Por Lic. Matías Surt
Uno de los indicadores que arroja señales de alerta en la economía de estos meses es la evolución del consumo. Según datos de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas vienen reduciéndose mes a mes respecto al mismo período del 2015 ininterrumpidamente desde enero.Complementariamente, información recolectada por el INDEC y proveniente de grandes supermercados muestra una evolución interanual de las ventas por debajo de la evolución de los precios, es decir, negativa en términos reales. Son los síntomas de una economía que se encuentra en el período de asimilación de los ajustes llevados a cabo por el nuevo gabinete nacional, en particular los cambios de precios relativos: dólar y tarifas.
El salto en el tipo de cambio tiene un efecto indirecto en el consumo mediante el encarecimiento de ciertos productos (pass-through) que forman parte de la canasta de consumo, mientras que la actualización de las tarifas (que se encontraban fuertemente atrasadas) tiene un doble efecto. Indirectamente, al ser un costo de producción más, eleva el nivel de precios de los bienes y servicios (este efecto es mayor a mayor intensidad en el uso de los factores que sufren el aumento de precio), pero directamente implica una caída en el ingreso disponible de los agentes luego del pago de las facturas de los servicios públicos. Es decir, ceterisparibus, un aumento de las tarifas implica que los individuos deberán destinar una mayor proporción de sus ingresos para pagar la electricidad, el agua, el transporte público y el gas y, por lo tanto, dispondrán de un menor ingreso para gastar en el resto de los bienes y servicios que forman parte de su canasta habitual de consumo. A estos dos factores se suma la política monetaria restrictiva que está llevando a cabo el BCRA en el marco de su plan antiinflacionario que tiene como herramienta principal el manejo de la tasa de interés de las Lebacs con el consecuente impacto sobre la demanda agregada mediada por el crédito.
Es en este contexto en el que se enmarcan los últimos anuncios del gobierno. Si bien el pago de las deudas contraídas con los jubilados durante todos estos años, como consecuencia de un cálculo incorrecto –e ilegal- tanto del haber jubilatorio inicial como de los reajustes posteriores, como el otorgamiento de una pensión universal para aquellos mayores que no puedan acreditar aportes, formaron parte de las promesas de campaña. Lo cierto es que no estaba en los planes del equipo económico la ejecución de las mismas en este primer año. Ante los signos de deterioro de la demanda agregada en general y del consumo en particular, incrementar las transferencias públicas hacia un sector de la sociedad con una propensión marginal a consumir alta como lo es el de los adultos mayores fue la respuesta del gobierno para dinamizar nuevamente el consumo, suavizar el impacto del ajuste necesario y recuperar los niveles de consumo perdidos.
El programa para cancelar las deudas contraídas con los jubilados y pensionados requerirá de un total de erogaciones de aproximadamente 55.000 millones de pesos. Además el reajuste de los haberes implica un aumento del gasto público permanente de 75.000 millones de pesos -de hoy- por año. Por su parte, el pago de la pensión universal demandaría otros 1.500 millones anuales. Todo este flujo de dinero que se volcará sobre la economía tendrá sin dudas un impacto positivo en la recuperación de la demanda, aunque también debe ser tenido en cuenta el impacto sobre las delicadas cuentas públicas que podría hacer peligrar el cumplimiento de las metas de reducción del déficit que delineó el ministro Prat Gay en enero de este año.
Si bien la situación preocupa al gobierno, y por eso reacciona, al observar los números desde una perspectiva más amplia, se encuentra que el panorama luce casi idéntico al que se configuró en el año 2014 luego de la devaluación del 23% que convalidó el equipo de Kicillof-Vanoli. En aquel momento las ventas minoristas también sufrieron caídas interanuales y el año cerró con una caída del consumo y de la actividad económica en general. Como se observa en el primer gráfico, las caídas registradas en estos meses por CAME son casi idénticas en magnitud a las que experimentó la economía de 2014. Lo que hay que destacar, sin embargo, es que en la actualidad la economía está digiriendo ajustes considerablemente más significativos que los de dos años atrás. El salto en el tipo de cambio una vez eliminadas las restricciones fue del 50% (sin considerar el máximo alcanzado de $16 en marzo), el doble de lo que había sido en el verano 2014 cuando el dólar llegó a cotizar a 8 pesos. Además del ajuste cambiario, la corrección tarifaria (de un 250% en promedio) había estado casi ausente en el 2014. Es decir que con mayores correcciones que las de hace dos años –tanto en magnitud como en la cantidad de variables afectadas- los efectos sobre la economía no están siendo hasta el momento más negativos que en aquella oportunidad.
Otra diferencia importante se encuentra en la evolución de la percepción de la economía por parte de los agentes. El índice de confianza del consumidor que mide la Universidad Di Tella, muestra que lógicamente con estas correcciones, la confianza del consumidor se ha deteriorado respecto al nivel que marcaba en noviembre de 2015. Y esta caída también se asemeja a la ocurrida entre finales de 2013 e inicios de 2014. Al ser consultados por su situación personal y por su capacidad de compra de bienes durables, los consumidores perciben estar en condiciones similares a las de 2014, afectados por una aceleración en el nivel de precios y una caída de sus ingresos reales. Sin embargo, hay un elemento de la percepción del público que difiere con lo ocurrido hace dos años. El estado de la macroeconomía es percibido hoy de manera más positiva que lo que era a inicios del 2014 e incluso a finales de 2013. Es decir, que los agentes perciben que la situación actual se ha deteriorado respecto a meses anteriores pero creen que este estado de situación es temporario debido a que complementariamente perciben una mejora en la situación macroeconómica. La exitosa salida del cepo cambiario, la solución del conflicto con los holdouts, la reinserción del país en el mundo con la emisión de deuda externa, la comunicación de objetivos y metas claras por parte del nuevo equipo económico, el proceso de normalización del INDEC, entre otros, son elementos positivos a mediano plazo pero que lógicamente no evitan la percepción de malestar de corto plazo.
Con todos estos logros, que impactarán en el mediano y largo plazo, consolidados, el gobierno parece estar enfocado ahora en mejorar las perspectivas de corto y para ello ha recurrido a medidas en pos de recuperar el nivel de consumo perdido. De todos modos el ritmo de implementación efectiva de estas medidas no es instantáneo: ¿logrará el gobierno dinamizar el consumo antes de fin de año o recién se verá un repunte en el 2017?