Dentro de las reformas aprobadas durante el tercer año legislativo, el Congreso capitalino aprobó un dictamen para garantizar que las personas con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexuales, por violencia familiar o política, entre otros, no puedan ser candidatos a cargos de elección popular, ni empleados en el servicio público.
Lo anterior, refiere a la propuesta de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, y la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México.