por Michelle del Campo
Infosel, diciembre. 7.- Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y otras dos organizaciones ambientalistas recibieron de un juez medidas cautelares definitivas que evitarán --al menos por un tiempo-- que el gobierno prosiga con la construcción del tramo 2 del Tren Maya, una de las obras más representativas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La suspensión judicial de las obras estará vigente el tiempo que dure la demanda de amparo promovida desde julio por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que argumentan que la obra viola su derecho a un medio ambiente sano, dijeron las organizaciones en un comunicad conjunto firmado también por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y la organización civil, Indignación.
"El colectivo de personas y organizaciones que interpusimos la demanda de amparo mencionada en este comunicado, decidimos conjuntamente ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya", dijeron las organizaciones, en el comunicado.
La decisión del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Campeche, deberá ser acatada por las instituciones públicas que forman parte del proyecto, como el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM), en tanto dure el juicio de amparo.
Por ello, con la decisión quedó suspendida la instalación de rieles, estaciones, rellenos de los cenotes, nuevos polos de desarrollo, remoción de vegetación, situación que perjudica indirectamente al consorcio encabezado por Operadora Cicsa, la división de construcción e infraestructura del conglomerado Grupo Carso (MX:GCARSOA1), que ganó la licitación del segundo tramo de esta obra que correrá de Escárcega a Calkiní.
La constructora mexicana, junto con su socia FCC (MC:FCC) Construcción, filial de la firma española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), es la responsable de los trabajos del tramo de 235 kilómetros, un proyecto que requiere de una inversión de 18 mil 554 millones de pesos (772 millones de dólares).
"Es una buena noticia que tomó la juez, la celebramos. Esta decisión nos significa hacer dos peticiones muy concretas, que el gobierno acate esta suspensión y se abstenga de hacer obras nuevas. Una segunda petición es al Poder Judicial a que esté muy atento, necesitamos que esté vigilante a que no se genere mayores daños. . . eso podría devenir en la irreparabilidad", dijo Xavier Martínez, director operativo de Cemda, en una rueda de prensa.
**En desarrollo
Infosel, diciembre. 7.- Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y otras dos organizaciones ambientalistas recibieron de un juez medidas cautelares definitivas que evitarán --al menos por un tiempo-- que el gobierno prosiga con la construcción del tramo 2 del Tren Maya, una de las obras más representativas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La suspensión judicial de las obras estará vigente el tiempo que dure la demanda de amparo promovida desde julio por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que argumentan que la obra viola su derecho a un medio ambiente sano, dijeron las organizaciones en un comunicad conjunto firmado también por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y la organización civil, Indignación.
"El colectivo de personas y organizaciones que interpusimos la demanda de amparo mencionada en este comunicado, decidimos conjuntamente ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya", dijeron las organizaciones, en el comunicado.
La decisión del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Campeche, deberá ser acatada por las instituciones públicas que forman parte del proyecto, como el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM), en tanto dure el juicio de amparo.
Por ello, con la decisión quedó suspendida la instalación de rieles, estaciones, rellenos de los cenotes, nuevos polos de desarrollo, remoción de vegetación, situación que perjudica indirectamente al consorcio encabezado por Operadora Cicsa, la división de construcción e infraestructura del conglomerado Grupo Carso (MX:GCARSOA1), que ganó la licitación del segundo tramo de esta obra que correrá de Escárcega a Calkiní.
La constructora mexicana, junto con su socia FCC (MC:FCC) Construcción, filial de la firma española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), es la responsable de los trabajos del tramo de 235 kilómetros, un proyecto que requiere de una inversión de 18 mil 554 millones de pesos (772 millones de dólares).
"Es una buena noticia que tomó la juez, la celebramos. Esta decisión nos significa hacer dos peticiones muy concretas, que el gobierno acate esta suspensión y se abstenga de hacer obras nuevas. Una segunda petición es al Poder Judicial a que esté muy atento, necesitamos que esté vigilante a que no se genere mayores daños. . . eso podría devenir en la irreparabilidad", dijo Xavier Martínez, director operativo de Cemda, en una rueda de prensa.
**En desarrollo