por Adrian Estañol Casáis
Infosel, noviembre. 21.- El gobierno corre el riesgo de ahuyentar nuevamente las inversiones del sector privado si cambia las políticas del sector energético de manera relevante, advirtieron analistas de la agencia calificadora Standard & Poor's (S&P).
Estas reducciones en la inversión privada, un factor que resulta clave para impulsar la economía mexicana, tendrían una mayor posibilidad de ocurrir si la administración de Andrés Manuel López Obrador opta por dejar a Petróleos Mexicanos como único operador en la mayoría de los proyectos que tiene planeado realizar en el futuro cercano.
"Suspender farmouts recarga en Pemex la responsabilidad de acelerar las inversiones", dijo Luis Manuel Martínez, director de S&P para México, en una rueda de prensa en Ciudad de México. "Si existe alguna desviación del plan de negocios de Pemex con respecto a los resultados, podríamos ver ajustes en inversiones".
En la jerga energética se define como farmout a un contrato mediante el cual se buscan socios que permitan una inversión mayor de la que podría realizar una compañía por sí sola, o que tengan una mayor tecnología para tratar de acelerar esos proyectos.
El gobierno de López Obrador, al cancelar el proyecto para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en los terrenos de lo que algún día fue el lago de Texcoco o al poner entredicho el éxito de la reforma constitucional que terminó con el monopolio estatal en materia de hidrocarburos fue, para muchos, responsable del freno de las inversiones privadas observado este año.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, o Inegi, la inversión fija bruta --o aquella que se realiza en maquinaria o construcción y que sirve para anticipar el futuro de la producción económica del país, acumula una pérdida de 4.3% entre agosto y octubre del año pasado, previo a que se conociera el fin del proyecto para construir el NAIM de Texcoco.
Ahora, sin embargo, el gobierno ha dialogado con la cúpula empresarial para llegar a un acuerdo que reactive las inversiones sobre todo en proyectos de infraestructura, con el objeto de revertir el crecimiento económico nulo observado en los tres primeros trimestres del año.
Aunque México depende cada vez menos del sector petrolero --cuyos ingresos aportan alrededor de 5% a la economía--, aún tiene el potencial de incidir en la percepción que tiene el inversionista del país, dijo Lisa Schineller, directora de calificaciones soberanas en América Latina de S&P.
"El sector petrolero en sí mismo no es gran parte de la economía, pero, el sentimiento de cambios en el sector y otros de la política sí puede tener impacto más amplio en la economía", dijo Schineller.
Tanto la calificación crediticia de México como la de la petrolera estatal Pemex, que actualmente se encuentran en un nivel de BBB+, o el octavo escaño dentro del llamado grado de inversión en la escala de S&P, están bajo revisión por un posible recorte o con perspectiva negativa.
Los analistas reiteraron que la nota de Pemex está ligada a cualquier movimiento de la calificación del país, pues existe la certeza que el gobierno apoyará a la empresa estatal más endeudada del mundo.
"La perspectiva negativa [de la calificación soberana] refleja un riesgo de deuda de Pemex impactando nuestra evaluación sobre soberano", dijo Schineller ante reporteros. "Si incluye la deuda Pemex con la deuda del gobierno, en un momento, ahora no, pero, la combinación puede pesar en una manera negativa la calificación de soberano y sobre la nota de Pemex también".
Hasta ahora, parece improbable que México pierda el grado de inversión, tomando en cuenta que está tres escaños por encima del nivel especulativo. Aun así, la percepción entre los inversionistas es contraria y siete de cada 10 manejadores de fondos de inversión consultados por el banco estadounidense Bank of America (NYSE:BAC) Merril Lynch piensan que el país perderá el grado de inversión ante las decisiones tomadas por el gobierno.
"La calificación [de México] hoy es 'BBB+', con perspectiva negativa, por debajo es 'BBB', por debajo 'BBB-' y luego 'BB+' que está fuera del grado de inversión. . . la perspectiva negativa tiene que ver con los factores que son de tendencia. No estamos señalando un colapso o falta de liquidez, estamos señalando tendencias fiscales y de crecimiento económico", dijo Joydeep Mukherji, director general del equipo de calificaciones de los soberanos en América Latina y el Caribe.
Mukherji explicó que en México y otros países el mercado bursátil tiene una percepción más volátil en comparación con la calificación soberana de un país que analiza un periodo incluso de hasta cuatro años.
Crecer o no al 4%
Para los analistas de S&P reunidos en la capital mexicana, resulta difícil pensar que México, y cualquier país de América Latina, crezca a un ritmo de 4%.
"En nuestras proyecciones no tenemos [un crecimiento económico de] 4%, pero importante también enfatizar en los años recientes nunca tuvimos un ritmo de 4%. . . sí un incremento, pero más suave porque requiere tiempo", dijo por su parte Shineller.
En promedio, Standard and Poor's ubicó la perspectiva de crecimiento económico de México en una tasa de 2% en el horizonte medio.
El gobierno mantiene la expectativa de crecer 4% al finalizar el sexenio mediante cambios en las políticas públicas, aunque con las expectativas creadas por los cambios estructurales, como lo fue la reforma energética durante la administración de Enrique Peña Nieto, el país no logró este nivel de crecimiento económico, dijo Shineller.
"El nivel de inversión ha sido históricamente bajo en México, cerca de 20%, y no es sólo inversión pública que ha sido baja, sino también la inversión privada. Mientras cuestiones como esa y mientras el nivel de intermediación se tan bajo, y eso no solo ha sido una característica de este gobierno ha sido histórica. . . va a ser muy difícil alcanzar de manera sustentable este crecimiento", dijo Sebastián Briozzo, analista del soberano y de finanzas públicas de S&P.
Los analistas mencionaron que el gobierno mexicano no cuenta con el espacio fiscal suficiente para implementar políticas contracíclicas que reactiven el crecimiento económico. Al momento, el impacto en la economía puede derivar de fortalecer el Estado de Derecho, mantener la disciplina macroeconómica, recuperar la confianza entre los inversionistas y disminuir la inseguridad.