El trabajo de los (buenos) economistas consiste en advertir las consecuencias de las decisiones personales, empresariales y sobre todo de las gubernamentales no sólo en el corto plazo, sino en especial las de aquellas cuyos efectos en lo inmediato pueden ser no tan notorias, pero que con el paso del tiempo se irán convirtiendo en auténticas perturbaciones económicas de graves consecuencias.
En la primera parte de este artículo titulada “Un desastre económico se avecina por Reforma Eléctrica”, abordamos los principales efectos que tendrá la contrarreforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador, si es aprobada en sus términos.
Dijimos que uno de ellos será la pérdida de competitividad de México en el contexto internacional, así como de miles de millones de dólares en inversiones nacionales y extranjeras que son indispensables para que la economía y los empleos crezcan.
Asimismo, dijimos que el incremento en los costos para las empresas acabará siendo trasladado a los consumidores finales a través de mayores precios, con lo que la inflación será presionada al alza en el peor momento. Para muestra, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se mantiene por encima del 6%. En la primera quincena de octubre avanzó 6.12% anual desde el 6.13% registrado en la segunda quincena de septiembre, según informó el INEGI.
Aunque el oficialismo insiste en que esta inflación es “transitoria”, la realidad es que México padece un problema de alza generalizada de precios por causas tanto externas como internas que no se van.
En lo externo, los brutales e históricos estímulos de gasto público y de inyección de liquidez lanzados desde los gobiernos y bancos centrales del orbe – en especial desde Estados Unidos-, sumados a la reapertura generalizada de las economías, continúan presionando los precios ante el aumento de la demanda.
Y es que dicha demanda está regresando con toda su fuerza, pero la oferta de bienes y servicios no puede seguirle el paso a causa de la destrucción masiva de empresas que provocó el confinamiento decretado por los gobiernos de casi todos los países. Millones de empresas y negocios quebrados no podrán reabrir jamás, y levantar más y nuevas empresas toma mucho tiempo.
No es casualidad entonces que los indicadores de precios de materias primas se encuentren en máximos de varios años, como el Bloomberg Commodity Index o el Rogers International Commodity Index, que están en niveles no vistos desde finales de 2014. Cabe destacar que pese a dicha alza, ambos se encuentran todavía alrededor de 50% por debajo de los niveles récord que alcanzaron en 2008, lo que es un mal presagio para lo mucho que todavía podrían escalar los precios de las mercancías, pero una gran oportunidad para los inversores más avezados que inviertan en ellas.
A las presiones externas súmele los factores internos, entre los cuales destacan por ejemplo las tasas de interés reales negativas, a pesar de las tres tibias alzas de 25 puntos base que ha impulsado el Banco de México (Banxico) este año, y que mantienen su tasa objetivo en apenas 4.75%. También, agregue el excesivo gasto público deficitario del gobierno Federal que para el próximo año será de 7 billones 88 mil 250.3 millones de pesos, con un déficit presupuestario de casi 900 mil millones de pesos.
Por último, está el factor de las malas decisiones políticas y sus afectaciones estructurales sobre la economía mexicana, la más reciente de las cuales tiene que ver con la reforma eléctrica.
Aunque es normal que aún esté a debate qué tan “limpias” son en realidad las energías renovables – discusión similar a si los autos eléctricos son al final más tóxicos o no para el medio ambiente que los autos actuales con motor a gasolina-, de lo que hay pocas dudas es que la era del petróleo y el carbón está cada día acercándose más a su final. Pretender volver a un pasado de monopolio estatal de la producción y distribución de energía sucia mientras se desincentiva el desarrollo de las nuevas tecnologías, es un gran salto hacia atrás en todos los sentidos.
Quizás más importante todavía: México se sigue debatiendo entre si avanzar más hacia una economía donde se respeten los contratos, donde a los individuos y empresas se les garantice su propiedad privada, y donde a los agentes económicos se les respete su derecho a elegir en el mercado, o si regresa al estatismo que ya fracasó de manera estrepitosa en el siglo XX.
Es fácil para el Estado (es decir, para el gobernante) decretar sectores “estratégicos” como el energético, pero lo que no puede hacer es violar a placer las leyes económicas. Si decide vender muy barato o regalar cualquier bien o servicio (¡el que sea!) “por el bien de la Nación”, puede hacerlo. Lo que nunca podrá es evitar el pago de los costos que de alguna parte tiene que salir: sí, de los propios contribuyentes. Los bienes económicos NO son gratis, y actuar como si lo fueran sólo puede tener un desenlace fatal de escasez y ruina.
Los bienes económicos son más o menos valiosos, más o menos escasos, y cuestan lo que tengan que costar en el mercado para asegurar oferta, no lo que se le ocurra al gobierno. Si el precio que el gobierno impone es demasiado elevado para un bien económico, se incentivará la oferta pero desaparecerán los compradores. Si en cambio el precio impuesto es demasiado bajo, no habrá quien lo ofrezca al precio oficial aunque exista la demanda. En ambos casos la intervención gubernamental genera distorsiones graves, y la acción humana los contrarrestará con mayores costos sociales y mercados negros.
Es así que con la contrarreforma eléctrica – si se aprueba- el daño infligido a la economía nacional será devastador. El mensaje a los inversores nacionales y extranjeros será que el nuestro es un país donde no se respetan los contratos, donde se desdeña la importancia del sector privado en la economía y donde el Estado de derecho brilla por su ausencia. Es imposible progresar así.
En este espacio hemos advertido que estas perniciosas políticas públicas se reflejarán a la larga en otros indicadores clave como el tipo de cambio. Los fundamentos del país y de nuestra moneda continuarán debilitándose, garantizando que en el futuro el cáncer de la inflación – y por ende de la pérdida de valor de nuestro dinero- sea cada vez más serio.
Volvemos a decirlo: la “línea roja” que López Obrador no debía cruzar – la del control de precios- ya ha sido violada con su política de control sobre el gas doméstico. ¿Puede imaginar que en el escenario planteado de inflación elevada y creciente, el gobierno se resista a expandir más sus controles sobre la economía como lo hará de forma total con la energía? Es improbable. Por eso, insistimos en que el control general de precios es un peligro real que nos acecha, y que sería la puntilla para la economía nacional.
Usted decide si se prepara o no, pero hacerlo sería lo más responsable sobre todo cuando las probabilidades nos están jugando en contra.
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