El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a las negociaciones de la deuda entre el gobierno argentino y los acreedores privados y aseguró que “no haremos otra oferta, esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con los acreedores. Vinimos a solucionar un problema que no creamos”.
Luego de mejorar la propuesta a comienzos de julio, ofreciendo un valor presente neto de US$ 53,50 por cada plancha de 100 dólares, las autoridades del país sudamericano advirtieron a los tenedores de bonos que la Argentina no se encuentra en condiciones de poder ofrecer algo mejor.
“Cualquier cosa más pondría nuestra capacidad de pagar las deudas en riesgo, y no queremos estafar a nadie”, comentó el primer mandatario en diálogo con el Financial Times.
Desde comienzos del 2020, el gobierno argentino mantiene conversaciones con los bonistas con el objetivo de reestructurar unos 66.300 millones de dólares en títulos emitidos bajo legislación extranjera. Con el pasar de los meses, la cartera económica supervisada por Martín Guzmán presentó una serie de ofertas que fueron rechazadas por la mayoría de los acreedores.
No obstante, luego de un comunicado crítico a fines de junio por parte del grupo de fondos de inversión Ad Hoc acusando una falta de interés por parte de la Argentina en llegar a un acuerdo, el gobierno decidió tratar de convencer a los bonistas y presentó una última mejora ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos.
La actual propuesta del país excede el límite que había establecido el Fondo Monetario Internacional (FMI) para definir la sustentabilidad de la deuda en el largo plazo.
A pesar del acercamiento a la postura de los tenedores de bonos, el fondo de inversión con más relevancia para las negociaciones, Black Rock, volvió a rechazar la oferta argentina, aunque argumentó que está dispuesto a seguir conversando.
“Estamos preparados para entablar debates sobre modificaciones a la propuesta que puedan lograr una reestructuración consensuada, y creemos que todavía es posible un camino hacia la resolución completa de los problemas restantes. Romper el estancamiento entre Argentina y sus acreedores es una alternativa mucho mejor que otro ciclo de rechazo y examen de alternativas más drásticas en ambos lados”, publicó la entidad financiera en un comunicado.
Luego agregó: “Una renegociación consensuada es la mejor ruta posible hacia un retorno de Argentina a los mercados internacionales de capital y un futuro económico sostenible para el país y su gente”.
El 4 de agosto es la fecha límite establecida por el gobierno para que los acreedores definan si aceptan o no la propuesta. Sin embargo, en caso de no alcanzar un acuerdo en los plazos determinados, las autoridades del país pueden volver a postergar el deadline, como ya lo han hecho en reiteradas ocasiones.