La Comisión de Zonas Metropolitanas, presidida por la diputada María Elena Limón García (MC), se reunió con funcionarios y expertos en urbanismo y sustentabilidad para abordar el tema crucial de «Desarrollo Metropolitano: Necesidades de Coordinación Interinstitucional».
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El encuentro tuvo como objetivo explorar posibles soluciones ante el acelerado crecimiento poblacional y los desafíos en la oferta de vivienda en las áreas metropolitanas.
La diputada Limón García destacó la importancia de analizar esta problemática, subrayando que las ciudades se enfrentan a una dinámica cambiante. Por un lado, experimentan un crecimiento poblacional acelerado que a menudo supera la capacidad de respuesta de los programas de organización territorial y de oferta de vivienda.
Además, señaló que las ciudades son responsables de gran parte del cambio climático, siendo las principales emisoras de gases de efecto invernadero.
La representante legislativa enfatizó que el aumento poblacional en las zonas metropolitanas ha llevado consigo un consumo elevado de recursos hídricos, la reducción de áreas verdes, desafíos en movilidad, así como problemas en la sustentabilidad alimentaria y los servicios públicos.
Edgar Del Villar Alvelais, titular de la Unidad de Planeación e Innovación de la Comisión Federal de Electricidad, compartió que la problemática metropolitana en México se ha vuelto de máxima relevancia. La infraestructura urbana, el abasto de agua, el saneamiento, las vialidades y el transporte público se han convertido en necesidades básicas en las grandes metrópolis.
Destacó la necesidad de financiamiento para abordar estas demandas y resaltó que el desarrollo metropolitano requiere planificación, recursos económicos y participación ciudadana, así como una amplia coordinación interinstitucional.
Juan Felipe Ordoñez Cervantes, consultor en planeación del desarrollo urbano y regional, y académico de la maestría en proyectos para el desarrollo urbano sustentable en la Universidad Iberoamericana, informó que en las zonas metropolitanas habitan 82.5 millones de personas, generando el 90% del Producto Interno Bruto del país.
Propuso la regulación de la ley existente para asignar recursos a estas zonas con mecanismos eficientes de planificación, coordinación y gestión, con el objetivo de abordar problemas como la escasez de agua, la pérdida de áreas verdes, la inseguridad, la movilidad y la contaminación del aire.