Mexicanos contra la Corrupción señaló que la publicación de documentos sobre el caso Márquez Padilla representa “una de las acciones más viles” que la organización ha presenciado. Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por Claudio X. González Guajardo, denunció esta noche un “ataque frontal e ilegal” por parte del Gobierno federal, esto luego de que éste difundiera documentos sobre el caso de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de María Amparo Casar, actual Presidenta Ejecutiva de la ONG, mismo que también fue referido durante la conferencia matutina de este viernes.
A través de su cuenta de X, MCCI señaló que la “exposición mediática” en la conferencia matutina de hoy, seguida de la “difusión ilegal de datos personales” de Casar y su familia de cuentas y sitios del Gobierno federal, representa “una de las acciones más viles” que la organización ha presenciado “en contra de la libertad de expresión, el periodismo, la sociedad civil, y más importante aún, la seguridad de una mujer con una carrera profesional y personal”.
“En una sociedad democrática no debería haber miedo por alzar la voz y hablarle con la verdad al poder, mucho menos por sólo hacer nuestro trabajo desde el periodismo de investigación y la sociedad civil organizada”, finalizó.Hasta el momento, María Amparo Casar no se ha pronunciado de manera directa ante lo presentado esta mañana.
Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), reveló esta mañana que denunció a Casar por recibir de la paraestatal pagos por millones de pesos por el caso de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, quien se suicidó aventándose desde un edificio de Pemex en la capital en 2004.
El titular de Pemex informó de este caso en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de una serie de casos de combate a la corrupción dentro de la empresa productiva del Estado.
Derivado del fallecimiento de su cónyuge, María Amparo Casar Pérez solicitó a Pemex: el pago de seguro de vida; ayuda de gastos funerarios; pensión post-mortem a favor de sus dos hijos, misma que se cubrió hasta que cumplieron 25 años; la pensión post-mortem a favor de María Amparo Casar Pérez de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales, explicó Romero desde Palacio Nacional.
“Todo lo anterior, porque los directivos de ese entonces le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que fue un suicidio”, resaltó Romero.
Para atender el problema, se solicitaron copias certificadas de las constancias de la Averiguación Previa del asunto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. “Al estudiarlas, se encuentra el dictamen pericial en materia de Criminalística y la Determinación de No ejercicio de la Acción Penal, en donde se concluye que ninguna persona privó de la vida al C. Carlos Fernando Marquez Padilla García, ya que él se quitó la vida voluntariamente”, detalló el funcionario.
Entonces, al verificarse que Márquez ocasionó intencionalmente su muerte,” se suspendieron de forma inmediata las prestaciones que se habían estado reconociendo y pagando en favor la beneficiaria, y se realizaron las denuncias correspondientes contra quienes participaron”.
Por estas acciones, “están en trámite para intentar recuperar los montos pagados indebidamente estimado en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”, explicó Romero.
UN CASO DE INFLUYENTISMO
Romero recordó que el Presidente López Obrador ya había revelado el caso en su último libro, ¡Gracias!, donde además mostró el caso como uno de influyentismo político.
María Amparo Casar Pérez fue coordinadora de asesores del exsecretario de Gobernación Santiago Creel Miranda. En la foto, junto a Claudio X. González. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro. En el capítulo 4, “La guerra sucia y el desafauero”, cuenta un episodio que catalogó como “un asunto muy penoso” ocurrido en 2004, cuando él era Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El 7 de octubre de ese año, Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, se suicidó aventándose desde un edificio de Petróleos Mexicanos en la capital.
“Como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que ‘el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida’”, escribió el Presidente.
Luego de eso, María Amparo Casar, acompañada del escritor Héctor Aguilar Camín, acudieron con el entonces Procurador capitalino Bernardo Bátiz para solicitarle que cambiaran el acta “modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años”.
El capítulo inicia con el antecedente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que cuando fue Jefe de Gobierno, se trató de México Unido Contra la Delincuencia, organización de María Elena Morera que entre 2005 y 2008 recibió 4 millones 256 mil pesos de donativos de la Secretaría de Seguridad Pública, la mayoría otorgados cuando Genaro García Luna estaba al frente.
López Obrador menciona que Bátiz le contó de la solicitud pero coincidieron en que no era correcto ceder, sin embargo asegura que “el influyentismo se impuso”, ya que aunque no tenía derecho ni al seguro médico u otras prestaciones, el banco de Pemex le pagó un seguro de vida por 17 millones 600 mil pesos y pensión vitalicia por viudez por 125 mil pesos mensuales. Todo esto a pesar de que la causa de muerte fue suicidio y que su esposo no cumplía con los requisitos de antigüedad que para estas prestaciones se establece un periodo de más de dos años; el esposo de Casar sólo había trabajado cuatro meses en Pemex.
— Con información de Daniela Barragán
