El Tribunal Supremo de EE.UU. dictó el jueves una sentencia que paraliza la aplicación del plan "Buen Vecino" de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), cuyo objetivo era reducir las emisiones de ozono que afectan a la calidad del aire a través de las fronteras estatales. La decisión se produjo a raíz de un recurso interpuesto por Ohio, Indiana y Virginia Occidental, junto con U.S. Steel Corp (NYSE:KMI) y otros grupos industriales.
La normativa impugnada de la EPA, introducida en marzo de 2023, se centraba en las emisiones de gases que contribuyen a la formación de ozono, en particular procedentes de centrales eléctricas y fuentes industriales de 23 estados consideradas inadecuadas para frenar la contaminación que se traslada a los estados vecinos. La normativa tenía por objeto hacer cumplir la disposición de "buena vecindad" de la Ley de Aire Limpio, que obliga a los Estados a mitigar la contaminación atmosférica que se desplaza a través de sus fronteras.
La decisión del Tribunal Supremo (5-4) concede una prórroga a los demandantes mientras se revisa la legalidad de la norma en un tribunal inferior. Los demandantes, entre los que se encuentran operadores de oleoductos y generadores regionales de electricidad, han alegado que la norma de la EPA infringía la legislación federal al imponer medidas poco razonables. Han expresado su preocupación por la posibilidad de que se produzcan costes irrazonables y la desestabilización de las redes eléctricas.
La suspensión de la norma sigue una pauta de decisiones de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, que ha limitado anteriormente la autoridad de la EPA para regular las emisiones de carbono de las centrales eléctricas de carbón y gas y para proteger los humedales y luchar contra la contaminación del agua. Estas sentencias han repercutido directamente en la agenda sobre cambio climático del Presidente Joe Biden.
La impugnación legal de la norma "Buen Vecino" se presentó inicialmente ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia, que se negó a bloquear la norma a la espera de su revisión. Esto llevó a los demandantes a solicitar la intervención del Tribunal Supremo, que actualmente tiene una mayoría conservadora de 6-3.
Durante los alegatos del caso el 21 de febrero, los jueces conservadores cuestionaron la explicación de la EPA sobre cómo podía ser eficaz el plan cuando ahora sólo regula 11 estados en lugar de los 23 previstos originalmente. Los jueces liberales, por su parte, cuestionaron la necesidad de la intervención de emergencia del Tribunal Supremo en esta fase.
La aplicación de la norma de la EPA ya se había suspendido en 12 de los 23 estados, incluido Virginia Occidental, debido a distintas impugnaciones en tribunales inferiores. Grupos industriales presentaron peticiones específicas al Tribunal Supremo; por ejemplo, Kinder Morgan (NYSE:KMI) intentó bloquear la normativa en su aplicación a los motores de los gasoductos de gas natural, y U.S. Steel pretendía impedir la aplicación contra los hornos de recalentamiento y las calderas de sus acerías.
El 16 de enero, la EPA propuso ampliar el plan "Buen Vecino" a otros cinco estados: Arizona, Iowa, Kansas, Nuevo México y Tennessee.
El actual mandato del Tribunal Supremo incluye múltiples casos relativos a la autoridad de las agencias federales. El 16 de mayo, los jueces confirmaron el mecanismo de financiación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor frente a una impugnación del sector de los préstamos de día de pago, y se espera que en un futuro próximo se pronuncien sobre casos relacionados con la Comisión del Mercado de Valores y el Servicio Nacional de Pesca Marina.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.