En una importante sentencia dictada el viernes, un tribunal de apelación estadounidense decidió que la normativa de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) que obliga a reducir sustancialmente las emisiones de carbono de las centrales eléctricas seguirá adelante a pesar de las impugnaciones legales de más de dos docenas de estados liderados por los republicanos. La norma de la EPA está dirigida a las centrales eléctricas de carbón existentes, así como a las nuevas instalaciones de gas natural.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, con sede en Washington D.C., concluyó que no era necesario detener inmediatamente la normativa. El tribunal razonó que los Estados no sufrirían un perjuicio inmediato porque el plazo más temprano para el cumplimiento de la norma está fijado para 2030.
La EPA expresó su satisfacción por la decisión del tribunal. Por otra parte, el Fiscal General de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, que encabeza la oposición, calificó la norma de ilegal y anunció sus planes de solicitar una suspensión al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
La polémica norma es uno de los componentes de la amplia agenda sobre cambio climático del Presidente Joe Biden, que aspira a una reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2032. Este ambicioso objetivo se ha topado con la resistencia no sólo de los estados desafiantes, entre los que se encuentran Indiana, Ohio y Kansas, sino también de sectores como las empresas eléctricas, la minería y las industrias del carbón.
Para cumplir los requisitos de la EPA, la industria eléctrica estadounidense, responsable de casi una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, tendría que invertir en costosas tecnologías de control de emisiones o cerrar las centrales de carbón más contaminantes.
La EPA sostiene que las reducciones de emisiones exigidas pueden lograrse mediante la aplicación de tecnologías de captura y secuestro de carbono, que pueden impedir que las emisiones se liberen a la atmósfera.
Sin embargo, los detractores de la norma sostienen que esta tecnología no se ha implantado a una escala significativa y presenta costes excesivos. Además, afirman que la EPA se ha extralimitado en sus funciones al promulgar la norma sin la aprobación explícita del Congreso.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.