Por Christopher Spink
LONDRES, 25 ago (IFR) - El multimillonario mexicano Antonio del Valle ha presentado solicitudes de arbitraje contra España por su papel en el proceso de resolución de Banco Popular (MC:POP) y posterior venta a Santander SAN.MC por 1 euro.
Del Valle, que lidera un grupo de inversores mexicanos que en conjunto tenía un 4 por ciento de la entidad, fue consejero y uno de los máximos accionistas de Popular. Estos accionistas argumentan que el papel de España en la operación supuso un incumplimiento del tratado bilateral de inversiones que tiene con México desde 2006.
Consideran que la resolución de Popular por parte del Estado español, a través de su fondo de rescate bancario FROB (encargado de ejecutar el proceso dictado por BCE), sin considerar otras opciones como la ampliación de capital o una venta bajo circunstancias menos desventajosas, fue arbitraria y supuso que estos inversores perdieran 470 millones de euros (incluyendo bonos y acciones).
Los accionistas de Popular, junto con los titulares de bonos convertibles y subordinados, soportaron todo el peso de las pérdidas al ver amortizados sus valores sin ninguna compensación, 1.300 millones en el caso de los accionistas (según su capitalización en el momento de la venta) y 1.900 millones en el caso de los bonistas.
El grupo ha presentado dos solicitudes simultáneas de arbitraje contra España. En ellas se alega que España no garantizó a los inversores un "trato justo y equitativo", lo que llevó a la expropiación de sus inversores sin la compensación adecuada.
Su principal queja es que el entonces ministro de Economía Luis de Guindos – vicepresidente del Banco Central Europeo desde junio - e instituciones públicas como el Banco de España y el fondo de rescate FROB no tomaron las medidas necesarias para evitar la retirada masiva de fondos en las semanas que llevaron a la resolución del banco el 7 de junio de 2017.
Según los inversores, organismos estatales sacaron dinero del banco durante este periodo. Esto, junto con la negativa a proporcionar una liquidez adicional de urgencia por 6.000 millones, "para superar la crisis de liquidez que la propia España había causado de manera sustancial", "causó el pánico entre los depositantes".
Esto se utilizó entonces como justificación para llevar a cabo una resolución drástica del banco y entregárselo a Santander por un 1 euro. Los documentos afirman que Santander había dicho a las autoridades que estaría dispuesto a salvar al Popular de la resolución pero no mediante una venta privada convencional. Santander no quiso realizar comentarios.
Según el grupo mexicano de inversores, esto impedía que otros inversores presentaran propuestas alternativas, en violación de la normativa internacional.
El grupo de inversores mexicanos dijo que habían recibido muestras de interés sobre posibles suscripciones de capital por Deutsche Bank (DE:DBKGn) y Barclays (LON:BARC), pero que fueron ignoradas.
El grupo ya ha presentado recursos contra la Comisión Europea y la Junta Única de Resolución (JUR) en el Tribunal Europeo de Justicia. Además, también ha presentado una solicitud en un juzgado de Nueva York en la que pide que Santander revele información sobre la adquisición de Banco Popular. Las peticiones de arbitraje se originan precisamente en este último proceso.
Con respecto a los medidas contra España, los inversores ya habían informado al Gobierno de que querían presentar una demanda en virtud del acuerdo bilateral de inversiones firmado el 22 de enero de este año. España no ha respondido aún a esta comunicación.
En virtud del tratado, tras seis meses un demandante puede comenzar el proceso de arbitraje.
Los inversores esperaron, en lugar de lanzar el recurso de manera inmediata el 22 de julio, en parte para sacar partido de la entrada de México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) a partir de principios de agosto.
El CIADI, parte del Banco Mundial, es la institución a la que más se recurre de manera internacional para abordar estos arbitrajes.
El CIADI debe revisar ahora la petición formal de arbitraje. España, por su parte, tiene 30 días para responder a la notificación, y después se formaría un tribunal. El caso puede tardar hasta cinco años en resolverse.
El Gobierno español no respondió a una petición de comentarios de esta agencia.