Mientras Venezuela se prepara para sus elecciones presidenciales de alto riesgo del domingo, funcionarios estadounidenses han indicado que el enfoque de la administración Biden sobre las sanciones a la nación de la OPEP se verá influenciado por la conducta y la imparcialidad del proceso electoral. En caso de que el presidente Nicolás Maduro, que se postula para su tercer mandato, facilite una votación justa, Washington podría considerar la flexibilización de las medidas punitivas.
Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, destacaron la disposición del gobierno estadounidense a "calibrar" su política de sanciones en respuesta a los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela. También señalaron que Estados Unidos escrutaría la legitimidad de las elecciones, especialmente si Maduro reclamara la victoria sin pruebas verificables, lo que llevaría a la comunidad internacional a cuestionar el resultado de las elecciones.
La anterior reelección de Maduro en 2018 fue ampliamente rechazada por Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos occidentales como fraudulenta. Desde entonces, ha promocionado el sistema electoral de Venezuela como el más transparente a nivel mundial.
Sin embargo, la oposición y algunos observadores independientes han planteado preocupaciones sobre la integridad de la votación del domingo, señalando las acciones de las autoridades electorales designadas por Maduro y las detenciones de personal de campaña de la oposición como posibles esfuerzos para obstaculizar una elección justa.
Estados Unidos ha alternado entre la relajación y el restablecimiento de las sanciones al crucial sector petrolero de Venezuela, en respuesta al cumplimiento o incumplimiento por parte de Maduro de un acuerdo electoral que pretendía garantizar una votación democrática. Los funcionarios expresaron el viernes su preocupación por la posible represión y advirtieron a los militares venezolanos, un aliado tradicional de Maduro, que no influyeran en las elecciones.
En cuanto a la respuesta de Estados Unidos al resultado de las elecciones, los funcionarios se abstuvieron de detallar acciones específicas, pero enfatizaron que con la inauguración presidencial no programada hasta enero, la reacción de Estados Unidos probablemente se determinaría en los meses restantes del año. Reconocieron la posibilidad de sanciones adicionales si Maduro considera fraudulentas las elecciones.
La administración también dejó abierta la posibilidad de retirar los cargos penales contra Maduro para apoyar una transición pacífica del poder si pierde las elecciones. La presencia de observadores internacionales, que el gobierno de Maduro ha limitado, fue enfatizada como crucial para asegurar una votación que refleje la voluntad del pueblo venezolano.
Edmundo González, de 74 años, ex diplomático y contrincante de Maduro, ha tomado el liderazgo de la oposición de María Corina Machado. Machado, aunque popular, tenía prohibido ocupar cargos públicos. González ha prometido que el cambio político podría animar a muchos emigrantes venezolanos a regresar a su país.
El mandato de Maduro se ha caracterizado por el colapso económico, la migración masiva y las tensas relaciones diplomáticas, agravadas por las sanciones que han debilitado la industria petrolera de la nación. Los analistas sugieren que la reelección de Maduro o la agitación postelectoral podrían impulsar a más venezolanos hacia la frontera entre Estados Unidos y México, lo que podría complicar el debate sobre inmigración en Estados Unidos mientras la vicepresidenta Kamala Harris, la probable candidata demócrata, se prepara para la próxima campaña presidencial estadounidense.
Reuters contribuyó a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.