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Los proyectos de ley de criptomonedas en Panamá y Brasil avanzan rápidamente

Publicado 04.05.2022, 06:00 a.m
Los proyectos de ley de criptomonedas en Panamá y Brasil avanzan rápidamente
CONG
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La adopción de criptomonedas está ocupando un lugar destacado en la agenda política en América Latina, donde la legislación se acerca a la promulgación, aunque los mineros argentinos de Bitcoin (BTC) y criptomonedas han recibido una advertencia de que si los chips se caen, se les podría ordenar que apaguen sus plataformas.

En Panamá, Gabriel Silva (32), el parlamentario que ideó un proyecto de ley denominado “Criptoley: Haciendo que Panamá sea compatible con la economía digital, blockchain, criptoactivos e internet”, acudió a Twitter para festejar la aprobación de su proyecto de ley en una tercera lectura en el parlamento. El proyecto de ley aún deberá ser firmado por el presidente Nito Cortizo antes de que se convierta en ley, pero ese proceso ahora debería ser una formalidad y probablemente se completará en las próximas semanas.

Silva ha argumentado anteriormente que su proyecto de ley busca abrir la puerta a otros tokens, no solo a bitcoin (BTC), como es el caso de El Salvador. En esencia, el proyecto de ley establece un sistema de impuestos para los usuarios de criptomonedas, pero quizás, lo que es más importante, legaliza el uso de bitcoin (BTC), ethereum (ETH) y un grupo de altcoins como medios de pago reconocidos oficialmente.

Los tokens son XDC, XRP, algorand (ALGO), stellar (XLM), IOTA y elrond (EGLD).

A diferencia de El Salvador, donde BTC se convirtió en moneda de curso legal con la condición de que los comerciantes tienen prohibido legalmente rechazar a los clientes que deseen pagar en bitcoin, los comerciantes en Panamá tendrán la libertad de decidir qué monedas, si las hay, desean aceptar.

Mientras tanto, en Brasil, Senado Noticias informó que el Senado aprobó otro proyecto de ley sobre criptomonedas de miembros privados que busca crear una terminología legal para conceptos como criptoactivos y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés), la terminología que utiliza el Grupo de Acción Financiera Internacional.). El proyecto de ley también exige la creación de un organismo regulador de las criptomonedas y busca purgar las estafas con la creación de un nuevo delito legal relacionado con el "fraude relacionado con la prestación de servicios de activos virtuales, valores o activos financieros". Los infractores serían castigados con dos a seis años tras las rejas, además de multas.

Pero el proyecto de ley, que ahora se debatirá en el Congreso brasileño, también propone una serie de medidas a favor de las criptomonedas, incluidos protocolos simplificados de registro de VASP, así como exenciones fiscales para las operaciones de criptomineros que utilizan fuentes de energía renovables.

Sin embargo, al otro lado de la frontera en el suroeste, los criptomineros en Argentina advirtieron que se les ordenará cesar sus operaciones primero en caso de cortes de energía, y les dijeron que no recibirán subsidios de los organismos gubernamentales locales.

Según el medio de comunicación Continental (ETR:CONG), el gobierno de Tierra del Fuego, la provincia más austral del país y semillero de la criptominería, ha respondido a las acusaciones vertidas contra los mineros por el diputado Luciano Laspina.

Laspina señaló datos que, según él, eran de Cammesa, el administrador del mercado mayorista de electricidad, que mostraban que las mineras usaban actualmente el 22% de la energía de la provincia. Agregó que el sector no empleó a personas locales, no pagó impuestos e hizo su dinero en criptografía, que se transfirió a ubicaciones en el extranjero, sin contribuir en nada a la economía local.

Sin embargo, el jefe de energía de Tierra del Fuego, Moisés Solórza, recurrió a Twitter para afirmar que los predecesores del gobierno local actual habían implementado políticas de adopción de criptominería. Solórza afirmó que el gobierno ahora estaba trabajando para deshacer parte del trabajo realizado en este frente por la administración anterior.

Y Solórza afirmó que Laspina era culpable de difundir “desinformación” y hacerlo “maliciosamente”.

Continental informó además que el gobierno provincial ya había "restringido el uso de energía eléctrica para las granjas mineras de criptomonedas" y "advirtió" a los mineros que "serían los primeros en sufrir" si era necesario realizar cortes de emergencia "durante los meses de invierno".

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