Eagle Pass (EE.UU.), 17 abr (.).- Las autoridades federales estadounidenses comenzaron esta semana a estudiar el impacto ambiental del proyecto de construcción de un tercer puente comercial ferroviario, de unos dos kilómetros, entre la frontera de Texas (EE.UU.) y Coahuila (México).
En una primera reunión celebrada ayer, martes, la comunidad de Eagle Pass mostró su desacuerdo especialmente con la posibilidad de demolición de algunas viviendas donde se tiene proyectada la construcción de esta obra.
Igualmente, el gobierno local puso en duda si los beneficios económicos de una obra privada serán comparables con los que ofrecen los otros dos puentes internacionales, que son públicos.
El proyecto por ahora requiere la autorización de la Junta de Transporte de Superficie (SBT, en inglés) de Estados Unidos, que evaluará los posibles impactos ecológicos, trabajo que podría tardar hasta dos años.
El proceso incluye audiencias públicas, la primera de ellas tuvo lugar este martes en el Centro Internacional de Comercio de Eagle Pass, donde además se presentó el proyecto.
La próxima audiencia será virtual y está programada para el 23 de abril.
La agencia federal recibirá, hasta el próximo 29 de abril, comentarios sobre el proyecto, que estaría a cargo de la compañía Green Eagle Railroad, subsidiaria de Puerto Verde Holdings (PVH).
La línea, de 1,3 millas (unos 2 kilómetros), forma parte del proyecto de un corredor comercial para trenes y transporte de carga entre Piedras Negras (Coahuila) y Eagle Pass (Texas).
Entre tanto, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, comenzó este miércoles una gira por Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, y por Texas (Estados Unidos) para abordar temas de infraestructura, el flujo migratorio y la polémica Ley SB4, que permite a autoridades de ese estado detener y deportar a migrantes.
Bárcena visitará en Texas las urbes de El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo para tratar temas de migración, infraestructura fronteriza, comercio y reuniones con aliados estratégicos sobre las acciones que México realiza ante la Ley SB4 y otras iniciativas legales antimigrantes, según una nota informativa de la Cancillería.
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