El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, elogió la reciente publicación en la Gaceta Oficial de las reformas a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México. Estas reformas introducen el concepto de «tutela responsable», imponen obligaciones claras a los dueños de mascotas y establecen sanciones financieras para aquellos que maltraten a los animales.
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A partir de ahora, aquellos que tengan animales de compañía deben comprometerse a ser tutores responsables, cumpliendo con las obligaciones estipuladas por la Constitución de la Ciudad. Estas responsabilidades incluyen inscribir a los animales en el Registro Único de Animales de Compañía, proporcionar agua limpia y fresca, esterilizar a los animales, mantenerlos sujetos con correa en espacios públicos y recoger sus heces.
Además, el Gobierno capitalino ha incorporado reformas que aseguran que los servidores públicos reciban capacitación y actualización permanente por parte de la Agencia de Atención Animal (AGATAN). Esta medida tiene como objetivo garantizar que los funcionarios estén debidamente preparados para proporcionar atención adecuada tanto a los ciudadanos como a los animales bajo su tutela o custodia.
Un gran avance en materia de #BienestarAnimal con las reformas publicadas hoy por el @GobCDMX.Se establece la tutela responsable, capacitación a funcionarios y obliga a los maltratadores a pagar los gastos de atención médica y alimento de los animales.https://t.co/q9tilCbWfX pic.twitter.com/inccNGbi93— Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) December 27, 2023
Jesús Sesma Suárez resaltó la importancia de contar con autoridades bien preparadas y actualizadas en temas de protección y bienestar animal. La capacitación constante permitirá a los servidores públicos actuar de manera eficiente y amable al abordar casos relacionados con animales y ciudadanos.
En un paso significativo para garantizar la responsabilidad de los dueños de mascotas, las reformas establecen que todos los gastos de atención médica y alimentación proporcionados a los animales durante su custodia por las autoridades deben ser cubiertos por la persona responsable del maltrato, asegurando así una consecuencia financiera directa para los presuntos maltratadores.