN), institución encargada de gestionar los recursos asociados con los contratistas, puesto que no existe una entidad que controle de manera directa las finanzas. Hasta el momento se tiene un estimado del 70% de capital privado, Patiño reconoce que el esquema de financiamiento ha sido diferente al de un inicio y que el aumento de la participación privada ha sido una consecuencia por los cambios en los precios del petróleo.
De los instrumentos para financiar el proyecto, surge la Fibra E (Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura), regulado por CNBV con el cuál se podrían obtener hasta 70,000 millones de dólares en inversión según cifras de Ernst & Young. Este instrumento surge principalmente por la caída en los precios del petróleo y la depreciación del peso y se considera que es una forma de atraer a nuevos inversionistas dentro del sector de infraestructura. Dicho por Patiño, lo que se busca es evitar presionar las finanzas públicas e incrementar la participación privada con recursos de los mercados financieros.
Para el Ing. Javier Jiménez Espriú, miembro del grupo de AMLO, la adquisición de esos fideicomisos como la Fibra E, le dan derecho a los compradores por ejemplo: la participación en los comités, el derecho a transferir esos certificados por acciones en caso de que se “bursatilice”, derecho vetar o autorizar decisiones.
¿Cómo afectaría el pleito de acero comercial EEUU y China?
Respecto a las recientes declaraciones del presidente Trump sobre el acero comercial, Peña indica que esto no afectaría al proyecto puesto que la obra más importante que consume dicho material es el edificio terminal y los contratistas ya adquirieron el material, por lo que las fluctuaciones en los precios no afectarían y si llegase a suceder, sería marginal puesto que ya se tiene considerado el abastecimiento.
Lo que ya está comprometido y la opción de cancelar el proyecto
El porcentaje de avance considera un 45% para un presupuesto de 13 mil millones de dólares, el gobierno terminará el 30 de noviembre y el plan único es continuar con los trabajos para cumplir con los compromisos. Patiño informó que el nivel de avance es razonable y lo que se prevé es dejar fondeado el proyecto de tal forma que la siguiente administración se encargue de dar continuación.
Hasta el momento se tienen 321 contratos involucrados, el gobierno actual indica que ha sido la fuente de empleo de 45 mil personas pero que tendría un alcance de 450 mil empleos cuando entre en operación. En caso de que se cancelara, se estima una pérdida de 120 mil millones de pesos la cual no podría recuperarse, además de los 120 mil millones perdidos, se tendrían que cancelar empleos y plazas, sin contar la pérdida de reputación ante inversionistas extranjeros que han apostado.
La participación se distribuye de la siguiente manera: 45% proveniente de afores, 54% fondos de inversión 1% inversionistas internacionales. Estos contratos indican rendimientos no garantizados es decir, existe un rendimiento preferente, lo que implica que una vez realizados los pagos de todos los flujos remanentes, estos cubrirían a los certificados permanentes. En caso de cancelación, los flujos serían cubiertos por el actual aeropuerto con un plazo ajustado al servicio de la deuda de tal forma que se pudiese para cumplir con la deuda adquirida a partir de las AFORES. El tema con los contratos, es que cada uno tiene cláusulas de penalidad de tal forma que se estiman 40 mil millones de pesos entre multas por daños y perjuicios.
Lo anterior vaya que asusta en términos de todo lo que ya está comprometido; sin embargo, otro tema que no es cosa menor, es el de la corrupción, porque si bien es cierto, el proyecto es uno de las desarrollos más importantes por todo lo que implica, también existe la “sospecha” de que los acuerdos no sean totalmente legítimos, principalmente cuando se piensa en los beneficiarios de dicha construcción que son los contratistas y constructores recurrentes, como el caso de Carlos Slim. A esta sospecha se agregan otros factores: el involucramiento de la Sedena y el presunto uso de empresas fantasma. En el caso de la Sedena, la entidad encargada de la construcción de la barda, se ha publicado recientemente que dicha construcción se ha encarecido un 89%, además se ha revelado la participación de terceros como contratistas cuando la Ley de Obras Públicas establece que esta situación no puede darse bajo ninguna circunstancia. Aunque no se puede afirmar lo anterior, se ha dado a conocer a través de una investigación en un medio de comunicación, que dos de las constructoras que se tienen registradas como: Constructora camino real del valle y Constructora los 4 príncipes, no cuentan con registro alguno que dé certeza de su existencia, incluso de los propietarios.
Sobre el lugar
Algunos expertos e investigadores consideran que es indispensable la presencia de observadores a nivel internacional, puesto que existe la incertidumbre si el suelo donde se está construyendo es viable. Al respecto Patiño Márquez indica que la selección del lugar fue producto de muchos años de análisis por los “mejores” expertos desde 1960 y que lejos de implicar un daño, se rescatarían más de 5 mil hectáreas y se rehabilitarían de cuerpos de agua superiores a la de la bahía de Santa Lucía en Acapulco. Indica que los asentamientos han tenido una respuesta favorable de tal forma que la parte de cimentación se considera concluida y el siguiente paso será la construcción de torres para este año.
Jiménez-Espriú indica que no se tiene un proyecto ejecutivo para las llegadas; es decir, no existe un plan de desarrollo urbano a los alrededores, es por ello que se requiere una revisión profunda técnica y legal ya que es el lugar es el “menos apropiado” para realizar un proyecto de tal tamaño, y en contraste con la visión de Patiño, el asentamiento súbito de 5 centímetros que se dio como consecuencia del sismo ocurrido en septiembre, resulta preocupante si se piensa que dicho asentamiento se ha dado sólo en la superficie y aún falta mucho más por construir. Destaca que es una obra “no imposible, pero sí incosteable por lo que implicaría mantenerla”, debido a que los compromisos y omisiones que existan al día de hoy, podrían traer como consecuencia mayores costos a largo plazo.
Reflexión final
El tema de la construcción del NAICM se ha vuelto en definitiva uno de los aspectos más debatibles dentro del proceso de la elección presidencial. El principal detractor AMLO, ha indicado que en caso de que llegue a la presidencia, se realizarán un conjunto de auditorías para determinar si el proyecto es válido. Los fondos y contratos comprometidos se pueden reorientar y transferir con el objetivo de no “echar más dinero bueno al malo”, tal y como indicó Espriú.
Por el lado de los fideicomisos, éstos se colocarán en la BMV a través de una oferta pública y una de las condiciones es cuidar en todo momento los intereses de los tenedores, y aunque el gobierno federal ha indicado que no tendrán injerencia en el desarrollo del proyecto, habrá que estar muy al pendiente de aquellos que adquirieron estos títulos como Grupo Inbursa (MX:GFINBURO) (propiedad de Carlos Slim) o las Afores, puesto que los flujos de efectivo futuros podrían verse afectados por las variaciones en los precios del petróleo.
Federico Patiño se muestra bastante optimista (algunos podríamos pensar que hasta soñador) puesto que nos entusiasma con frases como: “este es un proyecto estratégico para la vida del país y construcción clave para los próximos 100 años... El aeropuerto es una demostración con visión de futuro para detonar el potencial turística, es un proyecto de Estado”. En general, el discurso, va encaminado hacia los grandes beneficios que podrían tener 1,700 empresas mexicanas, los 70 mil empleos que podrían generarse y los 7 mil visitantes en promedio que se podrían esperar y que su cancelación afectaría a las 40 mil familias que están trabajando en el AICM. Poner números de manera arbitraria podría resultar bastante sencillo, tener certeza de ello, es una tarea si no imposible, al menos bastante compleja de estimar, aunque los optimistas indiquen que esto ya se tiene muy bien estudiado.
El tiempo es corto y los compromisos se aceleran pareciera que con la intención de que sea más difícil revertirlo. Es por ello que la pregunta que no debe omitirse es: ¿qué consecuencias negativas podría traer dicho desarrollo a largo plazo? No olvidemos que el desvío de recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales ha sido una de las prácticas más recurrentes, y pensando en el encarecimiento que ha reportado Sedena (dependencia del gobierno), a muchos nos genera la duda si podría existir algún tipo de correlación dicho encarecimiento y el financiamiento de campañas política.
Por esta razón es mucho lo que está en juego y no sólo se trata de lo que se podría perder, sino los compromisos políticos que podrían estar detrás, por ello concuerdo con Espriú al menos cuando cita a Silva-Herzog: “bajo el ecosistema de la corrupción es nuestro deber ser suspicaces”.