Infosel, junio. 29.- Nunca antes en la historia moderna de México habían asesinado a tantos políticos, o candidatos, en un proceso electoral como ha ocurrido a lo largo de los últimos meses.
A menos de tres días de que los mexicanos elijan a un nuevo mandatario, renueven el Congreso de la Unión y seleccionen a nueve gobernadores, entre otras autoridades locales, la consultora Etellekt registra 133 políticos asesinados desde que inició el actual proceso electoral en septiembre del año pasado.
De esa cifra, 48 corresponden a homicidios de candidatos o precandidatos a algún puesto de elección popular --una cifra nunca antes vista en el país.
Si a esas estadísticas se suman las más de 200 mil muertes que ha registrado México desde que el presidente Felipe Calderón declaró, a inicios de 2001, su guerra contra los carteles de la droga, más las crecientes estadísticas de robo con violencia a personas, familias o establecimientos, es claro --para los analistas-- que el reto más grande que enfrentará el próximo presidente de México será el de la seguridad y la violencia.
Como están las cosas ese "es un problema que hoy rebasa la capacidad del Estado mexicano", dijo Vidal Romero, catedrático y analista político con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una de las universidades más prestigiadas de México. "Si tú ves las encuestas, el tema de seguridad sale sistemáticamente, si no como el principal, sí como uno de los principales y tiene además un monto de externalidades negativas desde inversión, hasta" por pérdidas de seres queridos en las familias mexicanas.
De ahí que para muchos el ganador de la elección de este domingo, si bien tendrá el privilegio de dirigir a la treceava economía más grande del mundo y a un país con cerca de 125 millones de habitantes, también se sacará lo que coloquialmente se conoce como la "rifa del tigre", o un premio que esconde un gran reto, o peligro.
La ola de violencia e inseguridad que vive desde hace ya varios años el país, más los innumerables escándalos de corrupción y despilfarro, que han reportado medios y organizaciones civiles a lo largo de la última década, explica, en buena medida, porque el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, encabeza las preferencias electorales y es quien tiene hoy 99% de probabilidades de convertirse en el próximo presidente de México el domingo, de acuerdo con Oraculus.mx, un empresa especializada en agregar encuestas electorales.
Ante el descontento que dejó el gobierno de Calderón, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), por haber iniciado la guerra contra el narcotráfico y ante la incapacidad que ha mostrado el gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para revertir la ola de inseguridad y violencia, los electores están dispuestos a darle a López Obrador, un político rival de esas dos instituciones políticas, la oportunidad de dirigir al país.
Esta es la tercera vez que el candidato de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT (OTC:PTGCY)) y Encuentro Social (PES) compite por la presidencia y al parecer finalmente logrará su meta de gobernar al país.
Claro que de materializarse esto, López Obrador, de 64 años de edad, enfrentará el gran reto de poder primero intentar contener el crecimiento reciente de los índices de inseguridad y violencia, para luego revertir esa tendencia.
Para muchos expertos, lograr eso representará un enorme esfuerzo y requerirá un enorme talento y creatividad por parte del próximo gobierno de México, más cuando, desde su perspectiva, los gobiernos han estado dirigiendo mal tanto la estrategia como los recursos para el combate a la inseguridad.
En cuanto a la estrategia, muchos creen que la confrontación directa contra los carteles de la droga que han seguido las últimas dos administraciones, no es la vía para frenar sus actos violentos y criminales.
Para ellos, la lucha contra el narcotráfico podría ser mucho más efectiva si se buscan las formas para evitar que las actividades ilícitas de los carteles dejen de serlo a fin de reducir sus altos márgenes de ganancia y puedan salir de la clandestinidad e ilegalidad.
"El approach contra las organizaciones criminales no es el correcto", dijo Romero. "La lucha es contra un mercado y. . . al mercado no lo vences así", lo vences regulando las actividades a fin de eliminar el aspecto de la violencia y la opacidad en la que hoy se desenvuelve.
Claro que esta postura no la respalda ningún candidato presidencial y muy probablemente tampoco goce de apoyo popular, aunque es algo que probablemente los candidatos y sus equipos han estudiado.
Por lo que se refiere a los recursos que destina el gobierno para garantizar la seguridad de los habitantes, muchos creen que las autoridades, en su afán por combatir el narcotráfico, han descuidado las labores de seguridad pública cotidiana que deben ofrecer a los habitantes de México.
Para poder combatir el robo, el asalto, la extorsión y el hurto parcial o total de vehículos o casas, los expertos sugieren que la federación reasigne parte de los recursos que destina al combate del crimen organizado, para incrementar los niveles de seguridad de la población.
Si eso ocurre, los estados y municipios podrían dejar de perseguir exclusivamente a capos de la droga para dedicarse también a combatir delitos menores.
El problema "que tenemos es que tenemos los recursos pero están en el cajón equivocado", dijo Romero.
Claro que la solución a este problema no es sólo tampoco cuestión de reasignar parte de los fondos públicos destinados al combate a la inseguridad, sino también de reestructurar y modernizar a las policías del país, así como al sistema de procuración e impartición de justicia para que quienes delinquen puedan ser detenidos de manera legal, perseguidos eficazmente y sentenciados a prisión de acuerdo con la magnitud de su falla.
Claro que es prácticamente imposible que esto ocurra de la noche a la mañana ya que para poder mejorar los niveles de seguridad de la población deberán participar muchas disciplinas y áreas del gobierno, algo que se antoja, cuando menos, complejo de coordinar y más aún de instrumentar.
Una fórmula que varios candidatos presidenciales han ofrecido para poder mejora los niveles de seguridad en México es la de elevar los niveles de vida de la población, a través de una educación de calidad y a través de la creación de empleos.
Si bien muchos creen que esas propuestas ayudarían a combatir la violencia e inseguridad, esas medidas recaen más en el área de la política social, que en el de la política de seguridad, ya que incluso existen zonas económicas del país con altos niveles de desarrollo pero que también tienen altos índices de criminalidad, como ha ocurrido recientemente en el estado de Guanajuato.
Esto de alguna manera explica que la inseguridad y la violencia, contrario a lo que se piensa, no responde necesariamente a situación de pobreza o marginación.
Claro que lo que nadie pone en duda es que la inseguridad y la violencia sí pueden ahuyentar o estropear las políticas sociales para mejorar los niveles de bienestar de la población al espantar la inversión y reducir la actividad económica.
En los estados de Guerrero y Tamaulipas, ésto está ya ocurriendo con los anuncios recientes de diversas empresas que optaron por suspender sus operaciones en algunas localidades de esas entidades por los altos niveles de inseguridad.
Si a eso se suma los robos crecientes que registra el sistema de transporte por ferrocarril, la necesidad de combatir esos delitos por parte del próximo presidente de México cobra aún mayor relevancia y urgencia.