En la columna de la semana anterior nos ocupamos del evento de impago de Ecuador del año 2008. Esta semana, en la segunda entrega de una serie de cuatro artículos sobre eventos de impagos soberanos, nos ocuparemos del caso de Uruguay del 2003.
En términos técnicos, Uruguay hizo un reperfilamiento de su deuda externa, es decir al enfrentarse a la futura imposibilidad de seguir pagando su deuda en los términos contratados originalmente, el país se anticipó al evento de impago, llamando a sus acreedores a cambiar voluntariamente sus títulos valores por nuevas series de bonos con cronogramas de pago mucho menos exigentes para el país.
Con este movimiento táctico Uruguay esperaba afectar lo menos posible su condición de deudor confiable mientras conseguía aliviar su carga financiera.
El primer problema que enfrentó Uruguay al intentar implantar el intercambio voluntario de deuda, fue que el FMI, actor relevante en estos procesos, no contemplaba en sus estatutos vigentes para la época el intervenir en este tipo de operaciones.
La única salida posible en el momento, fue combinar cláusulas contractuales incluidas en los bonos ya emitidos y sus sustitutos para estimular a la mayor cantidad de tenedores a aceptar el intercambio propuesto.
Antes de comenzar cualquier negociación, el país desarrolló una campaña informativa entre sus acreedores donde les mostraba que un intercambio amistoso ponía los precios de sus títulos de niveles del 35% al rango del 40%-50% de su valor facial. De no darse tal colaboración, el precio de la deuda podría ubicarse en el orden del 15%-20% del valor facial.
En un principio, se habló a los acreedores de extensiones en los plazos de vencimientos más que de haircuts, que son reducciones de los valores faciales de la deuda vigente al momento del intercambio, aunque al final los hubo.
El intercambio se implantó pidiendo como requisito a los interesados en recibir los nuevos títulos, el ceder al deudor la propiedad de los bonos “viejos”, lo que se conoce en argot de restructuraciones con el nombre de Exit Consent
Al lograr los deudores la tenencia de un gran porcentaje de las emisiones iniciales sujetas a intercambio, podían modificar cláusulas no financieras de los “bonos viejos” (cláusulas de reserva) , en las que se cambiaban las juridicciones internacionales por locales, se eliminaba la obligatoriedad de cotizar tales papeles en una bolsa de valores, y se eliminaban las cláusulas cruzadas de insolvencia y aceleración. El mensaje para los inversionistas renuentes a negociar era que se quedarían con títulos poco líquidos que serían percibidos por los mercados como de inferior categoría.
Los nuevos bonos incluían cláusulas de acción colectiva, que garantizaban que si en un futuro era necesario volver a negociar porque la estreches económica del país se volvía a repetir, tales clausulas garantizarían rápidas negociaciones donde los tenedores de deuda oportunistas (fondos buitres) no tendrían ninguna posibilidad de sabotear una nueva restructuración.
La deuda sujeta a intercambio era del orden de 10,7 millardos de dólares, que se cambió por tres lotes de títulos por valores nominales de 5,3 millardos de dólares; el 93% de los tenedores de deuda participó en el intercambio.
La principal lección del reperfilamiento de deuda de Uruguay, es que los inversionistas cuando reciben mensajes claros sobre la salud financiera de ente deudor y una intención de mantener un flujo ininterumpido de pagos pueden ser capaces de aceptar salidas dolorosas siempre que sean rápidas. No olvidemos que toda restructuración es en el fondo una historia triste con aires de tango.