A pesar de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum asegura que respetará el Estado de derecho durante su mandato, y que entre las prioridades económicas del nuevo gobierno estará la reducción del endeudamiento, la disciplina fiscal y la garantía de autonomía del Banco de México, los mercados muestran nerviosismo ante un paquete de reformas que cuenta con su respaldo y la atención que debe brindar a las deterioradas finanzas públicas.
En las reuniones de negocios, se mencionan algunas de las prioridades que debería tener en cuenta el nuevo gobierno: reforma fiscal, Pemex, y deuda pública.
El déficit presupuestario del gobierno saliente es el mayor en cuatro sexenios; aunque según el FMI la media de las economías emergentes incrementan sus déficits fiscales en años electorales, México rebasará esa métrica, llegaría a 5.9% del PIB, y al ir creciendo, irá desencadenando mayor endeudamiento, a pesar de que este se mantiene en 55.6% del PIB (considerable respecto a otros países).
Terminar las grandes obras de la administración de AMLO, el actual nivel de recaudación frente a los recursos que corresponden al pago de deuda, los programas sociales, la deuda de Petróleos Mexicanos, entre otros, generan focos de incertidumbre. Se deberán sanear las cuentas y evitar un recorte a la calificación soberana.
A raíz de los resultados de las elecciones, la aversión al riesgo se ha observado en el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que en junio acumula una caída promedio de 5.36%. Por su parte, el peso mexicano ha sido la divisa más depreciada frente al dólar (en promedio 8.52%); se analiza la posibilidad de que el tipo de cambio pueda subir hacia los 20 pesos por dólar en los próximos meses, ya que diversos eventos pueden generar nuevos episodios de volatilidad como la Convención Nacional Republicana en julio, donde Donald Trump podría ser confirmado como candidato presidencial, manifestando de nuevo sus intenciones proteccionistas contra México; el inicio de la nueva legislatura en México en septiembre y la “super mayoría” de Morena en el Congreso, que abre la puerta a cambios a la Constitución; la entrada del nuevo gobierno en México encabezado por Claudia Sheinbaum en octubre; las elecciones estadounidenses en noviembre y los anuncios de nuevas políticas económicas que impliquen en su relación comercial con nuestro país y la próxima revisión del T-MEC en 2026; y la presentación en México del Paquete Económico 2025, en el que se conozcan las acciones para reducir el déficit y los rubros en los que deberá concentrarse el recorte del gasto.
Los analistas esperan en promedio un crecimiento del PIB en 2024 entre 2% y 2.4% y una desaceleración a 1.8% para 2025. A pesar de que la relocalización de empresas representa una oportunidad de crecimiento, aún falta que se consoliden factores para la atracción de inversión por ese concepto como infraestructura de agua, electricidad, conectividad, y certidumbre respecto a contratos.
La reforma al Poder Judicial, que podría ser aprobada en septiembre, considera la elección de jueces y magistrados por voto popular, lo que implicaría un riesgo para la calidad y certeza de los procesos judiciales. A pesar de que esta reforma no tiene un impacto directo a la hora de que las calificadoras modifican o mantienen la nota soberana de México, si podría impactar a mediano o largo plazo en la gobernabilidad, y que esta se traduzca en un déficit sostenido. La reforma también afectaría a la inversión fija e Inversión Extranjera Directa (IED), y por ende, al crecimiento en México. Sheinbaum ha reiterado su apoyo a esta reforma, indicando que si bien la iniciativa está abierta a cambios, el único punto en el que no aceptaría modificación alguna es en el de la elección popular de jueces y ministros.