El nacionalismo petrolero de México ante la nueva reforma energética

México, 17 mar (EFE).- Numerosos sectores de la izquierda mexicana han quebrado sus lanzas en una nueva cruzada para frenar una mayor apertura al sector privado en la industria petrolera, como una medida para modernizar y capitalizar a Pemex.

Ambas partes no dejan de lanzarse acusaciones mutuas de "privatizadores" para unos y de "nacionalistas obsoletos" para otros, lo que amenaza con convertirse en un nuevo episodio generador de incertidumbre política y económica.

La empresa Pemex ha sido la piedra angular sobre la que descansa el nacionalismo mexicano, el fundamento de la soberanía económica y el principal sostén de las finanzas públicas que aporta el 37 % de los ingresos fiscales.

Cualquier propuesta para abrir la industria petrolera a la inversión privada ha sido vista casi como una traición a la Patria, y una cesión del patrimonio de la Nación a intereses particulares, principalmente del extranjero.

Este dogma central del nacionalismo mexicano surgió el 18 de marzo de 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas expropió los bienes de 17 empresas extranjeras británicas y estadounidenses que se negaron a acatar las decisiones en materia laboral de la máxima autoridad judicial del país y el 7 de junio de ese año se creó Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el decreto de expropiación, Cárdenas afirmó que la negativa de las empresas fue "lesionar seriamente los intereses económicos de la nación", lo que obligó al Gobierno no solo a "someter a las empresas petroleras" sino a tomar el control para evitar la "paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país".

Los activos expropiados fueron valorados por el Gobierno en unos 40 millones de dólares de 1938 y México terminó de pagar su deuda con las firmas expropiadas en 1962.

En 1978 la industria petrolera se confirma como el principal bastión económico con el campo Cantarell, en el Golfo de México, como uno de los más grandes yacimientos marinos del mundo, con 40.194 millones de barriles de reservas probadas de petróleo.

Pemex fue entonces el bastión de la economía protegida mexicana cuyo modelo entró en crisis durante la década de los años setenta, en parte debido al desplome de los precios internacionales del petróleo que dejaron a México con una enorme deuda.

A finales de la década de los ochenta empezaron a aplicarse políticas económicas dirigidas hacia la apertura comercial y junto con ello surgieron voces que cuestionaban el modelo de Pemex.

En 1999, el entonces presidente, Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), envió al Congreso una iniciativa de reformas para permitir la apertura del capital privado en la industria eléctrica y petrolera.

Con la llegada de los Gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) se realizaron diversos intentos para modificar el estatus legal de Pemex y permitir la apertura al sector privado, apoyados en procesos similares en otras partes del mundo.

En ambos casos, las iniciativas fueron congeladas en el Congreso debido a la fuerte oposición de la mayoría de legisladores y a las movilizaciones sociales que se generaron en torno a esos temas.

No obstante, con la caída de la producción y la exportación de crudo en México a partir de 2005 y el declive del yacimiento Cantarell, las voces en favor de la apertura se intensificaron.

En 2008, el Gobierno de Calderón logró la aprobación de una primera reforma energética que autorizó la presencia de empresas privadas en la industria petrolera mediante los denominados "contratos incentivados".

Actualmente, el Gobierno de Enrique Peña Nieto logró que las principales fuerzas políticas del país apoyaran un proceso de "modernización de Pemex", lo cual ha sido interpretado como un mecanismo para la apertura de la compañía, tesis negada recurrentemente por las autoridades.

Hoy Pemex cuenta con una plantilla de 150.000 trabajadores, ingresos totales por unos 131.752 millones de dólares y unos activos de 161.800 millones de dólares. EFE