El proyecto de ley en cuestión considera suspender por espacio de 180 días las actividades de criptominería y el comercio de criptoactivos en Paraguay, lo cual podría tener efectos negativos tanto para el ecosistema como para la economía local.
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- Legisladores paraguayos presentaron polémico proyecto de ley
- Plantea la suspensión por seis meses para actividades de criptominería y el comercio de criptomonedas
- Se basa en la preocupación por el incremento de actividades clandestinas de criptominería
- El país figura como un destino atractivo para las empresas de criptominería a nivel internacional
Restricciones a la criptominería De acuerdo con el proyecto de ley consignado ante la Asamblea del país, la iniciativa en cuestión se presentó el pasado 4 de abril, y contempla una prohibición para las actividades de criptominería por 180 días (seis meses), hasta que hayan leyes para regular dicha práctica, o en su defecto, que la empresa operadora de la red eléctrica pueda garantizar un suministro estable para todo el país.
Sin embargo, al revisar a más detalle el proyecto de ley, la iniciativa tendría implicaciones mucho más profundas para el ecosistema de las criptomonedas en el país sudamericano. Además de las restricciones a las operaciones de criptominería, la propuesta también incluye de forma textual una prohibición para “la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos”, por lo que también podría hacer sentir su peso sobre los mercados locales especializados.
La nueva prohibición para la minería viene a lugar en medio de los intentos del país por intentar establecer normas para regular estas operaciones, especialmente a razón de la proliferación de actividades clandestinas de este tipo. En la actualidad, el gobierno maneja un registro para todas las empresas de criptominería Bitcoin, las cuales también deben recibir autorización por parte del Ministerio de Industria y Comercio del país.
Sin embargo, la pausa total de las operaciones de criptominería podrían incluso tener efectos perjudiciales para la economía del país. En una entrevista para el medio Cointelegraph, el cofundador y estratega jefe de minería para Hashlabs Mining, Jaran Mellerud, aseguró que la nación percibe “más de 200 millones al año”, esto partiendo de que haya al menos unos 500 megavatios consumidos por entidades legalmente constituidas.
Melleurd también indicó que estos ingresos no son nada pequeños considerando las métricas que capitaliza el país anualmente, por lo que en su opinión, la industria de la criptominería ofrece una “contribución significativa y positiva a la balanza comercial” del país.
Senadores paraguayos quieren prohibir una industria que genera millones de dólares al gobierno paraguayo y representa una oportunidad única para obtener la soberanía energética.https://t.co/VQzupyRpHJ
— Joaquin Morinigo (@criptoboi) April 4, 2024
Paraguay, criptominería y monedas digitales Tal y como hemos indicado en reportes previos, Paraguay figura como uno de los destinos más atractivos para las empresas de criptominería, esto a razón de la gran cantidad de recursos energéticos y los bajos costos asociados.
Esto último ha sido beneficioso y perjudicial a la vez cuando se habla de actividades de criptominería, ya que tales condiciones han atraído a empresas reconocidas del espacio cripto como Marathon Digital (NASDAQ:MARA) y Sazmining que cuentan con instalaciones locales, pero también a personas y organizaciones que operan desde la clandestinidad, lo que ha generado problemas para la red eléctrica del país.
En 2022, la ANDE, la compañía estatal de energía, anunció nuevas tarifas más elevadas de energía para los mineros de criptomonedas en medio del crecimiento del negocio. El gobierno argumentó que para ese momento el aumento de la electricidad de hasta un 50% para el rubro tenía como objetivo reservar la energía para sectores más productivos.
Desde entonces, Paraguay ha estado advirtiendo sobre el crecimiento de las operaciones mineras ilegales de criptomonedas y su efecto en la estabilidad energética del país. A finales de 2022, ANDE alertó sobre múltiples operaciones ilegales de minería de criptomonedas que desviaban energía de la red eléctrica sin pagar, estimando pérdidas de USD $400 mil mensuales, aunque esto también ha derivado en al menos unos 60 procesos legales contra dichos actores.
Por último y no menos importante, ya desde el lado del comercio de las criptomonedas ha habido iniciativas legislativas. Sin embargo, las propuestas se han encontrado hasta ahora con el rechazo de la mayoría de los legisladores y del Ejecutivo nacional.
Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
Imagen de Unsplash, editada con Canva