La construcción de la planta fotovoltaica a cargo de la empresa Next (LON:NXT) Energy en Baja California enfrenta obstáculos que la encaminan a su cancelación, entre la falta y retrasos de permisos en generación eléctrica por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y señalamientos de condiciones desventajosas por parte del gobierno estatal.
Central Solar BC, ubicada en Mexicali representó una inversión de 14,096 millones de pesos; se encargaría de generar y suministrar energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, así como a dependencias estatales por 30 años.
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Roberto Rosas Jiménez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, consideró que la eventual cancelación del proyecto no tendrá una consecuencia grave en el suministro de energía o agua a la entidad en este momento, pero sí será un proyecto necesario a mediano y largo plazo.
Si hablamos en un plazo de 10 años como mínimo es necesario hacer este tipo de inversiones (…) esperemos que se pueda hacer porque no solo el sector maquilador, sino que un usuario de vivienda particular, nos veríamos afectados porque el bombeo del agua requiere electricidad, entonces se vería afectada la población
detalló a EL CEO, Rosas Jiménez.
El representante de la Coparmex no descarta que la empresa pueda llevar a cabo el desarrollo de la planta. “Sí es posible que se realice el contrato con esta misma empresa, pero con mejores condiciones para el estado”, comentó.
Proyecto, sin aval de la Sener ni del gobierno estatal En octubre de 2020, el Comité Interinstitucional de Energía (CIE) de Baja California determinó que la empresa regiomontana se encargaría de desarrollar la planta y en junio del siguiente año, se colocó la primera piedra de forma simbólica en un evento con el entonces gobernador, Jaime Bonilla.
Sin embargo, el proyecto no contaba con los permisos necesarios de generación de energía por parte de la CRE, lo que a su vez impedía que a nivel local se concediera un permiso de uso de suelo.
El pasado octubre, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se mantuvo en la negativa al proyecto, afirmando que las entidades federativas no pueden licitar la red nacional eléctrica.
Mientras la nueva gobernadora, Marina del Pilar Ávila, aseguró que se trata de un proyecto con beneficios para el inversionista privado y desventajas en cuanto a plazos, precio y mecanismos de garantía para el gobierno.
Nuestras conclusiones son contundentes: el proyecto tal como está estructurado no corresponde a la necesidad que tiene el estado en términos de costo del suministro de energía eléctrica
afirmó el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, el pasado noviembre, durante la conferencia matutina semanal de la mandataria local.
El funcionario añadió que junto a un equipo de expertos se encontraban evaluando alternativas para cancelar el contrato sin tener que repagar los certificados de inversión, “un mecanismo contemplado en el contrato donde obliga al repago de estos certificados por parte del estado si el proyecto se cancela por cualquier circunstancia”.
Aseveró que la obligación de pagar la liquidación del contrato “sería terrible para las finanzas públicas del estado”, cuya deuda asciende a 35,000 millones de pesos.
Otros proyectos de inversión en la mira La planta fotovoltaica no es el único proyecto en el que el gobierno estatal puso la lupa. En la misma situación se encuentran empresas como La Cosmopolitana, encargada de suministrar alimentos a penales; Worldwide Environmental Products, que obtuvo la concesión del servicio de verificación vehicular, y BCE Expressway, que ganó la concesión por 30 años para operar el tren de pasajeros de Tijuana a Tecate.
En el caso de La Cosmopolitana, en los últimos días de diciembre, el gobierno suspendió el contrato luego de que la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios verificó quejas de internos de que entregó alimentos en mal estado
En tanto, Worldwide Environmental indicó vía correo electrónico que respeta la revisión que lleve a cabo el gobierno y que al momento no ha sido notificada de alguna solicitud del gobierno estatal para realizar modificaciones o cancelar el contrato, aunque esperan trabajar con Mónica Vega, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Respecto al tren de pasajeros, BCE Expressway considera que hubo una falta de comunicación inicial con el nuevo gobierno sobre el proyecto y su financiamiento, que será totalmente privado, pero aseguran que ya entablaron diálogo con las autoridades.
Arturo Torrecilla, director de operaciones de la empresa, comentó que actualmente se realizan diversos estudios en el lugar y que llevan un avance de 60% en el proyecto ejecutivo, que será presentado a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. El directivo confía en que la obra pueda arrancar a finales de este mes y tomará dos años en terminarse.
Si bien la concesión tiene un periodo de 30 años, todo el proyecto va a ser propiedad del pueblo de Tijuana, del estado, del municipio. El proyecto va a atender una demanda de hasta 120,000 pasajeros en los años más largos, de inicio arrancaría con una demanda de 65,000 pasajeros, que determinó el propio estado con encuestas de origen-destino
mencionó Xavier Alvarado, director financiero de BCE Expressway.
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