Por Alexandra Ullmer
CARACAS, 16 abr (Reuters) - Gold Reserve, una pequeña minera canadiense que intenta cobrar una indemnización de 750 millones de dólares a Venezuela, tiene en la mira los activos del país petrolero en el extranjero, una estrategia que amenaza las arcas del Gobierno socialista, ya bajo presión por el desplome de los precios del crudo.
La empresa canadiense, que perdió su joya de la corona cuando el Gobierno de Venezuela puso fin a la concesión que tenía para explotar una mina de oro en es país en 2009, busca agresivamente nuevas jurisdicciones para ejecutar la decisión que tomó el panel arbitral del Banco Mundial el año pasado.
La medida la toma Gold Reserve mientras otros casos que presentaron empresas como Exxon y ConocoPhillips (NYSE:COP) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial están sumidos en demoras legales.
Sus acciones pueden afectar a los tenedores de bonos.
La minera anunció el lunes que entregó a bancos en Luxemburgo el equivalente a órdenes de embargo relativas al pago de 700 millones de dólares en intereses de bonos y fondos venezolanos, como parte de su creciente campaña para obtener una compensación tras la disputa arbitral. ID:nL2N0XB0EU
"Sin duda, también estamos acudiendo a otras jurisdicciones", dijo a Reuters el presidente de la empresa, Doug Belanger. "Cualquier cosa que sea un activo comercial del gobierno de Venezuela está sobre la mesa", comentó.
Gold Reserve tiene en su radar a los países que posean "mejor jurisdicción, una ley favorable y que tengan la mayoría de los activos (de Venezuela)", dijo sin ofrecer más detalles.
Las actuaciones de Gold Reserve ponen más presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de las crecientes preocupaciones que surgen en el mercado internacional sobre la capacidad de su Gobierno para cumplir con los pagos de la deuda externa y evitar una eventual quiebra técnica por laudos arbitrales no cancelados.
Los ingresos en divisas de Venezuela se han reducido este año un 60 por ciento, por la caída del precio del petróleo, fuente de nueve de cada 10 dólares que ingresan a su economía.
Hasta ahora Gold Reserve y Venezuela llevan adelante procesos legales por este caso en tribunales de Francia, Luxemburgo y Estados Unidos, países en los que el presidente de la compañía minera espera se anuncien decisiones al respecto este año.
Ningún funcionario del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.
ACTIVOS A LA VISTA
Venezuela, un país productor y exportador de crudo, tiene activos estratégicos para su negocio en el extranjero.
En Estados Unidos, el Estado venezolano posee el complejo refinador Citgo Petroleum Corp, y tiene participaciones en la refinería de Chalmette en Luisiana. También es dueño de una red de refinerías en el Caribe, Suecia y Reino Unido.
El Gobierno de Maduro ha evaluado vender algunas de estas unidades en años recientes, sin concretar ninguna operación hasta ahora.
Algunos analistas sospecharon que Venezuela buscaba de esta forma reducir el riesgo a que algunos de estos activos fuesen embargados por empresas que reclaman una indemnización tras la ola de nacionalizaciones que inició el fallecido Hugo Chávez, mentor de Maduro.
El Gobierno socialista ha asegurado que siempre estuvo dispuesto a pagar una compensación a las empresas extranjeras en los procesos de expropiación.
En septiembre del año pasado el panel arbitral anunció su decisión en el caso Gold Reserve. El laudo es ejecutable en cualquiera de los 150 estados miembros de la convención arbitral de Nueva York.
En paralelo, Gold Reserve sigue conversando con representantes del Gobierno venezolano, dijo Belanger.
"Ha habido un debate fructífero recientemente", apuntó, sin comentar sobre la existencia de alguna oferta que la nación sudamericana haya puesto en la mesa. "Venezuela tiene la oportunidad de resolver esto", añadió.
Las Brisas, la mina en manos de Gold Reserve hasta 2009, es uno de los yacimientos de oro más grandes de América Latina, y fue asumida por una empresa estatal, como parte de una política para aumentar el control del Gobierno en sectores económicos estratégicos. (Reporte de Alexandra Ullmer, Traducción Corina Pons)