11 ene (Sentido Común) - Las denuncias que presentaron hace más de cuatro años diversas empresas constructoras colombianas por las constantes alzas que registraban los precios del cemento llevaron a las autoridades antimonopolio de ese país a iniciar, en agosto de 2013, una investigación por la aparente colusión de diversas empresas, entre ellas Cemex (MX:CMXCPO) Colombia, la filial de la cementera mexicana Cemex, para fijar los precios del cemento.
Tras cuatro años de indagación, las autoridades que combaten las prácticas monopólicas en la nación sudamericana determinaron que efectivamente la filial de Cemex, junto con las compañías Cementos Argos (CN:CCB_p) y Holcim Colombia, orquestaron incrementos a los precios de ese material para la construcción en el periodo 2010-2012.
Como consecuencia, el gobierno de Colombia, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la agencia encargada de combatir las prácticas monopólicas en el país sudamericano, impuso una multa a Cemex Colombia por 24.5 millones de dólares el mes pasado y también sancionó a las otras dos compañías cementeras por haberse coludido para fijar los precios del cemento.
El aumento del precio es "injusto, desmedido y descarado, nunca antes visto en la historia del país", dijo uno de los constructores en la denuncia que presentaron hace unos años por las alzas al costo del cemento, de acuerdo con la resolución de la SIC consultada por Infosel.
La dependencia no ofreció el nombre, o detalles adicionales, de las empresas o personas que denunciaron las alzas al cemento en Colombia.
Colombia no es el único país donde el mercado de cemento está bajo la mira de las autoridades antimonopolios. En Alemania, Polonia, Venezuela y España los gobiernos están también revisando las prácticas de las empresas cementeras, principalmente por el bajo número de jugadores que existen y los aumentos similares y casi simultáneos que realizan las empresas.
En México no existe hoy una investigación, aunque sí la hubo en años pasados por posible colusión de los fabricantes de cemento. Esa investigación, sin embargo, no arrojó sanciones en contra de las empresas cementeras ubicadas en el país, entre ellas Cemex, la más grande.
No obstante, el año pasado sí hubo un enfrentamiento entre las compañías constructoras y los fabricantes de cemento por las alzas a ese material para la construcción.
Al final, la disputa no llegó a más, luego que los incrementos anunciados por las cementeras no se aplicaron en los porcentajes inicialmente programados.
En cambio, en Colombia los aumentos de 47% que registró el cemento en los seis meses anteriores a la denuncia que presentaron las empresas constructoras desataron la investigación gubernamental.
Los quejosos dijeron, además, que las cementeras ejecutaban al menos tres alzas de precios cada año, algo que les pareció exagerado y sin justificación.
Las cementeras no tienen "ningún tipo de control del gobierno para subir el precio", dijo otra denuncia recabada en el expediente elaborado por la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia de la SIC. "No hay quién las controle".
Las quejas de las constructoras relataban, en su mayoría, que las alzas de los precios del cemento afectaban la construcción de viviendas de interés social. Modus operandi En el caso colombiano, la investigación arrojó claras pruebas de que las cementeras actuaban como un solo agente para fijar los precios del cemento gris, en un claro caso de colusión que resultaba benéfico para esas empresas, pero perjudicial para las constructoras y finalmente de los consumidores.
"Aprovecho Carlitos para saludarte y sugerirte que busquemos subir el precio, esta (sic) vendiendo con precios bajos del año pasado", escribió, por ejemplo, la ejecutiva de una cementera a su contraparte en una compañía rival, en un correo electrónico sobre una cotización que había pedido un potencial cliente que requería 180 metros cúbicos de concreto para una obra en la región de Santander (MC:SAN).
"Sorprendida con ustedes cuando siempre teníamos como principio no meternos en obras comenzadas y ya te metiste en dos mías con precios más (sic) bajos y el único que sale ganando en todo esto es el cliente", agregó la ejecutiva en referencia a un aparente acuerdo para evitar la competencia.
Además de los correos electrónicos, el gobierno colombiano encontró archivos electrónicos --en particular libros de Excel-- que cuentan con información sensible de las tres empresas.
Los investigadores, por ejemplo, encontraron el archivo Book1.xls, en las computadoras de Cemex, donde detallan a Argos y Holcim como un bloque económico y a otros pequeños competidores como terceros. Esto generó sospechas de que las tres mayores empresas actuaban, como logró probarse más adelante, como una misma organización en cuanto a las cuotas del mercado de cemento.
Las tres mayores cementeras de ese país no se veían como competidores, como sí consideraban a las pequeñas y medianas empresas de ese mercado.
Cemex dijo que su filial colombiana pagará la multa pero planea interponer un recurso de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para que le sea restituida la sanción. Esta resolución podría tomar tiempo. Reuniones en Panamá, Ecuador La autoridad colombiana encontró, además, otros indicios que consideró sospechosos acerca del comportamiento de ejecutivos de las tres empresas investigadas.
Por ejemplo, esos ejecutivos viajaron a las mismas ciudades en fechas similares por cortos periodos de tiempo.
SIC recabó datos sobre las salidas y entradas al país de esos ejecutivos y encontró que entre 2010 y 2012 realizaron viajes a la Ciudad de Panamá y a Quito, capital de Ecuador, en periodos de tiempo similares.
"Llama la atención de este despacho que siete de las ocho coincidencias encontradas hayan tenido lugar en Panamá, con fechas de ingreso y de salida casi idénticas, y siempre con duraciones no superiores a tres días, muchas de ellas, de un día para otro", dijo SIC, en el expediente con el que concluyó que las tres empresas realizaron prácticas monopólicas absolutas.
Si bien esos viajes no son una evidencia directa de colusión, sí pueden ser usados por la autoridad como evidencia circunstancial, de acuerdo con las directrices que marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para investigar cárteles monopólicos.
Además, el hecho que esas coincidencias se dieran en Panamá también llamó la atención de las autoridades que, en 2008, habían sancionado a las mismas tres compañías por un acuerdo de fijación de precios que detectó en un archivo electrónico encontrado, en octubre de 2006, en una computadora de Holcim.
Ese archivo, nombrado Presentación Panamá, fue la principal prueba de la SIC para determinar en aquel entonces que las tres cementeras se habían coludido para fijar precios de sus productos.
La Presentación Panamá "daba cuenta de una presentación a realizarse en Panamá en la que se evidenciaba el reparto histórico de mercado del otrora cartel empresarial formado entre Argos, Cemex y Holcim", dijo el regulador antimonopolios en el expediente que armó para ese caso hace más de 10 años.
Las tres cementeras rechazaron haber incurrido en prácticas anticompetitivas y dijeron que el comportamiento de los precios del cemento obedeció a la estructura del mercado. Sanciones a ejecutivos de Cemex Además de las investigaciones de 2008 y del periodo 2010-2012, las autoridades colombianas han llevado a cabo pesquisas similares a esas mismas tres compañías en 1997, 2004 y 2005, por conductas anti-competitivas como fijación de precios, repartición de mercados, precios predatorios, obstrucción de competidores y establecimiento de cuotas de suministro.
Las empresas cementeras han negado haberse coludido en todos los casos.
En el más reciente, Cemex incluso dijo que planeaba apelar la sanción que recibió ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Mientras eso ocurre, Cemex Colombia dijo recientemente que ya pagó la multa.
Claro que las autoridades colombianas no coinciden con la negación de las empresas cementeras de que se coludieron para subir los precios. De hecho, SIC estima que la colusión de las cementeras generó un sobreprecio del cemento que afectó entre 13 y 34% del valor total del programa de construcción de 100 mil viviendas para familias de bajos recursos.
Además, la dependencia considera que con el sobreprecio pagado por el cemento para un proyecto conocido como Megacolegio, con el cual el gobierno edificó una escuela para niños de bajos recursos en ese país, Colombia pudo haber construido 77 escuelas adicionales para albergar a 1,500 alumnos.
Esas, y otras afectaciones sobre sus clientes y obras públicas causadas por las prácticas ilícitas de las cementeras, llevaron a SIC a determinar multas no sólo a las compañías, sino también a algunos de sus altos ejecutivos.
Por ejemplo, las autoridades colombianas determinaron que César Constain, quien fungió como presidente de Cemex Colombia entre 2005 y 2011, debería ser acreedor a una multa.
Al final, SIC no impuso la sanción ya que su participación en los hechos ocurrió más de cinco años antes de que las autoridades determinaran su culpabilidad y la ley colombiana impide adjudicarle este tipo de sanciones en periodos posteriores a ese límite de años.
Sin embargo, el órgano antimonopolios sí sancionó a Carlos Jacks, quien presidió la empresa entre junio de 2011 y septiembre de 2016, ya que es el primer responsable de la política de precios de Cemex Colombia al haber sostenido el mayor cargo dentro de la empresa.
Las autoridades colombianas sancionaron a Jacks con una multa cercana a los 91 mil dólares.
"Yo soy el último responsable de todo lo que pasa en la compañía, de eso no me cabe la menor duda, lo que sí es que no me meto en las cosas de todos los días, solo cuando hay temas relevantes", dijo Jacks, en un interrogatorio que llevó a cabo la SIC durante su pesquisa. Pero "de que mando en la compañía, mando". (Redacción Sentido Común)