Gobierno de México rechaza contundentemente la ley que penaliza a inmigrantes en Florida y defiende los derechos de sus ciudadanos en el extranjero.
El Gobierno de México ha expresado su rotundo rechazo a la ley SB 1718, que castiga severamente a los inmigrantes indocumentados y que ha entrado en vigor en el estado de Florida en Estados Unidos.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las autoridades mexicanas han manifestado su preocupación por el impacto negativo que esta ley puede tener en la relación bilateral entre ambos países. México y Estados Unidos han trabajado arduamente en la construcción de caminos basados en la tolerancia, seguridad y respeto mutuo, pero la
implementación de la ley SB 1718 aleja estos objetivos compartidos.
«Políticas de esta naturaleza también tienen un fuerte impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues evidencian la renuencia de ciertos actores para identificar soluciones conjuntas que inviten a la colaboración».
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La dependencia mexicana estableció que el Consulado General de México en Miami y el Consulado de México en Orlando consideran que la criminalización no es la vía adecuada para abordar el fenómeno de la inmigración indocumentada. Además, destacaron que los mercados laborales transnacionales y los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida no pueden ser ignorados por medidas basadas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco.
El Gobierno de México ha afirmado que utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y la dignidad de las personas mexicanas en Florida. Se reforzarán las acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica, y se velará por los intereses de toda la comunidad mexicana, independientemente de su condición migratoria.
Además, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, México registrará posibles casos de violaciones de los derechos de los mexicanos en Florida y proporcionará a las personas migrantes información detallada sobre la nueva ley.
El Gobierno de México reafirma su compromiso de proteger y apoyar a sus ciudadanos en el extranjero, y hace un llamado a promover soluciones basadas en la colaboración y el respeto mutuo para abordar los desafíos de la inmigración indocumentada.
