La semana pasada abrió con la noticia de que el Presidente Xi Jinping someterá a consideración del parlamento chino, que tendrá su reunión anual este mes de marzo, una propuesta de reforma constitucional que le permita reelegirse de manera indefinida.
Dentro de la jerarquía del poder chino, los tres cargos de mayor peso son la Presidencia de la República popular, la Presidencia del Partido Comunista Chino (PCCh) y la Comandancia General del Ejército. En la actualidad el Presidente Xi, ejerce los tres cargos, pero al vencerse su segundo periodo de gobierno, no tiene por qué entregar las restantes jefaturas. Esta enmienda, es interpretada como un paso para concentrar poder de manera permanente.
Para el PCCh, la prohibición de una tercera reelección presidencial ha sido el mecanismo para evitar que una figura relevante permanezca en el poder un periodo lo suficientemente largo como para que se creen distorsiones en el ejercicio de dicho poder. De hecho, tal restricción surgió como lección de la fracasada revolución cultural promovida en los años 60 del siglo pasado por el Presidente Mao Zedong.
Si bien la expectativa general es que la mencionada reforma se apruebe. Existe gran curiosidad de la composición del voto de los 2080 miembros del parlamento, en particular sobre el número de abstenciones y votos en contra, ya que en este proceso se medirá hasta donde llega la influencia del Presidente Xi, sobre los miembros del partido.
En su primer periodo presidencial que terminó en septiembre de 2017, Xi se focalizó en el control de la corrupción y en el reforzamiento de la participación directa del PCCh en instancias de decisión controladas en los últimos treinta años por funcionarios de carrera, con particular énfasis en la toma de decisiones dentro del seno del gobierno corporativo de empresas propiedad del estado.
En este nuevo periodo, una vez garantizada la posibilidad de reelección, se espera que continúe desarrollando su plan de reforma económica basada en dos pilares: el aumento de la eficiencia de las empresas del estado y la reducción del endeudamiento financiero tanto de estas empresas como de los gobiernos locales.
En el caso de las empresas del estado el desapalancamiento vendría acompañado de fusiones dentro de empresas de un mismo sector de actividad. Si bien, desde la perspectiva de un extranjero poco informado de las luchas de poder tanto dentro del PCCh como de éste con la burocracia, el plan del Presidente Xi podría verse hasta con simpatía, los conocedores advierten que sin figuras de contrapeso y sin fecha de salida cierta, existe un gran peligro que la restructuración económica se convierta en un proceso de purga a los enemigos políticos.
Para los mercados es muy importante monitorear los movimientos de capitales de los empresarios locales. Si el temor a represalias aumenta la fuga de capitales, el yuan se devaluará (causando el disgusto del Presidente Trump) y el servicio de la deuda en dólares de muchas empresas chinas se encarecerá
Una economía con altos niveles de apalancamiento, y un sector de banca en la sombra poco regulado y pobremente capitalizado, pueden magnificar los efectos negativos de la fuga de capitales y de la ralentización de la economía como producto de las reformas dentro del seno de las empresas propiedad del estado. Si el Presidente XI no maneja con delicadeza el cambio que propone, puede que no lo paren los enemigos internos, pero muy bien podrían hacerlo los inversionistas externos temerosos del impacto de las peleas internas en el clima de negocios.