Infosel, mayo. 25.- Los crecientes reportes sobre actividades ilícitas en los diversos poliductos que cruzan el país no han pasado inadvertidos para las empresas privadas que se aprestan a entrar al mercado del transporte y almacenamiento de combustibles en México.
Más cuando hace unos días, uno de los grupos delictivos que se dedica a ordeñar, o perforar ilegalmente, ductos para extraer combustibles, se enfrascó en una balacera con las autoridades en el estado de Puebla.
El enfrentamiento fue de tal magnitud que dejó cuatro soldados y siete miembros de la organización criminal muertos.
Tras ese incidente y otros parecidos en meses pasados, muchos se preguntan si las actividades ilícitas están, o no, enfriando el entusiasmo que generó en diversas compañías la apertura a los capitales privados de las actividades de transporte y almacenamiento de combustibles que trajo la reforma energética aprobada por el Congreso en 2013 y 2014.
Hasta ahora, al parecer, si bien hay consternación por lo que está sucediendo en diversas partes de México con los ductos propiedad de la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos, las compañías que manifestaron su interés por entrar a esos negocios no han reducido ni sus ganas de participar en esos nuevos mercados ni sus planes de inversión en el país.
"Es un tema que obviamente le preocupa a todo mundo. . . y sí afecta, pero no cambia el panorama, ni la necesidad" por esos servicios de transporte y almacenamiento de combustibles, dijo Iván Sandrea, director general de la empresa petrolera Sierra Oil & Gas, recientemente en un encuentro con periodistas, en el que confirmó los planes de esa compañía --con otros dos socios-- por invertir 800 millones de dólares para edificar un proyecto integral de recepción, almacenamiento y transporte de combustibles en el Puerto de Tuxpan, en la parte norte del estado de Veracruz.
La necesidad de la que habló Sandrea surge de la decisión del gobierno de poner fin al monopolio que tuvo Pemex por casi ochenta años en prácticamente todos los aspectos del sector petrolero nacional --desde la exploración de crudo hasta la venta de combustibles.
El fin de esa exclusividad constitucional está generando nuevas necesidades de las empresas que quieren participar en el sector y que hasta ahora no habían podido hacerlo.
Así, empresas internacionales, como BP (LON:BP), Exxon (NYSE:XOM) Mobile y Shell (LON:RDSb), o compañías mexicanas, como Oxxo Gas, Petro-7 y Grupo Gasolinero Hidrosina, entre otras, están buscando firmas que les puedan ofrecer infraestructura para traer desde el exterior combustibles que esperan vender pronto en las gasolineras que están a punto de abrir en el país o que están transformando para que reflejen sus propias marcas.
Así, empresas especializadas en servicios de transporte y almacenamiento de combustibles están contemplando edificar infraestructura para transportar o almacenar combustibles, o bien arrendar la que actualmente tiene Pemex.
Es aquí cuando los problemas de la ordeña de los ductos cobran relevancia.
Para algunas de esas compañías, las actividades ilícitas podrían convertirse en un obstáculo para sus planes en el país, algo que de materializarse podría poner en riesgo la posibilidad de que el país llegue a contar con mercados competitivos para el transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustibles.
Sin embargo, y a pesar de que es cada vez aparentemente que existen diversos grupos dedicados a extraer ilegalmente combustibles de los poliductos de Pemex, las empresas interesadas en esas industrias siguen adelante.
Claro que eso no significa que el problema de la ordeña no las esté forzando a tomar medidas adicionales para protegerse de esas actividades criminales y que estén viendo un incremento en los costos para construir esa naciente industria privada.
"Aplicaremos medidas de seguridad para ayudarnos a estar seguros, eso incrementa el costo, que finalmente iría a los compradores finales", dijo en una entrevista telefónica un alto directivo de una empresa estadounidense, con interés en importar gasolina en México, quien prefirió no ser identificado.
Sierra Oil & Gas y sus socios --TransCanada, una de las empresas transportistas de combustibles más grande del mundo, y Grupo TMM, una empresa mexicana especializada en transportación marítima y logística-- coincidieron al decir que las crecientes actividades ilegales pueden reducirse, o hasta derrotarse, con la toma de diversas medidas de seguridad que compliquen las actividades ilícitas.
Frente a los robos "tomas medidas para contrarrestarlos, evalúas la ruta, incluyes mejoras tecnológicas, revisas los contratos para saber de cuánto están dispuestos a tomar de pérdidas los clientes versus nosotros", dijo Sandrea en la reunión. Claro que "parte de los costos se los pasas, hasta cierto punto, a los clientes".
Una cifra que permite de cierta forma comprobar que los problemas que están afectando a los poliductos en México no han minado el interés en los nuevos negocios, es el número de permisos que han solicitado compañías privadas para importar petrolíferos al país desde el 1 de abril --fecha en que la Secretaría de Energía comenzó a otorgar esos permisos.
Así, en los últimas seis semanas, Sener, como mejor se conoce a esa dependencia, otorgó 204 permisos para importar gasolinas, 276 para importar diésel y 45 para turbosina.
Hasta ahora, las empresas que más permisos de importación han solicitad son: Vitol Marketing, una filial de la compañía de energía holandesa Vitol, que buscará introducir al país 20 mil millones de litros de gasolina; seguida por Santa Fe Energy, una compañía establecida tan sólo en octubre de 2016 con operaciones en el centro del país, y que pretende introducir 17 mil millones de litros.
A esas compañías le siguen: Combustibles de Oriente con planes para importar 15 mil millones de litros, Valero con ocho mil 594 millones, BP Estaciones de Servicios Energéticos con siete mil 930 millones, Shell con cinco mil millones de litros y World Fuel Services con nueve mil 800 millones.
Claro que el interés para importar combustibles no implica que las actividades ilegales contra los ductos no están teniendo repercusiones negativas. Muchos consideran que la ordeña de ductos podría subir los costos de los proyectos para edificar la infraestructura necesaria para su importación ante las medidas adicionales de seguridad que tendrán que tomar las empresas prestadoras de esos servicios.
"La seguridad de nuestros trabajadores, el público y nuestros activos es nuestra primera prioridad en todas partes donde operamos", dijo TransCanada, que también cuenta en el país con varios proyectos de ductos para el transporte de hidrocarburos, en un correo electrónico.
Claro que los mayores costos para edificar la infraestructura petrolera que el país requiere, muy probablemente los terminen de pagar los mismos consumidores mexicanos, en particular, y el país, en general, por los mayores precios a los que las empresas tendrán que vender sus energéticos.
Más cuando hace unos días, uno de los grupos delictivos que se dedica a ordeñar, o perforar ilegalmente, ductos para extraer combustibles, se enfrascó en una balacera con las autoridades en el estado de Puebla.
El enfrentamiento fue de tal magnitud que dejó cuatro soldados y siete miembros de la organización criminal muertos.
Tras ese incidente y otros parecidos en meses pasados, muchos se preguntan si las actividades ilícitas están, o no, enfriando el entusiasmo que generó en diversas compañías la apertura a los capitales privados de las actividades de transporte y almacenamiento de combustibles que trajo la reforma energética aprobada por el Congreso en 2013 y 2014.
Hasta ahora, al parecer, si bien hay consternación por lo que está sucediendo en diversas partes de México con los ductos propiedad de la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos, las compañías que manifestaron su interés por entrar a esos negocios no han reducido ni sus ganas de participar en esos nuevos mercados ni sus planes de inversión en el país.
"Es un tema que obviamente le preocupa a todo mundo. . . y sí afecta, pero no cambia el panorama, ni la necesidad" por esos servicios de transporte y almacenamiento de combustibles, dijo Iván Sandrea, director general de la empresa petrolera Sierra Oil & Gas, recientemente en un encuentro con periodistas, en el que confirmó los planes de esa compañía --con otros dos socios-- por invertir 800 millones de dólares para edificar un proyecto integral de recepción, almacenamiento y transporte de combustibles en el Puerto de Tuxpan, en la parte norte del estado de Veracruz.
La necesidad de la que habló Sandrea surge de la decisión del gobierno de poner fin al monopolio que tuvo Pemex por casi ochenta años en prácticamente todos los aspectos del sector petrolero nacional --desde la exploración de crudo hasta la venta de combustibles.
El fin de esa exclusividad constitucional está generando nuevas necesidades de las empresas que quieren participar en el sector y que hasta ahora no habían podido hacerlo.
Así, empresas internacionales, como BP (LON:BP), Exxon (NYSE:XOM) Mobile y Shell (LON:RDSb), o compañías mexicanas, como Oxxo Gas, Petro-7 y Grupo Gasolinero Hidrosina, entre otras, están buscando firmas que les puedan ofrecer infraestructura para traer desde el exterior combustibles que esperan vender pronto en las gasolineras que están a punto de abrir en el país o que están transformando para que reflejen sus propias marcas.
Así, empresas especializadas en servicios de transporte y almacenamiento de combustibles están contemplando edificar infraestructura para transportar o almacenar combustibles, o bien arrendar la que actualmente tiene Pemex.
Es aquí cuando los problemas de la ordeña de los ductos cobran relevancia.
Para algunas de esas compañías, las actividades ilícitas podrían convertirse en un obstáculo para sus planes en el país, algo que de materializarse podría poner en riesgo la posibilidad de que el país llegue a contar con mercados competitivos para el transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustibles.
Sin embargo, y a pesar de que es cada vez aparentemente que existen diversos grupos dedicados a extraer ilegalmente combustibles de los poliductos de Pemex, las empresas interesadas en esas industrias siguen adelante.
Claro que eso no significa que el problema de la ordeña no las esté forzando a tomar medidas adicionales para protegerse de esas actividades criminales y que estén viendo un incremento en los costos para construir esa naciente industria privada.
"Aplicaremos medidas de seguridad para ayudarnos a estar seguros, eso incrementa el costo, que finalmente iría a los compradores finales", dijo en una entrevista telefónica un alto directivo de una empresa estadounidense, con interés en importar gasolina en México, quien prefirió no ser identificado.
Sierra Oil & Gas y sus socios --TransCanada, una de las empresas transportistas de combustibles más grande del mundo, y Grupo TMM, una empresa mexicana especializada en transportación marítima y logística-- coincidieron al decir que las crecientes actividades ilegales pueden reducirse, o hasta derrotarse, con la toma de diversas medidas de seguridad que compliquen las actividades ilícitas.
Frente a los robos "tomas medidas para contrarrestarlos, evalúas la ruta, incluyes mejoras tecnológicas, revisas los contratos para saber de cuánto están dispuestos a tomar de pérdidas los clientes versus nosotros", dijo Sandrea en la reunión. Claro que "parte de los costos se los pasas, hasta cierto punto, a los clientes".
Una cifra que permite de cierta forma comprobar que los problemas que están afectando a los poliductos en México no han minado el interés en los nuevos negocios, es el número de permisos que han solicitado compañías privadas para importar petrolíferos al país desde el 1 de abril --fecha en que la Secretaría de Energía comenzó a otorgar esos permisos.
Así, en los últimas seis semanas, Sener, como mejor se conoce a esa dependencia, otorgó 204 permisos para importar gasolinas, 276 para importar diésel y 45 para turbosina.
Hasta ahora, las empresas que más permisos de importación han solicitad son: Vitol Marketing, una filial de la compañía de energía holandesa Vitol, que buscará introducir al país 20 mil millones de litros de gasolina; seguida por Santa Fe Energy, una compañía establecida tan sólo en octubre de 2016 con operaciones en el centro del país, y que pretende introducir 17 mil millones de litros.
A esas compañías le siguen: Combustibles de Oriente con planes para importar 15 mil millones de litros, Valero con ocho mil 594 millones, BP Estaciones de Servicios Energéticos con siete mil 930 millones, Shell con cinco mil millones de litros y World Fuel Services con nueve mil 800 millones.
Claro que el interés para importar combustibles no implica que las actividades ilegales contra los ductos no están teniendo repercusiones negativas. Muchos consideran que la ordeña de ductos podría subir los costos de los proyectos para edificar la infraestructura necesaria para su importación ante las medidas adicionales de seguridad que tendrán que tomar las empresas prestadoras de esos servicios.
"La seguridad de nuestros trabajadores, el público y nuestros activos es nuestra primera prioridad en todas partes donde operamos", dijo TransCanada, que también cuenta en el país con varios proyectos de ductos para el transporte de hidrocarburos, en un correo electrónico.
Claro que los mayores costos para edificar la infraestructura petrolera que el país requiere, muy probablemente los terminen de pagar los mismos consumidores mexicanos, en particular, y el país, en general, por los mayores precios a los que las empresas tendrán que vender sus energéticos.