El Estado de Alaska inició el miércoles una acción legal contra el gobierno federal, impugnando la última normativa sobre arrendamiento de petróleo y gas en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska (NPR-A).
La demanda responde a las medidas adoptadas en abril por el gobierno de Biden para restringir las actividades mineras y de extracción de petróleo y gas en Alaska. Las nuevas normas, cuyo objetivo es conservar los hábitats de la fauna salvaje y proteger el estilo de vida de las comunidades indígenas, impiden el desarrollo en el 40% de la NPR-A. Sin embargo, estas normas no afectan a las operaciones actuales de petróleo y gas.
El gobierno de Alaska sostiene que las normas se promulgaron sin consultar adecuadamente a las partes interesadas, sobrepasaron los límites de la autoridad del Congreso y se aplicaron precipitadamente para eludir el escrutinio legislativo. El NPR-A, que abarca 23 millones de acres en el North Slope de Alaska, representa el mayor territorio público virgen de Estados Unidos.
El fiscal general de Alaska, Treg Taylor, subrayó que la demanda es un esfuerzo por frustrar la extralimitación federal que socava la soberanía del Estado. El Estado argumenta que buscó activamente la participación durante el proceso de elaboración de las normas, proporcionando información detallada y solicitando más tiempo para la preparación de comentarios, pero afirma que las normas se aceleraron para evitar un cambio en la supervisión del Congreso.
Esta demanda sigue a otro reciente desafío legal de Alaska contra el gobierno federal. El martes, el Estado trató de reclamar los ingresos que considera que ha dejado de percibir debido a la cancelación por parte de la administración Biden de los contratos de perforación de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR), que abarca 19,6 millones de acres.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.