Legisladores federales y locales del Partido Acción Nacional (PAN), exigieron a Martí Batres, jefe de Gobierno CDMX, así como a la secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel, dejar de desviar recursos públicos, humanos y materiales para apoyar a Claudia Sheinbaum.
“No cabe duda que Martí Batres y Ariadna Montiel no han logrado sacudir su pasado bejaranista, les sale el mapache electoral que llevan dentro como alumnos egresados de la Academia de René Bejarano, en la manipulación y coacción, así como chantaje de los ciudadanos por medio de los apoyos de los programas sociales”, expresó el diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández.
Indicó que es absolutamente condenable y censurable esta “mapachada” de los alumnos bejaranistas y anunció que el PAN les dará vista a las autoridades electorales “para cortarle las garras a los mapaches electorales de la Academia Bejarano”.
Asimismo, Téllez Hernández subrayó que las acusaciones que ha hecho el excanciller Marcelo Ebrard, resultan graves, es por eso que pedirá la inmediata intervención de la Fiscalía General de la República y en su caso, de la Secretaría de la Función Pública, para deslindar responsabilidades administrativas y penales.
Por su parte, el diputado local Diego Garrido López precisó que se están cometiendo delitos graves de desvió de recursos públicos, en su caso, desde la Secretaría del Bienestar a nivel federal con Ariadna Montiel. Son acusaciones que pesan sobre Claudia Sheinbaum y deben ser investigadas.
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“No bastan los dichos del presidente López Obrador, para tratar de deslindar al Gobierno sobre el apoyo ilegal a Sheinbaum, sabemos del cúmulo de mentiras que profesa”.
El legislador panista por GAM (BME:GAMQ), abundó que no debe existir condicionamientos de acceso a programas sociales ni mucho menos, presiones para apoyar a “corcholatas” del oficialismo.
“Reprobable lo que hacen los alumnos de Bejarano, es necesario que exista una rendición de cuentas y apoyamos al Congreso federal en su exigencia porque se investigue a Batres y Montiel desde la Fiscalía federal y la Secretaría de la Función Pública”.